Un exconsejero de Gallardón niega que se enriqueciera con la gestión de Canal de Isabel II

Madrid, 1 oct (EFE).- Pedro Calvo Poch, que fue consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en la época del gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado en el primer juicio a la trama Lezo relacionada con el PP que se enriqueciera con la operación de expansión de Canal de Isabel II en Colombia en 2001.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros cinco acusados que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Añade que "contrariamente a lo autorizado" se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

En la jornada de este jueves, han comenzado a declarar los acusados, entre ellos Pedro Calvo, que ha recordado que la operación fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la empresa, integrada por miembros de diferentes grupos políticos y entidades empresariales y sindicales.

Ha añadido que aunque fue informado de las negociaciones él no participó directamente en las mismas con los vendedores y que en ningún momento vio que se pagara un precio superior al valor real de lo que se compraba ya que además todas la documentación estaba sustentada por los técnicos de la empresa.

"La operación era buena para Canal de Isabel II y estaba justificada económica, financiera y jurídicamente", ha dicho.

También han declarado como acusados cinco exdirectivos españoles de la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), empresa que según destaca la fiscal en sus conclusiones provisionales era el principal activo de INASSA.

Todos han negado que participaran en una operación irregular para provocar un sobreprecio.

El ex director general de Triple A de Barranquilla Francisco O.F. ha negado el pago de comisiones por la operación para que la empresa pública madrileña Canal de Isabel II se expandiera en 2001 en Colombia.

"Yo no conocía a nadie de Canal de Isabel II", ha mantenido Francisco O.F., que ha negado que se hubiera reunido con miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ha añadido que Triple A dio toda la documentación que requirieron los técnicos de Canal de Isabel II que se desplazaron a Colombia para analizar la viabilidad de la operación para que la empresa madrileña gestionara los servicios de agua en Barranquilla.

La fiscal señala en su escrito de acusación que de los 73 millones de dólares pagados por Canal de Isabel II "al menos 9.119.537 fueron recibidos por estos cinco exdirectivos de Triple A.

También ha declarado como acusado el director gerente de Canal de Isabel II entre el 25 de septiembre de 2001 y el 6 de junio de 2003, Arturo Canalda, que ha asegurado que no obtuvo beneficio alguno de esta operación, que le pareció positiva y que no sospechó que se pagara un precio superior injustificado. EFE