El Cric rechazó la propuesta de Abelardo de la Espriella que regularía las guardias indígenas: “Un riesgo latente”
El Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto para crear un sistema de información sobre las guardias indígenas, con el objetivo de centralizar datos sobre estas organizaciones y facilitar la interlocución del Estado colombiano con las autoridades propias de cada territorio.
La propuesta surge ante la falta de un registro oficial consolidado. El Gobierno busca establecer cuántas guardias existen en el país, dónde actúan, a qué pueblo indígena pertenecen, cuál es la autoridad que las orienta y cuántos integrantes tienen.
El borrador sostiene que la ausencia de esos datos obliga a las entidades estatales a reconstruir la información en cada caso. “El Estado no cuenta con información oficial consolidada sobre las guardias indígenas, pues no conoce a ciencia cierta cuántas existen, en qué territorios actúan, qué autoridad propia las orienta ni con cuántos integrantes cuentan”, puntualiza el documento.
El sistema registraría la organización, el pueblo indígena al que pertenece, su jurisdicción, la autoridad a la que responde y la cantidad de sus integrantes. Además, identificaría a las personas designadas como enlaces para la comunicación con las instituciones estatales.
La iniciativa aclara que la inclusión de una guardia en la plataforma tendría carácter exclusivamente informativo. El registro no implicaría un reconocimiento pleno de la organización ni afectaría su situación frente al Estado.
El proyecto establece que ninguna institución podrá condicionar el reconocimiento de una guardia, ni el acceso a medidas de protección, fortalecimiento o reparación, a la entrega de datos o a la inscripción en el sistema. “Ninguna entidad podrá exigir el reporte de información al sistema ni la constancia como requisito para reconocer la guardia o para el acceso a medidas de protección, fortalecimiento o reparación”, indica el decreto.
El mensaje del Cric
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazó el 30 de septiembre de 2026 el borrador de decreto del Ministerio del Interior para crear un sistema nacional de información sobre las guardias indígenas. La organización sostuvo que la Guardia Indígena “rechaza cualquier intento de regulación y control estatal sobre nuestros procesos”.
El Programa de Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca pidió al Gobierno nacional que se abstenga de impulsar medidas que puedan restringir los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas. “La Guardia Indígena se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales, no hacemos parte de las políticas de gobiernos de turno”, expuso el documento oficial.
La entidad señaló que las guardias son expresiones colectivas y comunitarias surgidas de los territorios, sustentadas en la espiritualidad, el derecho propio, la autonomía y la autodeterminación. Añadió que su existencia no depende de una autorización o reglamentación estatal, sino de los mandatos de las comunidades y autoridades tradicionales.
“Se aclara que la creación de un sistema de información sobre las Guardias Indígenas como herramienta de información del Estado, presentada como herramienta administrativa o de reconocimiento, y que las medidas de garantía y protección que le corresponden al Estado, no deben ser condicionadas a la entrega de información; la obligación estatal es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sin desconocer la autonomía y autodeterminación, sustentadas en el bloque de constitucionalidad y la Constitución Política”.
Sobre el sistema de información propuesto, el Cric cuestionó que las garantías de protección del Estado puedan quedar sujetas a la entrega de datos. Alertó que esa información “podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización” de quienes realizan labores de defensa territorial y comunitaria.
Otro de los argumentos se fundamenta en que “este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente; dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria”.
Infobae
