Tras la quita del subsidio al diésel, el Gobierno boliviano derogó el incentivo para combustibles de aviación
El gobierno de Bolivia derogó el miércoles la subvención a la gasolina de aviación y dispuso que el combustible se venda a precio internacional, dentro del ajuste al sistema de hidrocarburos que ya provocó protestas tras el aumento del diésel.
El decreto, firmado por el presidente Rodrigo Paz, fijó “las condiciones de importación y comercialización de la gasolina de aviación grado 100, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno”. La medida elimina el precio regulado de cerca de USD 0,90 por litro que regía para ese carburante. Desde ahora, la gasolina de aviación se comercializará a valores de mercado.
La decisión forma parte de las reformas económicas del Ejecutivo para responder a la crisis que el Gobierno define como la peor en 40 años. La administración de Paz atribuye una parte central del déficit estatal al esquema de subsidios para los combustibles.
Hace dos semanas, el Gobierno retiró el 100% de la subvención al diésel. El precio de ese producto pasará a depender de las cotizaciones internacionales. La gasolina conservará el subsidio hasta el cierre de este año y el Ejecutivo prevé establecer nuevas medidas en enero.
El incremento del diésel generó reclamos, en especial entre los transportistas de carga. De acuerdo con cifras oficiales, el 20% del transporte utiliza diésel y el alza ya repercutió en los precios de los alimentos.
Bolivia importa el 80% del diésel y el 50% de la gasolina que consume. El Gobierno sostuvo que busca ordenar las cuentas públicas y destinar recursos antes asignados a la subvención a obras estatales. Transportistas, comerciantes y maestros expresaron su rechazo a las medidas.
Paz también anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre electricidad, que busca reducir de forma gradual la dependencia del gas para la generación energética y promover fuentes renovables no convencionales. Se trata de la segunda iniciativa legislativa que el Gobierno remite al Congreso. En agosto presentó un proyecto de ley de inversiones, incluido en el paquete de medidas para afrontar la crisis económica, que aún no recibió aprobación legislativa. “Aquí hay energía, hay gas, tenemos electricidad, tenemos capacidad de poner la energía para que sus empresas se puedan instalar y con eso generar empleo, generar desarrollo de las diferentes instancias”, afirmó el mandatario.
La administración del jefe de Estado había declarado la semana pasada como “prioritaria” la reorganización, disolución o liquidación de las empresas estatales deficitarias bajo control del Ejecutivo central, después de identificar 15 compañías en quiebra técnica con pérdidas acumuladas por unos USD 381 millones.
La medida quedó establecida en un decreto que dispuso una evaluación individual de cada empresa. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) elaborará los diagnósticos, que luego deberán recibir la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Cuando el dictamen establezca la necesidad de una reorganización, el ministerio responsable tendrá un plazo de 15 días hábiles para iniciar las gestiones correspondientes.
El decreto no detalla el número ni los nombres de las compañías que pasarán por esa revisión. Dos semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anticipó que la evaluación alcanzaría a entre ocho y diez instituciones.
En abril, el Ejecutivo informó que 15 de las 67 empresas estatales del país se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos, equivalentes a unos USD 381 millones. La mayor parte de esas compañías fue creada durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. Esas administraciones impulsaron la expansión de las empresas públicas como parte de una política para fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.
(Con información de Associtaed Press y EFE)
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