Túnez elimina las penas de cárcel por difundir noticias falsas que afecten a terceros
Túnez, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Túnez eliminó este miércoles las penas de prisión recogidas en el polémico decreto 54, que contemplaba hasta cinco años de cárcel por la difusión de noticias falsas, rumores o información manipulada para difamar, calumniar o dañar a terceros.
El texto modificado fue publicado hoy en el Diario Oficial de la República Tunecina, tras un acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros la noche del martes, según informó la Presidencia en su cuenta de Facebook.
El controvertido decreto, aprobado en septiembre de 2022, sustituye las penas de "cárcel inmediata" por multas de entre 10.000 y 20.000 dinares tunecinos (de 3.000 a 6.000 euros) para quienes "utilicen a sabiendas sistemas y redes de información y comunicación, con el fin de producir, difundir, enviar o escribir noticias falsas".
Las posibles condenas a prisión se aplicarán únicamente "en casos de reincidencia" y serán, según el documento modificado, de seis meses de cárcel y una multa de 50.000 dinares (15.000 euros), una sanción que se verá duplicada si el damnificado es un funcionario público.
La enmienda se realizó después de cuatro años en los que el decreto fue aplicado en numerosos procesos judiciales contra periodistas, abogados, activistas, políticos opositores o usuarios de redes sociales.
Por el momento, las autoridades no han explicado qué ocurrirá con las personas encarceladas sobre la base del documento original tras su modificación, especialmente, en aquellos casos en los que los procesados no fueron acusados de otros delitos adicionales.
La enmienda publicada hoy fue reclamada insistentemente, desde la aprobación del decreto en 2022, por el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), al considerar que el texto representaba una "amenaza directa a la libertad de prensa y la independencia del trabajo periodístico".
Al reclamo de los trabajadores de la prensa se unieron numerosas organizaciones de la sociedad civil, como la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH), por valorar que el decreto podría ser usado "de manera arbitraria" contra críticos del Gobierno.
Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional (AI), denunciaron una intensificación de la "represión" a la disidencia y mermas a la libertad de expresión, con el respaldo del polémico decreto. EFE
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