Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes confirmó que incorporará al Expediente 7686 las quejas radicadas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por presunta presencia y actividad de personal militar estadounidense en el país, como parte de la adhesión de Colombia a la coalición del Escudo de las Américas.
En la respuesta al abogado Wálter Aguirre Mazo, la célula legislativa encargada de investigar al jefe de Estado precisó que los documentos y anexos serán agregados a las actuaciones. “Una vez se efectúe el respectivo reparto, se asigne un Representante-Investigador y este avoque conocimiento del asunto, se le informará lo pertinente”, indicó.
De esta manera, se pretende establecer si se cumplieron los requisitos constitucionales que implican una determinación de esta naturaleza en materia de seguridad. A juicio del quejoso, en su radicación del 15 de agosto, el ingreso de tropas, aeronaves y mandos militares de Estados Unidos a Colombia requería autorización de órganos a nivel local.
Son ellos la plenaria del Senado de la República y el Consejo de Estado. Aunque el reclamo del jurista, que se sumó a otros ya radicados ante la citada comisión, no atribuye responsabilidades anticipadas ni afirma que hubiera combates en territorio colombiano, sí busca que se precisen las competencias del primer mandatario.
El expediente se centra, además, en registros oficiales del 27 de agosto en Tumaco, en donde según el abogado se documentó la presencia de helicópteros UH-1Y Venom, integrantes del U.S. Marine Corps y altos mandos estadounidenses durante un operational site survey, una inspección operativa de un lugar que evalúa condiciones y capacidades.
Los registros militares estadounidenses en Tumaco que sustentan la queja
En su argumentación, Aguirre Mazo indicó que las fichas publicadas por Dvids, plataforma oficial de difusión audiovisual de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, identificaron un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines durante la actividad en Tumaco, municipio del sur de Nariño considerado clave para la seguridad nacional.
Otro registro mostró a un jefe de tripulación estadounidense junto al mayor general Kevin Jarrard, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental; mientras que una tercera imagen ubicó al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. mientras observaba un mapa en esa ciudad de la Costa Pacífica.
La documentación aportada en la queja contra De la Espriella también incluyó dos helicópteros UH-1Y Venom que sobrevolaban Tumaco durante la misma jornada. En su reclamo, la queja sostiene que esos registros transformaron el sustento de la denuncia, pues se trataría de evidencia oficial sobre la presencia de fuerzas estadounidenses.
En consecuencia, según el abogado, ya no se trataría solo de anuncios sobre una futura cooperación bilateral; aunque el escrito aclara que las imágenes no prueban por sí mismas que hubiera operaciones de combate, sino solamente la llegada al país de efectivos de unidades norteamericanas en una zona sensible del territorio.
Colombia formalizó su adhesión a estrategia de seguridad de Estados Unidos
Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) y que se suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer, como eventual miembro del Escudo de las Américas, el trabajo conjunto, el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos.
Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó que la reunión bilateral marcó la incorporación colombiana a A3C y la firma de un instrumento denominado Access, Basing and Overflight, que se refiere al acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo del territorio colombiano; aunque no se conocen mayores detalles.
Entre el 26 y el 28 de agosto, Donovan cumplió una visita oficial a Colombia. El Comando Sur informó que el 27 de agosto autoridades estadounidenses y colombianas se reunieron con fuerzas de élite para “refinar una estrategia operacional conjunta” dirigida a desmantelar redes y carteles que tienen centro de operaciones en Colombia.
De hecho, el 28 de agosto, el alto mando estadounidense visitó el Centro Nacional de Entrenamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida. La documentación aportada por Aguirre Mazó relacionó esas reuniones con la actividad de reconocimiento efectuada un día antes en Tumaco, por lo que pidió que se establezca el alcance jurídico y operativo.
La autorización del Senado y el papel del Consejo de Estado
La controversia se basa en el artículo 173 de la Constitución Política, que atribuye al Senado de la República la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. La Carta Magna establece una excepción durante el receso legislativo: el Presidente puede autorizarlo, con dictamen previo del Consejo de Estado.
Durante el 27 de agosto el Congreso se encontraba en período ordinario de sesiones, por lo que la queja del abogado plantea que la excepción presidencial no parecería aplicable de manera preliminar. La conclusión jurídica definitiva, aclaró el denunciante, debe ser determinada por la Comisión de Acusaciones tras evaluar la evidencia.
En este sentido, el Consejo de Estado ha informado que tiene competencia para emitir concepto previo en los casos constitucionales de tránsito de tropas extranjeras y de tránsito o estación de aeronaves extranjeras de guerra. El jurista indicó que no existió una solicitud del Ejecutivo colombiano al alto tribunal relacionada con la coalición A3C.
También señaló que, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, no se hicieron solicitudes ante este órgano de justicia sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras. La ampliación pide que esa información sea verificada directamente ante la corporación judicial, con el fin de establecer el alcance de esta denuncia.
El expediente solicita, además, una certificación de la Secretaría General del Senado sobre eventuales solicitudes, debates o autorizaciones relacionados con A3C, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, los helicópteros y los hechos ocurridos en Tumaco, entre otros sucesos que, a juicio del abogado, merecen explicación oficial.
Estas son las pruebas solicitadas para la investigación que adelantaría la Comisión de Acusaciones
La denuncia pide requerir a la Presidencia, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares, a la Cancillería y a otras entidades los acuerdos, órdenes, memorandos, notas diplomáticas y reglas de operación que sustentaron la actividad estadounidense; y los registros digitales, aeronáuticos, militares y diplomáticos vinculados con el caso.
Entre los puntos a esclarecer figura el instrumento jurídico que autorizó el ingreso del personal y las aeronaves estadounidenses a Tumaco, y la identidad de los que impartieron las directrices. A su vez, establecer si la inspección fue una visita técnica, una asesoría, un tránsito o un reconocimiento operacional o un despliegue de fuerzas.
Según Aguirre Mazo, existe una contradicción, pues mientras el Ministerio de Defensa indicó a la ONG Temblores que no hubo de militares extranjeros en Colombia, las publicaciones de Dvids que individualizan personal y aeronaves militares estadounidenses en Tumaco, según la ampliación de su denuncia ante la Comisión de Acusaciones.
Infobae
