Nuevo informe de Ayotzinapa deja fuera a las Fuerzas Armadas, acusa Amnistía Internacional y exige verdad para las familias
Amnistía Internacional acusó que el nuevo informe sobre Ayotzinapa se concentró únicamente en los actores locales y dejó fuera a las Fuerzas Armadas, por lo que exigió al Estado mexicano entregar toda la información disponible, incluidos 853 folios en poder del Ejército —que se ha negado a entregar— para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas.
La organización advirtió que las familias no requerían otra explicación oficial centrada únicamente en actores locales. Demandó una investigación que examinara las acciones y omisiones de todas las autoridades que tuvieron participación durante los ataques ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
El informe presentado el 28 de septiembre —dos días después de que se cumplieran 12 años— expuso nuevas líneas de investigación surgidas del análisis de comunicaciones telefónicas, diligencias en distintos inmuebles y la identificación de personas que podrían aportar información sobre el caso. Entre los hallazgos estuvo una posible red relacionada con una funeraria y el SEMEFO de Iguala.
Amnistía Internacional pidió investigar a toda la cadena de mando
Amnistía Internacional sostuvo que las nuevas hipótesis debían revisarse con seriedad, independencia y evidencia verificable. La organización consideró que esas líneas no podían desplazar las indagatorias que permanecían pendientes sobre agentes estatales y estructuras de mando.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que abrir nuevas rutas de investigación no liberaba al Estado de esclarecer de forma integral las responsabilidades por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, declaró.
La organización cuestionó que el informe retomara una explicación enfocada en autoridades y criminales del ámbito local, sin incorporar de manera suficiente la intervención de órganos de seguridad nacionales.
Para Amnistía Internacional, las investigaciones debían alcanzar la cadena de mando político, a las corporaciones policiales estatales y municipales, a los agentes de procuración de justicia y a las Fuerzas Armadas.
El Ejército mantenía 853 folios requeridos por las familias
Uno de los reclamos centrales fue la entrega de 853 folios que permanecían en poder del Ejército mexicano. Esos documentos habían sido solicitados por madres y padres de los estudiantes, organismos internacionales y una resolución judicial.
Olivares Ferreto sostuvo que la investigación no podía considerarse sustentada en evidencia científica si una institución conservaba información que no había puesto a disposición de las autoridades y de las familias.
“A doce años de los hechos, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta y permanece información en poder del Ejército que ha sido requerida reiteradamente por las familias, por organismos y expertos internacionales y, actualmente, mediante una resolución judicial”, expuso.
La directora de Amnistía Internacional agregó que ninguna dependencia debía mantenerse al margen de la revisión. “Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente. Ninguna institución del Estado puede quedar fuera de ese estándar”, añadió.
Las exigencias sobre los archivos militares formaron parte de una demanda sostenida por las familias, que buscaban conocer el destino de sus hijos y determinar quiénes participaron o permitieron su desaparición.
Las llamadas y una funeraria abrieron nuevas líneas de investigación
Las autoridades federales informaron que el reanálisis de decenas de miles de llamadas telefónicas permitió detectar comunicación entre 17 personas durante las horas de los ataques en Iguala.
Las indagatorias ubicaron contactos entre integrantes de la delincuencia organizada, propietarios de una funeraria, concesionarios del SEMEFO y personas vinculadas con el sector salud de Iguala. A partir de esos datos, las autoridades realizaron cateos y aseguramientos.
En los inmuebles fueron localizados documentos oficiales firmados en blanco, autorizaciones para traslados de cuerpos y un arma de uso exclusivo del Ejército. También encontraron cientos de fragmentos óseos que eran revisados con acompañamiento pericial.
La investigación analizó un horno crematorio clandestino, un colchón con restos humanos y piezas dentales, así como posibles irregularidades en el manejo de cuerpos dentro de la funeraria y el SEMEFO.
Otra línea se relacionó con teléfonos celulares de los estudiantes que habrían sido utilizados después de su desaparición. Las autoridades también revisaron imágenes de una cámara instalada cerca del Palacio de Justicia de Iguala y el testimonio de un hombre que era menor de edad en 2014 y presuntamente pertenecía a un grupo criminal.
Las familias exigieron información por canales institucionales
Amnistía Internacional recordó que las investigaciones realizadas durante los últimos años permitieron documentar irregularidades y ampliar las hipótesis sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes.
La organización mencionó los aportes de la CIDH, el GIEI, el EAAF y las organizaciones que acompañaban a las familias. Esos trabajos apuntaron a la necesidad de profundizar en posibles vínculos entre autoridades, corporaciones de seguridad y grupos criminales que operaban en Guerrero.
“Cualquier nueva hipótesis debe incorporar, contrastar y dar seguimiento a esos hallazgos, así como a las líneas de investigación que permanecen pendientes, y no sustituirlas mediante nuevas narrativas que vuelvan a centrar la explicación de los hechos únicamente en actores locales”, advirtió Olivares Ferreto.
La organización también demandó que las madres y padres recibieran información sustantiva antes que cualquier otro actor, a través de los canales institucionales establecidos para el caso.
“Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa, que agote todas las líneas, preserve los avances alcanzados y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, por acción u omisión en la desaparición de sus hijos”, concluyó la directora de Amnistía Internacional México.
Infobae
