El conflicto armado sigue expulsando a comunidades de sus territorios: la Defensoría del Pueblo registró 111 casos en ocho meses
Las comunidades de varias regiones de Colombia siguen enfrentando restricciones para permanecer en sus territorios y desplazamientos provocados por la violencia. Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 111 desplazamientos forzados masivos, hechos que afectaron a 23.931 personas.
El reporte sobre Dinámicas del Desplazamiento Forzado muestra la dimensión de una crisis que mantiene bajo presión a poblaciones ubicadas en zonas afectadas por el conflicto armado. En promedio, cada dos días una comunidad tuvo que abandonar su lugar de residencia por causa de la violencia.
Cauca concentró el mayor número de personas afectadas, con más de 6.700. Le siguieron Norte de Santander, con 4.350 víctimas; Antioquia, con 3.150; Nariño, con 2.550, y Magdalena, con 1.900.
La Defensoría relacionó estos hechos con la presencia y las acciones de estructuras armadas que mantienen influencia en diferentes territorios. Entre ellas están el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
El desplazamiento no es la única situación registrada por la entidad. El informe también da cuenta de comunidades que, aunque permanecen en sus lugares de residencia, ven limitada su movilidad por la presencia de grupos armados y el temor a quedar expuestas a enfrentamientos o artefactos peligrosos.
Entre enero y agosto se conocieron 63 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 80.369 habitantes. Según el reporte, esto significa que cada 3,8 días se presentó un hecho de esta naturaleza.
Chocó fue el departamento con más personas afectadas por los confinamientos, con 15.641 habitantes. Cauca registró 13.350, Putumayo 12.646, Caquetá 11.651 y Bolívar 6.593. Las causas de estos confinamientos están relacionadas con la disputa y presencia de diferentes organizaciones armadas en los territorios. En los departamentos señalados aparecen nuevamente varios de los grupos vinculados con los desplazamientos. En Putumayo, además, fuentes militares señalaron a los Comandos de Frontera como sospechosos de instigar este tipo de hechos.
La situación descrita por la Defensoría refleja dos formas distintas en las que la violencia afecta la vida cotidiana de las comunidades. En unos casos, las familias deben salir de sus hogares; en otros, permanecen en sus territorios, pero quedan con la movilidad restringida por las condiciones de seguridad.
Los departamentos con mayores registros concentran una parte importante de los casos reportados durante los ocho meses analizados. Cauca aparece entre los territorios más afectados por ambos fenómenos, mientras otros departamentos registran impactos particularmente altos en desplazamiento o confinamiento.
La Defensoría insistió en que detrás de los registros estadísticos existen familias y comunidades que enfrentan afectaciones en sus derechos, su seguridad y sus condiciones de vida. Por eso, la entidad planteó la necesidad de que las autoridades respondan de manera oportuna frente a las situaciones reportadas.
“Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades garantizar su protección y atención”, concluyó la Defensoría. El balance corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 y reúne los eventos de desplazamiento masivo y confinamiento conocidos por la entidad durante esos meses.
Los datos permiten dimensionar la presión que enfrentan comunidades en zonas donde persisten dinámicas asociadas al conflicto armado. Mientras los desplazamientos obligan a abandonar el territorio, los confinamientos restringen la posibilidad de movilizarse dentro de él, dejando a miles de personas expuestas a condiciones que afectan su vida diaria. Para la Defensoría, la respuesta institucional resulta necesaria para atender a las poblaciones afectadas y garantizar su protección.
Infobae
