El Gobierno portugués propone agilizar los desahucios pese al rechazo de los inquilinos
Lisboa, 29 sep (EFE).- El Gobierno portugués propone reducir de tres a dos meses el impago que permite resolver un contrato de alquiler, una medida que el Parlamento debatirá este miércoles y que organizaciones de inquilinos y consumidores cuestionan por el riesgo de aumentar la desprotección de las familias.
El Ejecutivo del conservador Luís Montenegro defiende que una mayor seguridad para los propietarios permitirá aumentar la oferta de casas. La propuesta, todavía pendiente de aprobación, amplía la libertad para pactar garantías y pagos anticipados y pretende acelerar los procedimientos de desahucio.
Por su parte, la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (Deco) reconoce la necesidad de garantizar el cumplimiento de los contratos, pero rechaza que reducir el riesgo del propietario implique trasladarlo de manera desproporcionada al arrendatario.
En un documento remitido al Parlamento el pasado 16 de septiembre, la organización pide distinguir entre un incumplimiento persistente y una dificultad económica temporal, y reclama mecanismos de negociación, regularización de deudas y acceso a ayudas antes de que una familia pierda su vivienda.
Las asociaciones de Inquilinos de Lisboa (AIL) y de Inquilinos y Condóminos del Norte de Portugal (AICNP) van más lejos y solicitan a los diputados que rechacen la iniciativa, que consideran un "violento ataque al derecho a la vivienda".
Ambas organizaciones remitieron este mes un informe al Parlamento en el que sostienen que las modificaciones favorecen a los propietarios y reducen la estabilidad de quienes alquilan. También alertan de las grandes sumas que podrían exigirse al comienzo del contrato y de las dificultades al finalizarlo para recuperar el dinero depositado en garantía.
La preocupación se mantiene en las reacciones más recientes. Teresa Mamede, integrante del Sindicato de Moradores de Lisboa, advirtió este lunes, en declaraciones al medio portugués 24notícias, de que las nuevas condiciones económicas dificultarán aún más la búsqueda de vivienda.
Mamede considera insuficientes los apoyos previstos para las personas desalojadas y denuncia que una mayor liberalización agravará la inseguridad residencial en un mercado donde los alquileres ya resultan difíciles de asumir.
Uno de los cambios centrales es la reducción a dos meses de la mora que permite al propietario resolver el contrato. Ese plazo no equivale a un desalojo automático, toda vez que la recuperación de la vivienda debe seguir los procedimientos legalmente establecidos.
El texto también permitiría pactar por escrito hasta tres meses de alquiler anticipado y suprimiría el límite específico a las garantías que pueden acordar propietario e inquilino.
Deco advierte de que la reforma debe evaluarse por el efecto acumulado de sus medidas sobre la economía familiar. Entre sus prioridades figuran revisar los pagos anticipados y las garantías, proteger el derecho de defensa en los procedimientos de desahucio y evitar que una dificultad transitoria desemboque en la pérdida definitiva del hogar.
El Ejecutivo sostiene, por su parte, que corresponde al Estado asumir los costes sociales de las emergencias habitacionales. La reforma prevé la creación de un Fondo de Emergencia para la Vivienda que contempla ayudas directas y no reembolsables para facilitar el realojamiento de personas que pierdan su casa por dificultades económicas o se encuentren en situaciones como la violencia doméstica.
El proyecto de modificación del régimen del alquiler prevé además eliminar restricciones al precio entre contratos, pero el Gobierno puntualiza que este cambio no altera las reglas de actualización de las rentas durante la vigencia de los contratos existentes.
El debate de la autorización legislativa para que el Ejecutivo pueda efectuar estos cambios coincide con un fuerte encarecimiento de la vivienda.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 22 de septiembre, los precios de compraventa aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, mientras que el número de operaciones cayó un 6,4 %, hasta 40.142. EFE
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