Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Pedro Sánchez se juega mucho este martes. Lograr el respaldo de sus socios de Gobierno y de investidura al decreto de vivienda que aprobará hoy el Consejo de Ministros no solo permitiría paliar la crisis habitacional que atraviesa el país —convertida en una de las principales preocupaciones de los españoles—, sino que también supondría un importante respaldo político para el Ejecutivo socialista. Sin embargo, el panorama no es optimista para el presidente. El PSOE da por hecho que es imposible incluir todas las demandas planteadas por los partidos. Todo apunta a que no habrá acuerdo sobre el llamado decreto ‘Maricarmen’.

A última hora de este martes, se filtró el borrador del decreto, en el que destacaba que el Gobierno quería prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028. Y al cierre de la edición de este periódico, Junts decía que se descolgaba de las negociaciones por los cambios de última hora (en concreto, porque el Ejecutivo daba “por buenas las ocupaciones”) y Sumar seguía sin ver cerca el acuerdo.

Entre las medidas que exigen el partido de Yolanda Díaz y otras formaciones de izquierda destacan la regulación de los alquileres de vivienda habitual y de temporada, la congelación de las rentas y la aprobación de una prórroga de los contratos con renovación automática. “Necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente valiente como para poner fin al problema de la vivienda”, señaló García.

La prórroga de los alquileres, uno de los principales escollos

Uno de los principales desacuerdos en las negociaciones es delimitar el alcance de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. Sumar reclama que la extensión sea automática y tenga una duración de dos años, mientras que el PSOE, según fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, defiende limitarla a un año. Esas mismas fuentes señalan que los socialistas tampoco quieren regular el alquiler de habitaciones en el decreto, otra de las exigencias de las formaciones plurinacionales.

García calificó esta batería de medidas de “absolutamente irrenunciable” y ha trasladado al PSOE que ya no sirven los “parches”. “Ya no hay medias tintas. El caso de Maricarmen ha colmado el vaso”, afirmó.

A lo que sí ha renunciado Sumar ha sido a que el decreto incluya la expropiación de la vivienda de Maricarmen Abascal, la señora de 87 años con discapacidad que fue desahuciada por el fondo buitre Urbagestión después de haber vivido durante siete décadas en un piso del madrileño barrio de Retiro.

El ala socialista del Gobierno no recogió el guante de esta propuesta. Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo avanzaron este lunes que el decreto no incluirá la expropiación. En concreto, Sumar ha descartado que la medida se incorpore al texto que se aprobará este martes, aunque ha matizado que negociará más adelante para que Maricarmen pueda recuperar la vivienda en la que residió durante siete décadas.

Otra de las medidas a las que ha renunciado Sumar es su oposición a conceder bonificaciones fiscales a los propietarios de vivienda en alquiler, una exigencia de Junts para respaldar el decreto. Fuentes de Sumar consideran que esta medida es ineficaz, pero se han mostrado abiertas a aceptarla ante la compleja aritmética parlamentaria y la importancia de los votos de los diputados catalanes.

ERC reclama un decreto similar al solicitado por el Sindicato de Inquilinas

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también han pedido al Ejecutivo que el decreto se parezca lo máximo posible a la propuesta del Sindicato de Inquilinas, ha señalado la parlamentaria de ERC Etna Estrems. Por su parte, el portavoz de ERC, Isaac Albert, considera que el Ejecutivo “va tarde”. “No podemos permitirnos un Gobierno que arrastra los pies constantemente y que luego tiene prisa y quiere correr cuando tiene el problema en la calle”, ha afirmado.

El portavoz republicano ha asegurado que ERC no será “un problema” a la hora de respaldar el decreto, aunque ha reconocido que todavía no conocen “la letra pequeña”. No obstante, considera que algunas de sus propuestas aparecen recogidas en las medidas divulgadas este lunes, como la protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre y la estabilización de los contratos de alquiler.

En Podemos también consideran que las exigencias del Sindicato de Inquilinas constituyen un “mínimo de dignidad” que el Gobierno debe atender. Así lo ha asegurado el dirigente de la formación Tito Morano, quien ha criticado que, a 24 horas de que el texto se someta al Consejo de Ministros, el Ejecutivo todavía no les haya remitido un documento.

Junts fía su apoyo a las bonificaciones fiscales para los propietarios

En este escenario, el apoyo de Junts es fundamental para que el real decreto-ley sea convalidado en el Congreso. La formación exige que el texto incluya bonificaciones fiscales para los propietarios de viviendas como condición para respaldarlo.

El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha reclamado encontrar el “mínimo común denominador” en el decreto de vivienda del Gobierno y ha asegurado que su partido negocia a partir de sus propias propuestas.

En este sentido, Junts plantea medidas en dos frentes. Por un lado, propone suspender los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre y establecer una “limitación temporal de la adquisición de viviendas por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios”. Rius ha defendido que el decreto de vivienda debe “hacer compatible frenar los desahucios” en inmuebles de fondos de inversión con la protección de los derechos de los pequeños propietarios, que no deben asumir “costes” que corresponden a la Administración.

El PNV apoya la causa

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es una de las formaciones que se han mostrado más favorables al real decreto. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que, “por ahora”, su partido está “bastante de acuerdo” con la propuesta del Gobierno en las negociaciones sobre el decreto de vivienda.

Vaquero ha explicado que durante los últimos días “el teléfono y los documentos se han cruzado sin cesar” entre su partido y el Gobierno y han considerado necesario alcanzar acuerdos sobre algunos puntos.

PP y Vox rechazan la propuesta del Gobierno

Por su parte, el PP y Vox se han mostrado en contra del decreto. El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, lo ha criticado y ha insistido en vincular la crisis de la vivienda con la entrada “masiva” de inmigrantes. Por su parte, el Partido Popular ha responsabilizado al Gobierno de la crisis habitacional que sufre España.

La cuenta atrás de lo que pasará con la vivienda en España ya ha empezado y todo dependerá del apoyo que consiga el real decreto. Pero más allá de su contenido, también tendrá una lectura política para Pedro Sánchez y para la continuidad de la legislatura. El respaldo de sus socios de Gobierno y de investidura será clave para medir la solidez que sostiene al Ejecutivo en un momento de especial dificultad.

Si el Gobierno logra reunir los apoyos necesarios, Sánchez podrá exhibir el acuerdo como una muestra de capacidad para mantener cohesionada su mayoría; si, por el contrario, el decreto no sale adelante, el Ejecutivo afrontará un nuevo revés parlamentario que podría poner en cuestión la estabilidad de la legislatura y aumentar la presión sobre Pedro Sánchez, lo que podría derivar en la convocatoria de elecciones generales.