Más allá de la indignación: una responsabilidad como sociedad educadora

El caso de violencia sexual cometido por un grupo de estudiantes contra un compañero en un bus escolar, a la vuelta de un campeonato deportivo, ha indignado y estremecido a la opinión pública, recordándonos que la violencia no debe tener cabida en ningún espacio de nuestra sociedad. Y es que no se trata de un hecho aislado, en lo que va de este año se han reportado más de 11 mil casos de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes ante el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe).

Esta alarmante cifra nos obliga a confrontar una realidad incómoda y a nombrar las cosas por su nombre: estamos ante episodios de violencia severa, no ante “juegos de chicos que se salieron de control”. Más allá del proceso de investigación de este caso en particular, resulta urgente dejar de lado las excusas que minimizan la agresión. Cuando el daño se sostiene en la humillación, la deshumanización del otro y la impunidad, estamos frente a dinámicas violentas que la sociedad y las instituciones educativas debemos reconocer y enfrentar.

Cabe preguntarnos, además, qué condiciones pueden favorecer que estas conductas ocurran o se normalicen: la idea de que la violencia es parte de la experiencia escolar —“¿a quién no le ha pasado?“— y que, por tanto, no es necesario denunciar; la ausencia de conversaciones y orientación suficiente desde las familias y las escuelas sobre límites y responsabilidad; y la falta de una mirada crítica sobre cómo la presión del grupo puede llevar a participar o guardar silencio frente a conductas que individualmente se reconocerían como inadmisibles.

También influye cuando los adultos a cargo no logran estar presentes para orientar y poner límites; el riesgo de que quienes intentan actuar o denunciar sean silenciados o intimidados, alimentando la indiferencia; y la normalización de expresiones de violencia sexual en el ámbito público que no son cuestionadas oportunamente. Por eso, necesitamos que esta indignación se transforme en aprendizajes y compromisos como sociedad educadora.

A las familias, hablemos con nuestros hijos sobre lo ocurrido. Preguntemos cómo les hace sentir y cómo nos hace sentir como madres y padres. Conversemos sobre su exposición a situaciones de violencia, tanto en el rol de posibles víctimas como en el de quienes agreden o participan de una agresión. Abordemos también el respeto, los límites, la empatía, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, incluso cuando actuamos dentro de un grupo.

A las escuelas también les corresponde no dejar de cumplir su rol de proteger, orientar y poner límites, junto con las familias. Guiar con firmeza no significa caer en el autoritarismo, sino cuidar y proteger. Asimismo, hace falta revisar el marco normativo para que las escuelas puedan actuar a tiempo frente a conductas que pongan en riesgo a otros estudiantes, garantizando siempre el respeto a sus derechos.

El sistema de justicia debe garantizar una investigación rigurosa y el debido proceso, determinar responsabilidades y aplicar las medidas necesarias, sin privilegios ni excepciones.

Los medios de comunicación deben informar respetando la dignidad, la privacidad y la protección de los menores involucrados. Evitemos la exposición innecesaria, la revictimización y el sensacionalismo. Informar es también una responsabilidad.

En los centros de formación docente necesitamos abrir espacios para dialogar y formar a nuestros futuros docentes frente a estas situaciones. La violencia, la convivencia, los límites, la relación con las familias, la protección de niños y adolescentes, y la capacidad de prevenir e intervenir ante situaciones de riesgo no pueden ser temas secundarios en la formación docente: deben estar en el centro.

Y a toda la sociedad le pedimos que nuestra indignación no se transforme en linchamiento anticipado ni tampoco se diluya con el paso de los días. Exijamos una investigación completa, justicia y protección para quienes han sido afectados. Pero hagamos también algo más difícil y necesario, preguntarnos qué podemos hacer para que la violencia no se normalice, no se silencie y no vuelva a ocurrir.

Finalmente, este caso debe entenderse dentro de un contexto más amplio. En el Perú existen otras situaciones igualmente graves, como lo que ocurre desde hace años en Condorcanqui afectando a niñas, niños y adolescentes, que nos recuerdan que la violencia sexual no está limitada a un colegio, territorio o grupo social en particular, sino que es un problema estructural que exige respuestas sostenidas de prevención, protección y reparación.

Por eso, educar es formar integralmente: enseñar a reconocer al otro como persona, a poner límites, a asumir responsabilidades, a cuidar y convivir. Y en esto, la escuela no está sola: todos somos sociedad educadora.