Por qué una empresa británica voló de Malvinas a Punta Arenas y cómo es la nueva ruta que el Reino Unido busca abrir con Chile

El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia a través de un comunicado en el que apuntó contra la empresa del Reino Unido, Thales UK Limited, por realizar un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Todo tuvo que ver con un foro empresarial que se desarrolla en la localidad patagónica, con el objetivo de abrir una nueva ruta comercial entre Chile y el archipiélago.

Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, se llevará a cabo el Punta Arenas Business Showroom, un foro que reúne a empresarios chilenos con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC, por sus siglas en inglés). El objetivo era juntar cerca de 80 representantes de firmas oriundas del país trasandino y británicas para explorar nuevas oportunidades comerciales.

De acuerdo a lo que informaron desde la FIDC, el objetivo es consolidar una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Según informó Infobae, se firmó un contrato con la naviera chilena Easter Island Naviera con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima y así poder disputarle el abastecimiento de las islas a Uruguay, que está a 2.000 kilómetros de distancia.

La ruta entre ambas ciudades ya funcionó durante varias décadas, pero se volvió financieramente inviable a principios de los 2000. En 2025, la FIDC detectó potencial suficiente para reactivarla e inició consultas con el sector privado de las islas, navieras trasandinas y el municipio de Punta Arenas, para luego elaborar un informe de antecedentes dirigido a las partes involucradas. La corporación opera como un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno de las islas, con un presupuesto anual de aproximadamente £1.000.000.

Alrededor de 40 representantes del sector privado de las islas participan del evento junto a entre 30 y 40 firmas chilenas. El encuentro de dos días apunta a concretar acuerdos con proveedores y firmar contratos. Según la FIDC, se trataría de la delegación comercial más grande que las islas hayan enviado al exterior. Entre los productos que se contempla transportar desde Punta Arenas figuran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera, materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos, vinos y cervezas.

Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, explicó el origen del proyecto en declaraciones recogidas por el organismo: “La reapertura de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino fue vista como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota. Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. La FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las islas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”.

Easter Island Naviera es una compañía especializada en logística y transporte marítimo que opera principalmente en la ruta Valparaíso-Isla de Pascua. Según la propia empresa, esa especialización en territorios remotos le permitió desarrollar las capacidades necesarias para operar en zonas de alta complejidad, incluyendo la Antártica.

Sin embargo, el vuelo de una aeronave con matrícula del Reino Unido, vinculada a Thales UK Limited, que trasladó integrantes de la delegación isleña a Punta Arenas sin autorización de las autoridades argentinas, derivó en una escalada diplomática inmediata. El presidente Javier Milei ordenó dar inicio a procedimientos sancionatorios contra esa empresa, e instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas del caso, según el comunicado de la Oficina del Presidente difundido este lunes.

La denuncia se produce en el marco de una tensión creciente entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En paralelo al foro en Punta Arenas, el gobierno de Milei intimó a Londres para que frene en un plazo de dos semanas las operaciones de exploración de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas. De no cumplirse ese requerimiento, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El canciller Pablo Quirno advirtió además que las compañías que operen en las islas quedarán excluidas de proyectos estratégicos en territorio argentino, como Vaca Muerta.

Desde Chile, la postura viene siendo bastante ambigua. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó en declaraciones a Radio Polar Magallanes que su país apoya el reclamo de soberanía argentino, aunque aclaró que eso no implica restricciones al comercio. “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, sostuvo el funcionario, que responde al presidente José Antonio Kast. Al referirse al Reino Unido, Barros Tocornal lo calificó como “un país amigo” que “ejerce soberanía” desde hace 200 años, lo que generó rispideces con Buenos Aires.

La cuestión tiene, además, un componente legal complejo. El decreto 256 del gobierno argentino, dictado en febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el derecho de tránsito de cualquier embarcación sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva. Esa contradicción normativa fue señalada por el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, quien alertó sobre los potenciales conflictos que podría traer la nueva ruta.

Mientras tanto, en el plano legislativo, el Congreso de la Nación se prepara para tratar el proyecto de ley de Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones a empresas vinculadas con las islas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer medidas de respuesta ante amenazas “graves e inminentes”.