La crisis del derecho internacional frente a la contaminación interestelar

Como si no fuera suficiente con la contaminación ambiental, las grandes potencias y empresas tecnológicas están contaminando el espacio exterior con residuos orbitales de cohetes, satélites, lanzamientos y emisiones de carbono negro que en solo 5 años se triplicaron por actividades de empresas como SpaceX. Resulta y resalta que la empresa de Elon Musk, SpaceX (Starlink), desde 2019 ha lanzado miles de satélites y enfrenta críticas por el impacto de su gran número en la astronomía. Leyendo sobre el tema, la forma en la que contaminan es por a reentrada natural en la atmósfera para la desorbitación (los satélites de órbita baja están diseñados para quemarse por completo).

Gran parte de esos residuos han caído en las costas de Tamaulipas y en el espacio marino mexicano, dañando a las especies que se encuentran protegidas conforme a nuestra legislación. Pero el vacío en el derecho internacional contribuye a la ausencia de responsabilidades. Las Directrices de Mitigación de Desechos Espaciales (Space Debris Mitigation Guidelines) del Comité de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) y las directrices correspondientes del Comité Coordinador Interinstitucional de Desechos Espaciales (IADC) son voluntarias en esencia, y los Estados no enfrentan sanciones legales por incumplimiento. Estas directrices recomiendan “medidas de mitigación” (como la desorbitación post-misión), pero no exigen jurídicamente a los operadores “limpiar” los desechos ya existentes.

Después de SpaceX, la empresa Amazon (Kuiper Project) despliega el 30% de sus satélites en zonas de alta densidad de órbita baja. Se reporta que paga “cuotas de emisión de desechos” (aproximadamente 5 millones de dólares por satélite) para transferir los costos de gobernanza a la sociedad. Y OneWeb utiliza estrategias de registro offshore (como Luxemburgo, Islas Caimán) con las que evita el marco regulatorio de su país de origen, eludiendo el pago de tarifas relacionadas con desechos de cientos de millones de dólares.

Según los datos rastreados por la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos (US Space Surveillance Network), los objetos en órbita terrestre (incluidos satélites, etapas de cohetes y fragmentos de gran tamaño) están concentrados principalmente en unos pocos países y entidades comerciales. Los países que contaminan son altamente desarrollados pero las consecuencias de sus residuos orbitales y de la fractura atmosférica recae directamente en países en desarrollo. Los datos del Registro de Satélites de EU (a 2023) dicen que el número de objetos rastreados en órbita terrestre pertenecen principalmente a Estados Unidos, Rusia (URSS) y China, los cuales representan la gran mayoría de los objetos catalogados como residuo.

El Informe de McKnight (a enero de 2024) sobre cuerpos de cohetes abandonados en el espacio exterior con permanencia superior a 25 años registra 26 unidades de las cuales, China representa 21 unidades (aproximadamente 81%).

El hecho es que no hay casualidades en el objetivo estratégico de Estados Unidos para debilitar el derecho internacional y los organismos que incluso, mantienen atadas sus facultades a la buena voluntad de los países que suscriben tratados internacionales y convenciones. Las principales potencias no están siquiera sujetas a esas jurisdicciones, y las naciones que pudieran recibir algún tipo de compensación por el impacto que tienen la contaminación interestelar hoy enfrentan presiones para abandonar aquellos marcos regulatorios.

Resulta urgente integrar la reparación a México por contaminación orbital en la agenda pues justamente en mares y costas las consecuencias comienzan a notarse. Encima, los artefactos tienen procesos de construcción que utilizan químicos cuyos efectos para la salud al descomponerse aún son desconocidos. O sea, los animales marinos están recibiendo un tipo de contaminación que aún no se ha estudiado lo suficiente como para saber el impacto a quienes se alimentan de ellos.

Mientras tanto, en las costas de Tamaulipas, los pescadores recogen fragmentos que no saben nombrar y las tortugas lora que son una especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT, ingieren plásticos carbonizados que cayeron del cielo. No hay tratado que las proteja de la basura que otros tiraron desde arriba. No hay tribunal que escuche su testimonio. No hay responsable que firme el cheque. Solo hay un principio de responsabilidad absoluta en el papel, y en la práctica, una soberanía orbital que se ejerce sin consecuencias. La crisis del derecho internacional es que las reglas fueron escritas por quienes hoy contaminan, para que nunca tengan que limpiar y que encima, una sola potencia, la más contaminante, mantiene como socio a la empresa que directamente está generando daños en México. Esto tendría que ameritar un capítulo específico en la renegociación del Tratado de libre comercio T-MEC, que justamente está sujeto a revisión.