ASTROLABIO POLÍTICO/ La frontera del delito
LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO
“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”. – Martin Luther King Jr.
XALAPA, Veracruz. Las organizaciones dedicadas al robo de autotransporte conocen bien las divisiones administrativas. Saben dónde termina la vigilancia de un estado, cuánto tarda en llegar el apoyo del vecino y qué tramo permite desaparecer una unidad con su cargamento. Por eso, la primera mesa interestatal de seguridad entre Veracruz y Tlaxcala merece atención: parte de reconocer que una carretera no deja de ser peligrosa cuando cruza una línea en el mapa.
El encuentro del 24 de septiembre reunió a autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia de ambas entidades, junto con representantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Ricardo Ahued Bardahuil acudió en representación de la gobernadora Rocío Nahle García. Se plantearon operativos conjuntos, intercambio de información, seguimiento mediante los sistemas C5 y C4 y un convenio de colaboración todavía por suscribirse. Son medidas pertinentes; su eficacia dependerá de lo que ocurra después de la reunión.
La urgencia de cerrar esos espacios de impunidad quedó expuesta en otro punto de la región. En Esperanza, Puebla, sobre la ruta hacia Veracruz, la Operación Enjambre llevó a la detención de nueve personas, entre ellas el presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa, la exdirectora de Seguridad Pública municipal y un hermano del alcalde. Las autoridades poblanas vincularon presuntamente a la estructura investigada con robo de autotransporte, extorsión y secuestro. También reportaron el aseguramiento de armas, vehículos y equipo para inhibir señales. La cifra oficial difundida sobre ese operativo fue de nueve detenidos; así como una treintena de propiedades cateadas.
El caso obliga a mirar más allá de las patrullas. Si una autoridad municipal presuntamente participa en una red que opera sobre una vía estratégica, los delincuentes pueden contar con protección, información y tiempo. La coordinación entre estados debe servir también para detectar a quienes, desde una posición pública, facilitan los atracos.
El video compartido sobre este asunto plantea una acusación todavía más delicada: la posible participación de personal de casetas en la transmisión, mediante teléfonos o radios, de datos sobre unidades y mercancías a grupos dedicados al robo. Esa presunta infiltración en CAPUFE requiere una investigación y una respuesta oficiales; no puede darse por acreditada únicamente a partir del material difundido. Pero sería irresponsable ignorar la línea de investigación. Hay que establecer si existieron avisos, quién tuvo acceso a la información, cómo circuló y si coinciden los registros de paso con los atracos denunciados.
Ahí se encuentra la prueba más exigente para cualquier estrategia carretera. Una cámara puede seguir a un camión y un operativo puede acudir al punto señalado; ninguno bastará si alguien con acceso a la operación avisa primero a los asaltantes. La revisión debe alcanzar comunicaciones, controles internos y posibles redes de protección, con pruebas que permitan fincar responsabilidades sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
Debe reconocerse a la gobernadora Rocío Nahle García el impulso a la coordinación con Tlaxcala. Es una decisión necesaria para enfrentar delitos que se mueven entre jurisdicciones. También corresponde exigir resultados medibles: tiempos de respuesta, investigaciones compartidas, recuperación de unidades y mercancías, y denuncias que concluyan en sentencias.
La mesa interestatal puede ser el comienzo de una vigilancia más eficaz. Esperanza deja una advertencia sobre su alcance: para proteger a quienes transitan y trabajan en las carreteras, el Estado necesita vigilar sus límites y esclarecer lo que ocurre dentro de sus propias instituciones.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
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