Maricarmen, la gota que colmó el vaso del descontento social por la vivienda en España

Clara Antón

Madrid, 27 sep (EFE).- Cuatro días después del desahucio de Maricarmen, la mujer española de 87 años con un 50 % de discapacidad que fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre, la céntrica plaza de Sol de Madrid continúa repleta de tiendas de campaña de personas que se manifiestan para pedir al Gobierno español un cambio en las políticas de vivienda.

El caso de la anciana se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una nueva tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista aún no tiene apoyos suficientes.

Maricarmen sigue durmiendo en una cama de hospital porque la empresa de alquileres Urbagestión compró su apartamento en 2018 y, después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.

Los cientos de acampados desde ayer, sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, se preparan este domingo para dormir una segunda noche allí hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler.

A esta acampada precedió una manifestación multitudinaria por las calles de la capital española con miles de personas, que el Sindicato de Inquilinas cifró en 300.000 y la delegación del Gobierno en 25.000.

La primera noche "fue todo un éxito": "La hemos pasado como unas 300 personas, pero en cuanto ha amanecido, se han ido acercando muchas más. La sensación es muy positiva, de que se respira un nuevo latir en la calle", aseguró a EFE la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu, que augura que "esto va a ser un antes y un después". 

En estas primeras horas, los acampados fueron improvisando la organización de la protesta, desde el reparto de comida y bebida a la limpieza de la calle o la programación de distintas actividades, porque "también tiene que haber espacio para el ocio".

A los acampados se acercaron numerosos simpatizantes para donar alimentos, abanicos o medicinas y trasladarles mensajes de apoyo.

Tampoco faltaron decenas de curiosos, 'influencers' y turistas inmortalizando la acampada en sus móviles como un recuerdo más, ignorando que son símbolo de buena parte del hartazgo de los protestantes contra los alojamientos turísticos en los que se alojan.

Por su parte, el presidente del socialista Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo "está trabajando" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda con el objetivo de "aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles".

En un acto político en la localidad madrileña de Getafe, recordó que el sábado Maricarmen le pidió medidas en defensa de los inquilinos: "No he logrado defender mi casa, pero sí que los demás aprendan a luchar por las suyas", reflexionó la mujer desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada.

"Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento", dijo Sánchez en respuesta.

Y el opositor Partido Popular propuso un decálogo de reformas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda, con objetivos como construir 4 millones de viviendas en 4 años y aumentar la productividad de la economía española.

Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, "el hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos".

Casla explicó en una entrevista con EFE que, con el desahucio de Maricarmen, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto".

El relator recordó que el derecho a la vivienda en España está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en una serie de tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

Subrayó que "nadie obligó a España aceptar este mecanismo, pero lo aceptó", por lo que "como ya (se) ha desalojado a Maricarmen, España ya no puede cumplir con esa orden cautelar y ahí se ha vulnerado el tratado".

Para evitar estas situaciones en el futuro, Casla resalta que cuando hay un desahucio, existen varias medidas que deben cumplirse, como llevar a cabo un análisis de proporcionalidad, una regulación estricta de las empresas que pueden alquilar y proponer una alternativa habitacional "adecuada". EFE