Diputados cobran sin legislar
- Mientras Yucatán enfrenta 59.3% de informalidad laboral y 81.2% de los ocupados gana hasta dos salarios mínimos, algunos diputados apenas han presentado una, dos o tres iniciativas en dos años
- El Poder Legislativo de Yucatán tiene un presupuesto de 219 millones 444 mil 926 pesos. Mantener la operación equivale a un costo promedio de 6 millones 269 mil 855 pesos por diputado.
- Con el tercer año legislativo en marcha, el rezago amenaza con crecer: varios diputados ya están concentrados en sus aspiraciones políticas y electorales, mientras unas 400 iniciativas permanecen pendientes.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
A dos años de iniciada la actual Legislatura de Yucatán, el contraste resulta brutal: mientras miles de yucatecos trabajan en la informalidad y sobreviven con ingresos reducidos, los diputados viven como reyes y trabajan a cuentagotas.
El presupuesto aprobado para el Congreso asciende a 219 millones 444 mil 926 pesos.
Dividido entre los 35 diputados que integran el Poder Legislativo, representa un costo promedio de 6 millones 269 mil 855 pesos por legislador.
Esto no significa que cada diputado reciba seis millones de pesos en su cuenta bancaria.
El cálculo representa el costo promedio de mantener la operación del Congreso por cada curul: estructura administrativa, personal, instalaciones, servicios, órganos técnicos y demás gastos necesarios para que el Poder Legislativo funcione.
Y precisamente ahí aparece el problema.
La principal responsabilidad de los diputados es legislar, discutir, modificar, aprobar o rechazar leyes y representar a los ciudadanos.
Pero los números de productividad individual revisados por Sol Yucatán muestran enormes diferencias entre legisladores.
La diputada Clara Rosales, quien ha adoptado una estrategia de golpeteo y critica el trabajo de las autoridades que no son de Morena, registra siete iniciativas durante 24 meses de Legislatura.
El promedio es de una iniciativa cada 3.4 meses.
Si se utiliza únicamente como referencia el costo legislativo promedio por curul, cada iniciativa representaría alrededor de 897 mil pesos del costo de operación legislativa.
No significa que ese dinero se entregue a la diputada, ni que una iniciativa tenga ese precio real.
Es simplemente una forma de dimensionar cuánto cuesta mantener una estructura legislativa cuando su principal producto son las leyes, lo que evidentemente no están haciendo.
El caso de Noemí Peniche López, integrante de Morena, resulta todavía más contrastante.
En dos años registra apenas tres iniciativas.
Una cada ocho meses.
Con el mismo criterio de cálculo, el costo promedio de operación asociado a cada iniciativa sería cercano a 2.09 millones de pesos.
Una cifra que exhibe la enorme distancia entre el dinero destinado a mantener al Poder Legislativo y la cantidad de iniciativas producidas por algunos de sus integrantes.
La productividad también cae todavía más en otros casos.
María Esther Magadán Alonzo, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública, quien se perfila para buscar la alcaldía de Progreso, registra apenas dos iniciativas en los primeros dos años.
El costo operativo promedio por iniciativa, bajo el mismo ejercicio, sería de aproximadamente 3.13 millones de pesos.
Mientras tanto, el panista Álvaro Cetina Puerto registra solamente una iniciativa.
Bajo este criterio, la única iniciativa equivaldría al costo promedio de 6.27 millones de pesos de operación legislativa.
El caso de los diputados Alejandro Cuevas, Erik Quijano y Javier Osante es aún más dramático, debido a que, de acuerdo con la Unidad de Estadísticas del Congreso, tienen cero iniciativas propias en 24 meses de trabajo.
Entre los nombres señalados, quien presenta una mayor producción es Gaspar Quintal Parra, del PRI, con 20 iniciativas.
Además de la producción legislativa mínima, el Congreso enfrenta un rezago de aproximadamente 400 iniciativas ciudadanas, de acuerdo con la información consultada por Sol Yucatán.
Son propuestas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, grupos de profesionistas, ciudadanos y fuerzas políticas.
Es decir, mientras afuera existe una sociedad que presenta propuestas para modificar leyes y atender problemas, dentro del Congreso muchas permanecen esperando. En otras palabras, la ciudadanía les está haciendo el trabajo, pero, a pesar de ello, no las estudian, discuten, modifican o aprueban.
El rezago se convierte así en otro indicador de la productividad legislativa.
El escándalo del contraste aumenta cuando se coloca al Congreso frente a la realidad económica del Estado.
En el primer trimestre de 2026, 59.3% de la población ocupada de Yucatán se encontraba en condición de informalidad laboral.
Además, 81.2% de los trabajadores ocupados se encontraba en el rango de hasta dos salarios mínimos.
Son cientos de miles de personas que trabajan sin las condiciones laborales que deberían acompañar a un empleo formal y con ingresos que difícilmente permiten hablar de prosperidad generalizada.
Mientras esto ocurre, los diputados, que religiosamente cobran 95 mil pesos al mes, se han tirado a la hamaca y no han cumplido con su principal tarea, que es legislar y para lo cual fueron electos.
Y ahora que comienza el tercer año de la Legislatura, el escenario podría ser todavía peor, debido a los tiempos electorales.
Diputados que buscan alcaldías, diputaciones federales, posiciones en el Gobierno o candidaturas comienzan a mirar hacia afuera del recinto legislativo.
Las sesiones y las comisiones han pasado a segundo plano frente a las reuniones políticas, recorridos territoriales, promoción personal y construcción de candidaturas.
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