Ayotzinapa: doce años de la desaparición de los 43 estudiantes rurales, un crimen de Estado impune y una investigación adulterada

“¿En quién confiar si es la misma autoridad la que te ataca?”

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Ulises Martínez Juárez, 32 años, está parado frente al salón de clases. Habla de las guerras y cómo impactan en los niños. En el pizarrón se lee “Ucrania” y “Palestina”. Los alumnos de cuarto grado lo escuchan. “Escriben en papelitos de colores los derechos que cada uno recuerda y van pegándolos, se hacen hojas de un árbol”, cuenta la periodista argentina enraizada en México, Paula Mónaco Felipe, quien se especializó en derechos humanos y es autora del libro Ayotzinapa, horas eternas, en el que narra la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En 2024, al cumplirse una década del crimen de Estado que es quizás el mayor agujero negro de la democracia mexicana, Mónaco Felipe —hija de desaparecidos de la última dictadura argentina e integrante de HIJOS— fue enviada por BBC Mundo a diferentes sitios del país en el que vive para hablar con nueve de los sobrevivientes de esa noche. De la que hoy son doce años.

“Es una mañana fresca en el estado de México, donde galpones industriales se intercalan con casas pequeñas, casi encimadas. El maestro es Ulises Martínez Juárez. Piel morena, ojos achinados y sonrisa como gesto natural. “El Buki”, como le llaman sus amigos, ejerce la docencia desde hace siete años. Para definir a su presente, no duda: ‘Sí, soy feliz’”, escribe.

Conocida como Ayotzinapa, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos está situada en el estado de Guerrero, a poco más de 300 kilómetros de la capital mexicana, y es una de las instituciones que integran la red de escuelas públicas de educación superior que existe en el país para formar maestros rurales. Tiene más de 500 estudiantes y fue fundada en 1926 como parte de ese proyecto educativo estatal que buscaba capacitar docentes que pudieran enseñar en comunidades marginadas.

Martínez Juárez estudió la Licenciatura en Educación Primaria allí. En la escuela que hace más de una década quedó marcada por el horror cuando varios micros con estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad en la ciudad de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Cuando tres de ellos fueron asesinados, dos gravemente heridos y 43 desaparecidos por funcionarios del Estado y perpetradores sin rostro.

“Ulises pudo ser uno de ellos”, escribe Mónaco Felipe.

Ulises, esa noche, estaba ahí.

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“Aquí en Guerrero hay tres opciones para un joven de escasos recursos que quiere superarse. La primera es de militar. Otra es irse de bracero o irse a los Estados Unidos a trabajar, la tercera es meterse a los grupos criminales. Y la última, que nosotros escogemos, es Ayotzinapa. Ayotzinapa es estudiar, prepararte como docente y, pues, como dice la canción, es la esperanza de un hogar: ayudar a buscar una vida mejor económica y socialmente”.

Ulises Martínez Juárez —tes morena, ojos oscuros, gorra de visera al revés, remera mangas cortas, dicción serena, inalterable— habla a cámara en el documental Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México, que produjo BBC Mundo y publicó al cumpirse una década del crimen, en 2024.

El paisaje que se intercala con su testimonio es escarpado, terroso, con casas salpicadas, caminos sin asfalto y un perturbador matiz pardo, como si una película fina de papel adherente y opaco lo cubriera todo. Como si allí, jamás saliera el sol.

“Mi nombre es Ulises Martínez Juárez, hasta ahorita tengo 28 años. Soy egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Soy partícipe y sobreviviente de la noche trágica en Iguala, Guerrero”.

De pronto aparece el color. Un cartel azul intenso que hace de marco de la entrada y celebra: “Rumbo al centenario. 97 aniversario”, unos banderines con la paleta de la bandera de México y, a un lado, en un muro de piedra pintado de blanco con letras rojas y negras, una insignia: “Ayotzinapa. Cuna de la conciencia social”.

“[Allí] Nos enseñaron a pensar. Pensar realmente y despertar esa conciencia, ¿no? Por qué somos pobres o por qué no tenemos muchos recursos. A dónde se va tanto recurso. Te das cuenta que está canijo [N. de la R. complicado, pesado)] todo. O sea: hay represión, no hay educación, hay complicidad, hay narcotráfico, hay corrupción hasta niveles que uno no puede imaginar. Te despierta un gran sentimiento de solidaridad”.

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“¿Cómo desaparecen 43 personas? Ayuda el hecho de que el Gobierno encargado de investigar esta desaparición haya participado en su realización”.

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Lo que llevó a los estudiantes normalistas, esa noche del 26 de septiembre de 2014, al municipio de Iguala tiene sus orígenes atrás en el tiempo. Casi cinco décadas más atrás.

Cada año, en la Ciudad de México se realiza una marcha para conmemorar otra matanza del Estado contra estudiantes: la Masacre de Tlatelolco. Ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando una concentración organizada por el movimiento estudiantil se reunió en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto habitacional Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México, para protestar contra el autoritarismo y la represión por parte de las fuerzas policiacas y militares del Distrito Federal, y reclamar libertades civiles, lo que venían

haciendo desde julio de ese año.

Al atardecer, dos helicópteros lanzaron bengalas dando una señal al Ejército y al Batallón Olimpia (un grupo paramilitar creado por el Gobierno). Unos cinco mil soldados, unas doscientas tanquetas y camiones rodearon la plaza. Los funcionarios armados abrieron fuego contra la multitud.

El Gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz creía que el movimiento estudiantil representaba una “mancha” en la imagen de México y una amenaza de cara a los Juegos Olímpicos que estaban a punto de inaugurarse en su país, diez días después, el 12 de octubre de 1968, y buscaba desarticularlo. A cualquier costo.

La cifra de las víctimas sigue siendo un dato difuso. El Gobierno reportó un número pequeño, pero las estimaciones independientes y las investigaciones de organizaciones de derechos humanos calculan cientos de muertos —algunas fuentes señalan entre 300 y 400— además de miles de heridos y detenidos.

Desde entonces, cada 2 de octubre reúne a estudiantes de diferentes universidades y escuelas de educación superior del país, a docentes y organizaciones sociales en una marcha en la Ciudad de México para conmemorar a las víctimas y repudiar la Masacre de Tlatelolco.

Para asistir a esa marcha se estaban preparando los alumnos de Ayotzinapa a fines de septiembre de 2014.

Entonces: el intento de acudir a repudiar una masacre que devino en otra masacre.

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Para llegar a la marcha en la capital del país, los estudiantes de grados superiores, en México, tienen la costumbre —casi una tradición conocida por todos— de tomar y retener micros de forma temporal. El 26 de septiembre de 2014, los normalistas de Ayotzinapa se habían dado a esa tarea: reunir ómnibus para trasladar a estudiantes rurales de distintos puntos hasta allí.

“Reunieron al azar a un grupo de estudiantes de primer año, entre 80 y 90 de ellos, y una vez a bordo de dos autobuses expropiados viajaron como una hora y media por un camino sinuoso desde Ayotzinapa hacia Iguala”, reconstruye un periodista de BBC Mundo en el documental.

Eran las nueve de la noche cuando salieron, ese grupo con dos micros y otro grupo dividido en tres micros más.

Iguala es una ciudad situada al norte del estado de Guerrero, a 190 kilómetros de la Ciudad de México. Es la tercera más poblada del estado, después de Chilpancingo y Acapulco. Se alza en un valle rodeado por montañas. Es una localidad histórica reconocida por ser cuna de la bandera nacional y punto clave para el tráfico de drogas.

Iguala es bastión de grupos criminales como Guerreros Unidos y territorio en disputa entre organizaciones rivales.

“Emprendemos el ingreso a la ciudad de Iguala. Íbamos dos autobuses, íbamos nosotros para ese día que teníamos la encomienda de ir por más autobuses. Llegamos a la terminal. En ese momento se empiezan a escuchar algunas sirenas de patrullas a lo lejos y dicen los compañeros: ‘Pues ya estamos aquí, hay que tomar algunos autobuses’”.

El que habla ahora aparece en la película como “Marlboro” (su apodo), otro de los sobrevivientes que, por seguridad, escoge esa identificación. Su relato avanza pausado. Como si imprimiera en la cadencia del recuerdo la tensión creciente que experimentó esa noche.

“Empezamos a avanzar poco a poco. Al pasar por el Zócalo de la ciudad de Iguala se empezaron a escuchar algunos disparos. No creímos que fueran contra nosotros. Pasando el Zócalo hubo un momento en el que la balacera se intensificó. Todo empieza a empeorar. Hay muchos elementos de la policía por todos lados. Nos dicen que nos volvamos a bajar. Se intensifica la balacera. Empezamos a aventar lo que podíamos. Yo me acuerdo que aventé una piedra y una botella de agua. De una forma alcancé a subirme al primer autobús que iba, en la parte de adelante. Se atraviesa la patrulla 002 y nos impide el paso. Nos bajamos del autobús y empezamos a empujar la patrulla. Se oye una descarga, una balacera. Empezamos a gritar que dejaran de disparar que éramos estudiantes, ‘no tenemos armas’”.

En el film hay grabaciones de esa noche, probablemente tomadas por alguno de los normalistas con su teléfono. Son confusas. Imágenes que parecen las del interior de un ómnibus, a veces del revés. Luces que se expanden y se apagan. Luces rojas que crecen, se intensifican y se difuminan. Y una voz clara, de alarma. Desesperada: “¡Eh, ya mataron a un compañero! ¡Ya mataron a uno!”.

“Veo caer a mi izquierda a mi compañero. Veo que cae y se hace un charco, un charco de sangre”.

Los gritos continúan: “¡Una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Traigan aquí la ambulancia!”.

Ante el ataque, los estudiantes comenzaron a llamar por teléfono a sus compañeros en la Escuela, y a quienes pudieron. En Ayotzinapa, al recibir la noticia de lo que les estaba ocurriendo, otro grupo de estudiantes no dudó: salió raudo en dirección a Iguala a respaldar a sus compañeros. En ese grupo estaba Ulises Martínez Juárez.

“Nos reportan que hay muertos y están detenidos. Los acaban de balacear en Iguala. Entonces dijimos: ‘Bueno, tenemos que ir. Vámonos, a apoyar. A ver qué se puede hacer’”.

En Iguala la tensión no cesaba. Los estudiantes se guarecían abajo de los micros. Si se asomaban, la policía volvía a disparar. De pronto un grupo de ellos, agentes municipales, abrió la puerta de uno de los autobuses, hizo bajar a una veintena de estudiantes y se los comenzó a llevar.

“Llegamos al centro de Iguala. Estaban ahí los chavos. Me subí al autobús: todo con sangre, por aquí, por allá, las camisas, los asientos del autobús con las perforaciones. No, realmente, pues una escena de guerra” —recuerda Martínez Juárez.

“El compañero se estaba desangrando. Hubo un momento en el que a la ambulancia le dieron acceso. Se llevó al compañero Aldo. Ver que se estaban llevando a sus compañeros…”. Marlboro habla y le caen lágrimas. No interrumpe el relato. En algunos fragmentos fija la mirada, como si su memoria estuviese proyectando en algún sitio, nítido ante sus ojos, invisible al resto del universo, las imágenes de esa noche. “Hubo un momento en el que yo dije: ‘Pues hasta aquí llegué’”.

Los ataques culminaron con estudiantes malheridos, seis muertos (tres normalistas y otras tres personas que pasaban por ahí) y un grupo de desaparecidos.

“Yo tenía la idea de que los compañeros que la policía se llevó iban a estar con vida. Quizás golpeados, quizás desvelados, sin comer, pero que iban a estar vivos. Pero se fue el MP [Ministerio Público del Fuero Común], no sabían nada. ¿En quién confiar si es la misma autoridad la que te ataca?”, se pregunta Marlboro. “Uno, dos, tres días y no teníamos noticias de mis compañeros. No sabíamos dónde estaban. Al principio arrojaban 79 desaparecidos, después 56, 54. Ver que iba bajando la lista de compañeros faltantes, eso tranquilizaba un poco. Pero llegar al 43 y de ahí no bajar”.

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“Claro que el Gobierno sabe qué pasó con nuestros hijos”.

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Los días siguientes, al no haber novedades de los 43 estudiantes que faltaban, los padres se reunieron e hicieron la denuncia. Y empezaron a movilizarse y a marchar para pedir por sus hijos desaparecidos.

Ahí comienza el capítulo de una investigación tan corrupta y sucia, tan plagada de encubrimientos, de pistas y versiones falsas —incluidas fosas comunes examinadas por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense donde se decía que podían estar los estudiantes—, que sigue sin arrojar respuestas serias hasta el día de hoy.

En un comienzo los investigadores federales culparon a la policía local y a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos. La primera versión oficial de los hechos se presentó sospechosa, oportunamente veloz, poco después de lo ocurrido, hasta con nombre propio:

“verdad histórica”. Fue presentada a fines de 2014. Esta conclusión afirmaba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes de Guerreros Unidos, quienes luego habían metido los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.

Pronto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el hecho, mostró que esa versión era falsa y estaba apañada por ilegalidades y mentiras —obligaron a confesar a sospechosos bajo tortura y a hacer coincidir declaraciones, amenazaron a testigos, manipularon evidencia, falsificaron documentos—. El objetivo era resolver rápidamente el caso, dando una respuesta que dejara conforme a los familiares de las víctimas y al país entero: sacarse el problema de encima.

Los informes del GIEI documentaron, en cambio, la participación de diferentes fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y en la tortura de los detenidos para que dijeran lo que se les pedía. Luego, sus miembros fueron acosados y amenazados. El Gobierno expulsó al grupo del caso y echó a sus integrantes del país.

Cuando Peña Nieto se fue y cambió la gestión fueron nuevamente convocados.

El 25 de mayo de 2018, en un acto de campaña de quien fuera entonces candidato a gobernar Iguala, López Obrador se comprometió, por primera vez, a investigar los hechos y a crear una comisión de la verdad dirigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. Cumplió hacia fines de ese año: el 4 de diciembre de 2018, en su primer acto de gobierno, AMLO creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) e instó a todas las instituciones del Estado a entregar la documentación que tuvieran sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Siete meses después se creó también la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el órgano de la Fiscalía General de la República de México para perseguir delitos y finalizar los procesos penales vinculados a lo sucedido con los normalistas rurales.

El Gobierno de López Obrador definió la desaparición de los 43 jóvenes como “un crimen de Estado”, y reconoció la implicación de “agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.

La investigación avanzó, nuevamente de la mano de especialistas de la ONU, sembrada de escollos, intentos de robo de documentos y una prueba contundente conseguida gracias a unas escuchas obtenidas por Estados Unidos en una investigación de tráfico de drogas entre el estado de Guerrero y Chicago. Allí se comprobó la participación del Ejército mexicano en el crimen organizado, tanto en la venta de armas, como en la capacitación de soldados y en el intercambio de dinero.

Cuando llega a ese punto, al Ejército, la investigación choca con un muro infranqueable. Que no puede cruzar. Que intentan rodear.

“En febrero de 2022, el GIEI entregó su tercer informe a las autoridades del Estado. Incluye información de documentos del Ejército que prueban que los militares sabían del trasiego de drogas en autobuses de Guerrero a Chicago, que monitoreaban las actividades políticas de los normalistas e incluso realizaron una vigilancia especial durante la fecha de los hechos que ‘cesa en las horas críticas’ del 26 de septiembre de 2014, que operaron las cámaras del C4 en Iguala durante esa noche, las desenfocaron cuando pasaron las patrullas de la policía con los estudiantes, informaron de lo ocurrido a sus superiores, y mintieron sobre todo esto durante los años de investigación y búsqueda de los jóvenes”, dice el periodista John Gibler en una extensa nota que describe paso a paso, con minucia cronológica, los avances y retrocesos de la investigación, en el sitio web A dónde van los desaparecidos, de la periodista especializada en derechos humanos y en crímenes vinculados al narcotráfico, Marcela Turati.

Y continúa desmenuzando una espiral que parece no tener fin: el trabajo a destajo de especialistas apoyados por la ONU, el avance certero, la esperanza de las familias. La imposición desde un estamento superior del Gobierno de injertar una fruta podrida, la cadena de podredumbre que infesta al trabajo maduro de años, que trae más podredumbre: más falsificación de pruebas, más versiones falsas.

En el medio hubo algunos arrestos, como los del presunto jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, y el de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala. Ambos fueron absueltos. En 2023 detuvieron a 16 militares, la mitad de ellos fueron liberados en enero de 2024, mientras continuaban los procesos en su contra por desaparición forzada.

Una espiral sin fin que a doce años de la desaparición de los 43 estudiantes sigue girando sobre sí misma.

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“Así como se los llevaron vivos, vivos los queremos”.

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Al asumir la presidencia de México, el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum prometió a los familiares de los normalistas desaparecidos que seguiría trabajando para llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.

El pasado lunes 21 de septiembre, en conferencia de prensa, dijo que antes del sábado 26, día del aniversario del crimen, haría público un informe que revela nuevas líneas de investigación y avances. También dijo que las madres y padres de los estudiantes ya habían recibido ese reporte.

Cuando una periodista le preguntó cuál será la respuesta al señalamiento de las familias respecto de que el Gobierno continúa encubriendo al Ejército, la mandataria la cortó en seco y respondió determinante que “no se encubre a nadie. Pero tampoco se toman en cuenta libros de ficción”: “Ya van a ver cuando se presente el informe a quiénes protegieron los libros de ficción”. “Igual que los padres, padres y madres —se corrige— nosotros queremos llegar a la verdad, a la justicia, y encontrar a los jóvenes”.

Al cierre de esta nota, el viernes 25 de septiembre, el informe no ha sido presentado.

*Las frases en cursiva entre los fragmentos del texto pertenecen a los sobrevivientes, a un periodista y a la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, entrevistados por BBC Mundo en el documental Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México.