El transporte público de El Salvador enfrenta una crisis ante el auge de unidades "pirata"
Cada mañana, Emperatriz sale de San Bartolomé Perulapía un municipio en el interior del territorio salvadoreño rumbo a la capital para llegar a su trabajo. Puede pagar menos en el transporte colectivo, pero el trayecto puede superar las dos horas e incluir hasta tres transbordos. Por eso suele elegir un microbús particular, una decisión que refleja la presión que enfrenta el transporte público salvadoreño ante las tarifas congeladas y la competencia de unidades no autorizadas.
El viaje en un microbús particular o “pirata” le cuesta cerca de $1.50 y tarda alrededor de una hora. En cambio, el recorrido en unidades colectivas cuesta $0.85, aunque exige más tiempo y cambios de vehículo. Emperatriz calcula que su gasto mensual de transporte ronda los $50, una suma que debe contemplar dentro de su presupuesto.
La diferencia entre precio y rapidez resume una situación que, según Luis Regalado, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, afecta a los empresarios del sector. El representante sostuvo que las rutas autorizadas tienen límites para modificar sus recorridos y tarifas, mientras que los transportes particulares pueden trasladar pasajeros de forma más directa y fijar cobros más altos.
Las rutas fijas compiten con viajes más directos
Regalado afirmó que el sistema formal enfrenta “dos techos”: el precio del pasaje y la compensación estatal que reciben los operadores para sostener la tarifa. Según explicó, el valor del pasaje no ha cambiado al mismo ritmo que los costos de combustible, mantenimiento, repuestos y renovación de unidades.
“La tarifa ha sido congelada y nunca se ha ajustado de acuerdo a la realidad del costo”, afirmó Regalado. A su juicio, la compensación tampoco alcanza para cubrir el desfase financiero de las rutas, una situación que limita la capacidad de los empresarios para renovar sus flotas o mantener la frecuencia del servicio.
El vocero aseguró que, en varias rutas, la movilidad de pasajeros cayó entre 40% y 50% desde la pandemia. A esa reducción, añadió, se suma la expansión de vehículos particulares que ofrecen traslados entre municipios y hacia la capital.
De acuerdo con Regalado, esos servicios atraen pasajeros porque reducen el tiempo de viaje. “La gente quiere llegar rápido del origen al destino”, señaló. Las unidades formales, en cambio, deben cumplir itinerarios establecidos y no pueden desviarse de las rutas autorizadas sin exponerse a sanciones.
El costo del pasaje y la compensación, en discusión
El dirigente señaló que los vehículos particulares pueden cobrar entre $1.50 y $2 por pasajero, según el recorrido. “Cobran lo que ellos consideran necesario para poder dar ese servicio”, dijo al referirse a los llamados transportes pirata.
Regalado cuestionó que esas unidades operen con mayor flexibilidad, mientras los autobuses y microbuses concesionados deben responder a controles, recorridos y obligaciones tributarias. También pidió que las autoridades refuercen la supervisión sobre los servicios que, según él, circulan sin autorización.
En relación con la tarifa formal, el vocero evitó plantear una cifra definitiva, aunque indicó que un ajuste técnico podría ubicar el pasaje entre $0.60 y $0.70. Aclaró que esa decisión corresponde a las autoridades reguladoras.
“Esto lo tiene que determinar el ente rector que nos está regulando”, sostuvo. Para Regalado, otra alternativa sería elevar la compensación estatal y mantener el precio actual para los usuarios.
La Mesa Nacional de Transporte advirtió que algunas unidades dejaron de operar por los costos acumulados. El planteamiento del sector apunta a abrir una mesa de diálogo que revise la compensación, el valor del pasaje y el control de los servicios particulares, mientras pasajeros como Emperatriz continúan entre la opción más económica y la que les permite llegar en menos tiempo.
Infobae
