Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Este miércoles, Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, se ha visto obligada a abandonar la que ha sido su casa durante siete décadas, ubicada en el barrio madrileño de Retiro. El desalojo se ha producido después de que la empresa propietaria del inmueble le exigiera que multiplicara por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales. Detrás de esto está Urbagestion Desarrollo e Inversión, una sociedad limitada con sede en Madrid que compra viviendas con inquilinos, a bajo precio, para después litigar hasta lograr vaciar el inmueble y revalorizarlo.

Urbagestion es una empresa constituida en 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria española, y clasificada por la plataforma Einforma como “microempresa”, cuenta con apenas siete empleados repartidos entre su sede central en Madrid y una delegación en Valladolid. Sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan un patrimonio de 356.388 euros, una cifra de negocio de 586.450 euros el año pasado y un beneficio neto de solo 2.990 euros.

En su propia web, la compañía se presenta como una “plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión”. Entre sus actividades figura la compraventa de farmacias (tiene casi 300 en venta repartidas por una veintena de ciudades en España) y de edificios de viviendas con inquilinos, varios de ellos anunciados explícitamente como oportunidades de “revalorización, previo vaciado y reforma”.

Los hermanos Alonso, al frente del negocio

La propiedad de Urbagestión recae sobre los empresarios Ricardo Alonso y Fernando Alonso, dedicados a la inversión en edificios, viviendas, suelo, locales comerciales, oficinas y hoteles. La compañía carece de consejero delegado, y sus máximos responsables figuran bajo la fórmula de “administradores solidarios”. Además, son titulares de más de una docena de sociedades vinculadas a los sectores agroalimentario e inmobiliario.

Fueron los hermanos Alonso quienes adquirieron el edificio de la calle Sáinz de Baranda en 2018, donde vivía Maricarmen hasta el día de hoy, después de que Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles, comprara la finca a la familia propietaria original y ofreciera después a la inquilina la posibilidad de adquirir su propio piso por 250.000. Ella no pudo asumir ese pago y, al día siguiente de rechazar la oferta, el inmueble pasó a manos de Urbagestión, que hoy lo tasa entre tres y cuatro veces por encima de aquel precio.

Un contrato de renta antigua que llegó hasta el Tribunal Supremo

Maricarmen está vinculada con la vivienda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler bajo la modalidad de renta antigua. A su muerte, la titularidad se subrogó a la madre y, tras el fallecimiento de esta en 2005, pasó a la propia Maricarmen. Urbagestión sostuvo siempre que esa segunda subrogación solo podía prolongarse dos años, salvo que el beneficiario tuviera reconocida una discapacidad superior al 65%. Como la discapacidad de la inquilina es del 50%, Maricarmen se quedó fuera de esa excepción legal.

En un principio, los tribunales le dieron la razón a Maricarmen, pero el Tribunal Supremo avaló en marzo la interpretación de la propiedad, lo que permitió reactivar el procedimiento de desalojo. La empresa ofreció entonces a la inquilina permanecer en el piso a cambio de un alquiler de entre 1.600 y 1.650 euros mensuales, casi cuatro veces superior a lo que pagaba hasta entonces, y siendo además una cifra que supera su pensión, cercana a los 1.450 euros.

Solo son “una sencilla pyme”

Ni la mediación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que según su titular, Isabel Rodríguez, llamó “hasta diez veces” a la abogada de la empresa para tratar de comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta, ni el ofrecimiento anónimo de una escritora dispuesta a pagar el nuevo alquiler hasta el fallecimiento de la inquilina lograron torcer la posición de Urbagestión. Tampoco surtió efecto la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que había solicitado paralizar el desalojo para evitar “daños irreparables”.

“No somos propietarios de ninguna otra vivienda. No se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme”, ha sostenido la compañía en sus comunicados, en los que además ha enviado advertencias a medios de comunicación para impedir que se la vincule con la expresión “fondo buitre”.