Investigadores buscan nuevas pruebas contra Camp Mystic tras la muerte de 27 personas en las inundaciones de 2025
La agencia estatal de investigación criminal de Texas (conocida como Texas Rangers) ejecutó 14 órdenes de allanamiento contra miembros de la familia Eastland —propietaria del Camp Mystic— y el personal que pertenecía al campamento, según informó la agencia Associated Press.
Esta revisión penal evalúa cargos de homicidio culposo, homicidio por negligencia criminal y abandono de menores en relación con la muerte de 27 personas durante las inundaciones del 4 de julio de 2025 en el condado de Kerr, Texas. Hasta la fecha, ningún integrante de la dirección del campamento fue imputado formalmente.
El investigador Brant Johnston, de los Texas Rangers, solicitó las órdenes ante un juez de distrito estatal del condado de Kerr, quien las aprobó el jueves pasado.
Los documentos, obtenidos por varios medios, autorizaron el acceso a datos electrónicos (mensajes de texto, correos, historial de ubicación, fotos y archivos eliminados) de dispositivos pertenecientes a integrantes de la familia Eastland y varios consejeros y empleados. El período de tiempo bajo análisis abarca del 3 de julio al 17 de octubre de 2025.
El campamento carecía de planes de evacuación actualizados
Camp Mystic, ubicado sobre las márgenes del río Guadalupe, no contaba con un plan de seguridad que contemplara la evacuación de las cabañas ubicadas en el sector ribereño que resultó anegado.
Según Johnston, en su declaración jurada, el protocolo vigente se limitaba a indicar que los ocupantes debían permanecer en sus lugares y no había sido revisado desde 1976, según lo declarado por Tweety Eastland, esposa del entonces director ejecutivo, Dick Eastland.
En contraste, existía un plan de evacuación operativo para el área conocida como Camp Mystic Cypress Lake, ubicada más alejada del río y que no sufrió inundaciones el año pasado.
Para Johnston, esa disparidad demuestra que “Camp Mystic LLC reconoció la inundación como un peligro capaz de obligar a los campistas a abandonar sus cabañas”, lo que refuerza el argumento de que la dirección era consciente del riesgo pero no lo extendió al sector más vulnerable.
Camp Mystic no tenía planes de emergencia escritos ni realizaba simulacros
La investigación también determinó que el campamento no disponía de planes de emergencia escritos exigidos por la normativa estatal, no realizaba simulacros de evacuación ni capacitaba al personal para ese tipo de situaciones. Además, en algunas cabañas la cantidad de consejeros adultos era insuficiente en relación con el número de menores a cargo.
“Los jóvenes campistas no pueden ser razonablemente esperados a reconocer de forma independiente un peligro de rápida evolución que amenaza sus vidas, ni a organizar y ejecutar una evacuación en ausencia de dirección de un número adecuado de supervisores adultos”, escribió Johnston en su declaración jurada, según documentos citados por The New York Times.
El investigador concluyó que “Camp Mystic LLC tenía conocimiento y de manera consciente ignoró un riesgo sustancial e injustificable de muerte para los campistas bajo su cuidado”.
La familia Eastland y varios empleados se negaron a declarar ante los investigadores
Johnston indicó que realizó varias visitas al predio y que él y otros investigadores condujeron entrevistas con testigos, sobrevivientes y personas vinculadas al campamento. Sin embargo, varios integrantes clave de la familia Eastland y funcionarios del campamento rechazaron colaborar con los investigadores.
Entre quienes declinaron ser entrevistados figuran Edward Eastland, director presente en el predio la noche de la tragedia; su esposa, Mary Liz Eastland; su hermano, Richard Eastland Jr.; y el guardia de seguridad nocturno, Glenn Juenke.
No obstante, la familia Eastland sí prestó testimonio en audiencias judiciales y ante la comisión legislativa estatal creada para investigar el evento. En esa instancia, Edward Eastland ofreció una disculpa pública entre lágrimas.
El informe final de dicha comisión concluyó que Camp Mystic no contaba con planes de emergencia escritos requeridos por el estado ni con planes de evacuación adecuados, y ese documento es citado de manera recurrente en las declaraciones juradas presentadas ante el tribunal.
Abogados de las familias sostienen que los allanamientos no deberían haber sido necesarios
Representantes legales de varias de las familias afectadas recibieron con cautela la noticia de los allanamientos. Christina Yarnell y Brad Beckworth, abogados de la familia de la víctima Cile Steward, cuyo cuerpo aún no fue recuperado, emitieron un comunicado en el que señalaron que las familias “lucharon, suplicaron y rogaron” durante más de un año para obtener respuestas.
“En cambio, los Eastland retuvieron la información y las respuestas que se deben a los padres que merecen, más que nadie, conocer los detalles de los últimos momentos de sus hijas”, dijeron, según Associated Press.
Más de una docena de familias también presentaron demandas civiles contra el campamento y sus responsables por conducta negligente antes y durante la inundación. El campamento, que no reabrió sus puertas este año, tramita además un proceso de reorganización por quiebra ante los tribunales.
La inundación del 4 de julio de 2025 mató a 25 campistas, dos consejeros adolescentes y a Dick Eastland, director ejecutivo del campamento. A su vez, se cobró en total al menos 139 vidas a lo largo de varios kilómetros del río Guadalupe, con la mayoría de las muertes concentradas en el condado de Kerr.
Infobae
