Ayotzinapa 12 años después: una bolsa con restos y un ex gobernador preso

Iguala, Guerrero, a 23 de septiembre de 2026.- El exgobernador Ángel Aguirre Rivero y una docena de exfuncionarios estatales y municipales en Iguala, así como ex policías de Iguala y Huitzuco y un ex militar, se encuentran entre los detenidos en el último año como parte de las nuevas líneas de investigación científica y de la telefonía celular con las que se busca esclarecer el caso Ayotzinapa a 12 años de los hechos.

El último año, a partir del 8 de octubre de 2025 la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), profundizó las indagatorias relacionadas con la hipótesis de las funerarias y el presunto uso de hornos crematorios para desaparecer a un grupo de los 43 jóvenes normalistas.

Aunque no es una investigación nueva, ya que había sido planteada desde 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde octubre del año pasado fueron aseguradas seis instalaciones vinculadas a las funerarias El Ángel y Rueda, así como el Servicio Médico Forense de esta ciudad, por los delitos de “desaparición forzada” y “contra la salud”, según la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.

El 20 de marzo de este año, durante un recorrido de supervisión en la morgue y hornos crematorios de la funeraria El Ángel ubicadas cerca de la comunidad de Rancho del Cura a orilla de la carretera federal México-Acapulco en la salida a Chilpancingo, las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos fueron informados por el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, del hallazgo de una bolsa con restos óseos etiquetada desde 2014.

Fuentes consultadas informaron que esa bolsa con los restos óseos no fue hallada en las áreas de refrigeración o resguardo de cuerpos del Semefo, sino en el predio particular contiguo donde la familia Rueda tiene tres hornos crematorios, uno de ellos que tenía operaciones de manera “irregular”.

“La novedad es que nos informaron que encontraron una bolsa con restos (humanos) etiquetados según del 2014, para los padres eso genera duda. Todo indica a que son restos, porque también hay otras bolsas con restos, pero son de otras fechas”, contó el abogado de los padres, Isidoro Vicarios Aguilar, el 22 de marzo.

La detención de Ángel Aguirre

La que podría ser una de las detenciones más relevantes en estos 12 años que cumple el 26 y 27 de septiembre este caso, del que aún no hay sentenciados ni se conoce el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos, es la del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, detenido el 6 de agosto en el Estado de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Tras una audiencia de casi 14 horas, que inició la mañana del 11 de agosto y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada del día siguiente, el juez federal Mario Elizondo Martínez determinó su vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la Administración de la Justicia, para lo que se determinó un plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.

A Aguirre Rivero se le responsabiliza de haber ordenado destruir y desaparecer toda evidencia relacionada con los ataques de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, entre ellos los videos de dos de las cámaras de video vigilancia del Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que habrían captado uno de los momentos clave de los ataques a dos de los autobuses en los que viajaban estudiantes de Ayotzinapa.

Al exgobernador postulado por el PRD lo culparon de ese ocultamiento y destrucción de evidencias la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Lambertina Galeana Marín, detenida en su casa en Chilpancingo el 14 de mayo de 2025 acusada de los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia y derivados. Tras este señalamiento contra el ex mandatario obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

Aguirre Rivero fue señalado por una segunda testigo del caso, la ex visitadora general del TSJ, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, a la que el ex gobernador señaló en sus declaraciones de “mitómana” y “delincuente” al tener presuntos vínculos con “El Patrón”, personaje que no ha sido identificado plenamente quién es, aunque se ha adjudicado al exgobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.

Investigación en funerarias y el Semefo lleva a la detención de funcionarios y ex trabajadores

El 9 de octubre del año pasado la UEILCA inició investigaciones relacionadas con la morgue y las funerarias Rueda y El Ángel, derivado del señalamiento de un testigo de identidad reservada del presunto uso de hornos crematorios para desaparecer a un grupo de estudiantes de los 43 desaparecidos.

Desde esa fecha fueron detenidos el empresario Rodolfo Rueda Sebastían y su hijo, Rodolfo Rueda Mazón, éste último encargado de la funeraria El Ángel y de los servicios forenses que atiende a las regiones Norte y Tierra Caliente. Pero a casi un año de su detención, el gobierno federal no ha informado oficialmente de su situación.

Ocho meses después, el 23 de junio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR), no solo amplió el número de instalaciones aseguradas vinculadas a la familia Rueda Mazón, sino que también las detenciones en más miembros de la familia, excolaboradores y funcionarios públicos del gobierno estatal.

De manera simultánea en Iguala y Chilpancingo, detuvieron a la esposa y la hija del empresario Rodolfo Rueda, Violeta Mazón Barrera y su hija Helen Rueda, así como el médico legista y actual Coordinador Médico del Semefo en Iguala, Julio César Valladares Baranda.

Asimismo, al exsecretario de Salud del gobierno de Iguala y trabajador de la secretaría de Salud en Guerrero, Ben Yehuda Martínez Hernández, quien es hijo del exdirector estatal del Semefo, Ben Yehuda Martínez Villa; así como al director estatal en turno del Semefo, César Manuel Espinoza Suástegui.

Todos ellos fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada de personas y uso indebido del servicio público, y recluidos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México en el caso de los varones, mientras que las mujeres en el penal federal femenil 16 ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos.

Mandos policiacos, militares y excolaboradores, entre otros detenidos

Las investigaciones científicas enfocadas en la telefonía celular en las nuevas investigaciones en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevaron a otras detenciones de personas presuntamente implicadas en el caso, quienes, según las investigaciones, habrían tenido comunicación con miembros de Guerreros Unidos la noche en que ocurrieron los ataques y días posteriores.

El nutriólogo Irvin Arroyo Aranda, de 34 años, fue detenido tras un cateo a su casa el 26 de noviembre, aunque a él no se le había vinculado con el caso Ayotzinapa, fue detenido por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud.

Aunque su casa y la de un familiar fueron aseguradas por delincuencia organizada, presuntamente porque ahí se reunían miembros de Guerreros Unidos, organización criminal a la que se le adjudican los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.

El 3 de marzo fue detenido tras un cateo a su casa en el fraccionamiento Villas del Rey, cerca de la salida a Chilpancingo, el director en turno de Tránsito y Vialidad de Iguala, el ex policía estatal, Mauro Antonio Mosso Benítez.

El funcionario municipal fue detenido por los delitos de delincuencia organizada, vinculado al grupo delictivo Guerreros Unidos, al que le aseguraron dos armas, dosis de droga, municiones y equipo de comunicación durante el arresto.

Una fuente consultada por El Sur informó que la detención de Mosso Benítez es parte de las nuevas líneas de investigación científica de la UEILCA a la telefonía celular, y se le señala de haber sido el primero que utilizó uno de los equipos de telefonía de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, el cual usó horas después de los ataques la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según las investigaciones, el número telefónico de Mosso Benítez está vinculado con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, días en los que habría tenido comunicación con miembros de Guerreros Unidos, además de ser señalado por el testigo de identidad reservada como “Clara”.

En tanto que el 23 de octubre en el municipio de Cuautepec, fue detenido el ex comandante de la Policía Municipal de Iguala, Alejandro Mejía Meza, El Granito de Oro, y el 6 de noviembre del año pasado, el ex policía de Huitzuco, Juan Alberto Carbajal Montes, quien fue chofer y escolta del entonces alcalde figueroista, Norberto Figueroa Almazo (2012-2015), fue detenido y deportado de Estados Unidos para ser entregado a la FGR por una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Mientras que el 3 de junio de este año el soldado del Ejército, Enrique Martínez Chávez, de 32 años, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Hawthorne, California, al contar con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada mientras era parte del Ejército durante los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Texto: Alejandro Guerrero

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