"Lo que queremos es resultados": minInterior Rodrigo Lara habla del recorte presupuestal a la JEP
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la polémica que se ha generado alrededor del futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la discusión por el presupuesto que tendrá el tribunal de justicia transicional durante 2027.
En medio del debate sobre una posible reducción de los recursos destinados a la JEP, Lara aseguró que el Gobierno Nacional no ha planteado acabar con esta jurisdicción, pero sostuvo que la entidad, al igual que otras instituciones del Estado, deberá participar en el esfuerzo de austeridad que impulsa la administración del presidente Abelardo De La Espriella.
El ministro también cuestionó los resultados de la JEP y señaló que el Gobierno espera que el tribunal produzca resultados en materia de justicia, teniendo en cuenta los recursos que ha recibido desde su creación.
“Nadie ha dicho que va a acabar la JEP. La JEP está en la Constitución. Lo que queremos es resultados de la JEP”, afirmó Lara al ser consultado sobre las versiones relacionadas con una eventual liquidación o reestructuración de la jurisdicción.
¿El Gobierno busca acabar o reestructurar la JEP?
La discusión sobre el futuro de la JEP se intensificó en los últimos días debido al debate presupuestal y a las posiciones expresadas por integrantes del Gobierno y del Congreso.
Lara fue enfático en señalar que no quiere anticiparse a pronunciarse sobre una eventual reestructuración, debido a que, según explicó, el ministro de Justicia y Canciller, Iván Cancino, es quien tiene la interlocución principal con los órganos de justicia y quien debe pronunciarse oficialmente sobre ese tipo de propuestas.
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“Yo no quisiera entrar a opinar sobre eso porque el ministro Cancino es el que tiene la interlocución en primer lugar con los órganos de justicia”, sostuvo el jefe de la cartera del Interior.
El funcionario también recordó que la JEP tiene reconocimiento constitucional, por lo que el Gobierno no ha anunciado su eliminación.
La posición oficial expresada por Lara se concentra, por ahora, en dos asuntos: los resultados judiciales de la JEP y la necesidad de reducir gastos dentro del Estado.
El ministro aseguró que la administración considera necesario revisar el funcionamiento y los gastos de todas las entidades públicas ante la situación fiscal que enfrenta el país.
¿Por qué el Gobierno habla de recortar el presupuesto de la JEP?
La discusión sobre los recursos de la JEP forma parte del debate sobre el Presupuesto General de la Nación de 2027.
La entidad había solicitado cerca de $ 947.642 millones para el próximo año, mientras que el proyecto presupuestal contempla una asignación de aproximadamente $ 821.803 millones, según las cifras divulgadas por el Gobierno. Esto representa una diferencia de más de $ 125.000 millones frente a lo solicitado por la jurisdicción.
Además, en el Congreso se ha discutido un recorte adicional dentro de las modificaciones al presupuesto. Una ponencia conocida plantea una reducción cercana a $170.000 millones frente a los recursos inicialmente contemplados para la JEP.
La discusión ha generado preocupación en la propia JEP. Su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre las consecuencias que podría tener una disminución de los recursos para el funcionamiento del tribunal y ha llevado sus preocupaciones incluso ante organismos internacionales.
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Frente a este escenario, Lara defendió la necesidad de aplicar medidas de austeridad a todas las instituciones.
“Todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad”, señaló el ministro, quien puso como ejemplo las medidas que está implementando en el Ministerio del Interior.
¿Qué dijo Lara sobre los resultados de la JEP?
Más allá de la discusión presupuestal, el ministro del Interior planteó cuestionamientos sobre los resultados de la jurisdicción. Según Lara, después de varios años de funcionamiento, el Gobierno considera necesario que la JEP muestre mayores resultados en materia de justicia y cumplimiento de las sanciones.
“Es que son muchos años, es un aparato gigantesco y hemos visto poca justicia, digamos en términos de penas que se cumplan”, afirmó.
Esta posición coincide con los cuestionamientos que el presidente Abelardo De La Espriella ha expresado sobre el funcionamiento de la jurisdicción. El mandatario ha defendido la reducción de recursos para la JEP y ha argumentado que el Estado debe priorizar otras necesidades de la justicia ordinaria.
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El Gobierno también ha señalado que la discusión presupuestal no constituye, desde su perspectiva, una intervención sobre la independencia judicial. De La Espriella ha sostenido que corresponde al Ejecutivo y al Congreso discutir la distribución de los recursos públicos.
Por su parte, la JEP ha advertido que una reducción de recursos podría afectar su capacidad para cumplir con las funciones establecidas en el Acuerdo de Paz y en la Constitución.
¿Qué ejemplo puso Rodrigo Lara sobre la austeridad?
Para explicar la posición del Gobierno, Lara puso como ejemplo el propio Ministerio del Interior.
El funcionario aseguró que de los recursos que todavía están pendientes de ejecutar durante 2026, aproximadamente $330.000 millones, la cartera devolverá cerca de $120.000 millones.
De acuerdo con sus declaraciones, esto representa más de una tercera parte del remanente presupuestal que quedaba por ejecutar en el ministerio.
“Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, incluyendo a la JEP, por supuesto, los órganos de control, todos”, afirmó Lara.
La discusión sobre la JEP queda así vinculada a un debate más amplio sobre el gasto público y la situación fiscal del país. El Gobierno sostiene que las diferentes entidades estatales deben reducir gastos considerados no prioritarios, mientras que la JEP ha defendido la necesidad de contar con los recursos suficientes para cumplir su mandato.
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Por ahora, el Gobierno no ha anunciado la eliminación de la JEP. Lo que sí está sobre la mesa es una discusión sobre su presupuesto para 2027 y sobre los resultados que la administración de De La Espriella espera de la jurisdicción.
El debate continuará en el Congreso durante la discusión del Presupuesto General de la Nación, mientras que cualquier eventual propuesta de reforma o reestructuración de la JEP deberá ser anunciada y tramitada por los canales institucionales correspondientes
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