Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta ahorros por 83.8 mil millones de pesos en dos años mediante estrategias de prevención
CIUDAD DE MÉXICO. — Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado un ahorro acumulado de 83 mil 800 millones de pesos en los últimos dos años, resultado de la implementación de mejores prácticas preventivas, optimización en procesos de adquisiciones y un seguimiento riguroso en la administración de contratos públicos.
La mandataria federal destacó que estos recursos se han evitado gracias al control sobre los costos de obras, bienes y servicios, subrayando que el combate a las malas prácticas se canaliza de manera institucional hacia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o, en casos de mayor gravedad, ante la Fiscalía General de la República. Asimismo, se dio a conocer que la dependencia trabaja de manera coordinada con el Poder Judicial y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el diseño de nuevas normativas para consolidar la gestión pública transparente.
Por su parte, la titular de la SABG, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el desglose de los ahorros incluye 29 mil millones de pesos derivados de mejoras en compras mediante el diálogo con proveedores; 42 mil 200 millones obtenidos a través del seguimiento a contratos para evitar sobrecostos e incumplimientos; 4 mil 800 millones por la recuperación de multas, adeudos y penalizaciones; y 7 mil 800 millones generados mediante la eficiencia y reestructuración administrativa del aparato gubernamental.
En el ámbito internacional y de percepción ciudadana, la funcionaria señaló que México ocupa el quinto lugar entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor confianza de la ciudadanía en su gobierno nacional, así como el octavo sitio en confianza hacia el servicio público. Adicionalmente, se reportó la aplicación de más de 4 mil sanciones a servidores públicos, la inhabilitación de proveedores y la presentación de denuncias penales por delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones, fortaleciendo los mecanismos de integridad institucional.
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