La Iglesia católica panameña admite 24 casos de abuso sexual entre 2001 y 2025
La Arquidiócesis de Panamá reconoció este martes la existencia de 24 casos de abuso sexual con responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025, pero admitió que los gestionó con fallas profundas de registro y procedimiento que impidieron, en la práctica, reparar a las víctimas.
El dato más revelador del informe de 130 páginas presentado en Ciudad de Panamá: en ninguno de los 24 expedientes analizados consta que la institución haya notificado formalmente a las partes el resultado de las investigaciones.
El estudio fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School, escuela de derecho de la Universidad de Notre Dame, y la Fundación Universidad Villanueva, de España, a pedido de la propia Arquidiócesis y sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede.
Según la agencia EFE, es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional diseñado para examinar de forma sistemática cómo responde una estructura eclesial ante denuncias de este tipo.
La prevención recibió la peor calificación: 6.25 sobre 100
El informe partió de un universo de 37 denuncias documentadas entre 2001 y 2025. De ese total, 24 involucraban responsabilidad institucional directa de la Arquidiócesis: nueve de ellas afectaron a menores de edad y 11 a personas en condición de vulnerabilidad.
Las 13 restantes correspondían a otras diócesis, quedaban fuera del alcance temporal o carecían de datos suficientes para ser clasificadas.
La Comisión accedió a los archivos diocesanos más reservados —el archivo secreto del arzobispo, el del Vicario Judicial y el del Tribunal Eclesiástico— y complementó ese análisis con testimonios directos, una encuesta a agentes pastorales y un relevamiento de la cobertura mediática del período.
Ningún caso fue iniciado de oficio por la institución
Entre los hallazgos que EFE recoge del documento, uno resulta especialmente contundente: en ninguno de los 24 casos consta que la Arquidiócesis haya actuado por iniciativa propia. La mayoría de las denuncias —13— fueron presentadas directamente por las personas afectadas.
Pese a eso, la atención a la víctima resultó ser la dimensión menos documentada de todo el proceso. Solo en uno de los 24 expedientes hay evidencia de acompañamiento especializado, acceso real a la información del proceso y participación en las etapas.
En ninguno consta una evaluación del daño. En dos casos, el informe señala de forma expresa que no hubo medidas de reparación.
“El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación”, señala el documento según EFE. “Los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento.”
El perfil de las víctimas no coincide con los datos del Estado
La Comisión detectó una discrepancia significativa entre el perfil de las víctimas que aparece en los expedientes diocesanos y el que registra el Ministerio Público panameño.
En el universo global de 37 casos, el 54% de las víctimas con constancia documental son menores varones. En los registros estatales, en cambio, las víctimas son mayoritariamente niñas y adolescentes de sexo femenino.
Esa brecha no es un dato menor en el contexto regional. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público de Panamá registró 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual a nivel nacional, frente a 4,072 en el mismo período de 2025: un incremento del 13%, según datos de TVN Panamá.
La pregunta que el informe responde es esta: ¿qué hizo la Iglesia panameña con las denuncias de abuso que recibió en más de dos décadas? La respuesta es que abrió investigaciones y tomó decisiones, pero no las documentó con suficiente rigor, no notificó los resultados a las víctimas y no evaluó ni verificó ninguna forma de reparación del daño.
El informe llega en un momento de mayor escrutinio en América Latina
La publicación del informe panameño se produce en un contexto de creciente presión sobre la Iglesia Católica en la región.
En agosto de 2025, la coalición ecuatoriana COVSFE publicó el primer informe integral sobre abuso clerical en ese país, que documentó patrones de encubrimiento institucional y reasignaciones de sacerdotes acusados.
En Bolivia, una investigación judicial contra dos altos funcionarios jesuitas reveló que la orden ocultó casos de abuso desde la década de los 80, según informó El País.
A escala global, la Comisión Pontificia Tutela Minorum publicó en octubre de 2025 su segundo informe anual sobre el estado del abuso clerical. El documento señaló “el papel parcial e insuficiente de la compensación económica a las víctimas” como uno de los problemas más extendidos, una descripción que coincide punto por punto con lo que ahora documenta la Comisión de Transparencia en Panamá.
24 recomendaciones, con tres de aplicación urgente
La Comisión formuló 24 recomendaciones. Entre las que considera urgentes, EFE destaca tres: establecer un protocolo único de recepción, registro y trazabilidad de cada caso; aplicar mecanismos de evaluación del daño y reparación —económica y simbólica— con verificación de su cumplimiento; y formalizar la prevención, que recibió la calificación más baja del informe: 6.25 sobre 100.
Esa última dimensión incluye la elaboración de códigos de conducta, normas de interacción, regulación del entorno digital, verificación de antecedentes de candidatos y formación periódica obligatoria con registro verificable.
La Comisión también pidió dotar a los organismos competentes de personal con formación canónica, victimológica y archivística. La falta de ese perfil profesional, advierte el informe, es una “carencia de gobierno” cuya provisión correspondía a la autoridad diocesana y que explica, en gran medida, la informalidad que atraviesa dos décadas de expedientes.
El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, había anunciado el proceso en enero de 2026 con el compromiso de una “honestidad institucional” y bajo una declarada política de tolerancia cero. El informe presentado este martes es el resultado de ese encargo.
Infobae
