Aduanas busca frenar importaciones con valores declarados por debajo del real

Mariana Perez

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) explicó a groso modo la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, que forma parte del Paquete Económico 2027, y que busca ampliar las herramientas de la autoridad para detectar y actuar ante posibles casos de subvaluación de mercancías, es decir, cuando una importación se declara por un valor menor al que corresponde.
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, destacó que México registra un alto volumen de operaciones de comercio exterior.
Indicó que las aduanas procesan alrededor de 1.8 a 1.9 millones de operaciones mensuales, entre importaciones y exportaciones, y que 17 de las 50 aduanas del país concentran aproximadamente 96% de estas operaciones.
Por lo que, expresó que el planteamiento principal de la iniciativa es eliminar el requisito que actualmente permite un embargo precautorio por valoración cuando el valor declarado es 50 por ciento o más inferior al valor de mercancías idénticas o similares.
Romero Gutiérrez explicó que, bajo la regla vigente, una diferencia de 49 por ciento no permite a la autoridad realizar ese embargo precautorio por esta causal.
“La iniciativa propone eliminar ese umbral porque hoy funciona como una condición adicional para la actuación precautoria”, afirmó.
El funcionario aclaró que eliminar el umbral de 50 por ciento no significa que cualquier diferencia de precio sea considerada automáticamente una irregularidad, pues dijo existen razones legítimas para que mercancías similares tengan precios diferentes, como el volumen de compra, las condiciones comerciales, las características del producto o el país de origen.
También aseguró que la iniciativa no modifica los métodos de valoración aduanera establecidos en los artículos 72 y 73 de la Ley.
Añadió que la propuesta contempla además un parámetro de 20 por ciento, pero con una función distinta.
Manifestó que, el 20 por ciento no sustituiría al 50 por ciento como regla para determinar automáticamente una subvaluación, sino que serviría para establecer bajo qué condiciones un embargo precautorio podría sustituirse mediante una garantía.
Romero Gutiérrez explicó que, cuando la diferencia sea menor a 20 por ciento, podría utilizarse una garantía en una cuenta aduanera o un depósito en efectivo, y cuando la diferencia sea de 20 por ciento o más, la propuesta establece que la sustitución se realice mediante depósito en efectivo.
“No se está eliminando la garantía, se separan las formas en las que se puede garantizar y el umbral se hace del 20%”, explicó.
Otro de los cambios planteados es que, cuando exista una diferencia entre el valor declarado y el valor determinado conforme a la legislación, la autoridad aduanera inicie de oficio sus facultades de comprobación.
Sostuvo que esto busca evitar que la decisión de revisar una operación dependa de criterios individuales.
“Lo que se intenta hacer con esta modificación es justo que no sea discrecional cuáles sí se revisan y cuáles no se revisan”, señaló el titular de la agencia.
Para realizar estas revisiones, la dependencia utilizaría un sistema de inteligencia de valor, que analiza factores como los antecedentes del importador y de las agencias aduanales, el sector económico, la cantidad de mercancías y el tamaño de una posible discrepancia.
Romero Gutiérrez aseguró que las reglas utilizadas por este sistema serán públicas.
“Con ese sistema, básicamente cualquier aplicando las mismas reglas va a poder replicar los resultados que nosotros nos dé sobre la valoración y sobre la priorización de los embarques”, afirmó.
Afirmó que si durante el procedimiento el interesado demuestra que la mercancía ingresó legalmente, que no existe la irregularidad señalada o que el valor fue correctamente determinado, la mercancía y, en su caso, la garantía correspondiente deberán ser devueltas.
Romero Gutiérrez explicó que el procedimiento administrativo se mantiene y que la propuesta establece con mayor claridad la devolución cuando la autoridad determine que el embargo no procedía.
También planteó mantener un plazo máximo de cuatro meses para resolver los procedimientos una vez que el expediente esté debidamente integrado.
Apuntó que los sectores considerados de mayor riesgo son textiles, confección y calzado, pero aclaró que la problemática no se limita a ellos.
Agregó que la autoridad también ha detectado posibles casos relacionados con aluminio, vehículos, mochilas, útiles escolares y productos electrónicos, incluido el denominado mercado gris.
Dejo en claro que esto es importante porque una declaración menor al valor correspondiente puede reducir las contribuciones que deben pagarse y generar condiciones de competencia desfavorables para productores nacionales.
La propuesta deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados en el marco del Paquete Económico 2027.

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