Ley de sometimiento: ministro de Justicia reveló las condiciones que plantea el Gobierno

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El Gobierno Nacional avanza en la construcción de una ley de sometimiento dirigida a integrantes de grupos armados y organizaciones criminales que decidan dejar las armas y responder ante la justicia colombiana. El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre la iniciativa y dejó claro que el mecanismo no contempla negociaciones políticas con las estructuras ilegales.

El proyecto será presentado ante el Congreso de la República y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Presidencia. De acuerdo con Cancino, la propuesta utilizará como marco jurídico la Ley 418, norma que ha sido utilizada por diferentes gobiernos para establecer instrumentos relacionados con el orden público y la búsqueda de mecanismos de sometimiento.

Sin embargo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella plantea condiciones diferentes a las utilizadas durante la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro. Uno de los principales puntos anunciados es que los grupos que pretendan acogerse no recibirán estatus político y no tendrán espacios de negociación con el Estado.

¿Qué propone la ley de sometimiento del Gobierno?

Según explicó Iván Cancino, la iniciativa parte de una diferencia central frente a un proceso de negociación política: quienes quieran acogerse tendrán que someterse a la justicia y cumplir una serie de condiciones establecidas por la ley.

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“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones”, afirmó el ministro de Justicia al explicar el alcance del proyecto.

Cancino agregó que la interlocución con quienes quieran someterse no se realizará bajo una mesa política. La comunicación con el Gobierno deberá hacerse mediante abogados, debido a que el proceso tendrá un carácter principalmente jurídico.

La Presidencia también confirmó que el proyecto no contempla mesas de diálogo, zonas de concentración ni reconocimiento político para las organizaciones criminales. El Gobierno sostiene que busca convertir la iniciativa en una política de Estado y no en una medida limitada al actual periodo presidencial.

El ministro explicó además que quienes decidan acogerse deberán realizar aportes relacionados con verdad, justicia, reparación, desmovilización y desarme, además de entregar información que permita avanzar en investigaciones sobre cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.

Víctimas, bienes y vínculos políticos serán parte del proceso

Uno de los elementos que el Gobierno plantea como condición para acceder a los beneficios es la contribución efectiva al esclarecimiento de los hechos cometidos por las organizaciones.

Cancino señaló que la iniciativa también contempla que los integrantes de las estructuras criminales entreguen información sobre actos de corrupción y posibles vínculos políticos que hayan establecido durante sus actividades ilegales.

“Si no hay aporte a la corrupción que haya generado o a vínculos con políticos, pues también tendrá difícil someterse a la ley u obtener los propios beneficios que tiene ella”, explicó el funcionario.

La propuesta también ubica a las víctimas como un elemento central del proceso. De acuerdo con los detalles entregados por el ministro, el acceso a determinados beneficios estará condicionado al cumplimiento de compromisos de reparación y verdad.

El proyecto contempla además que quienes se sometan deberán entregar sus bienes obtenidos mediante actividades ilegales, así como información relacionada con las economías ilícitas de las estructuras. El objetivo es que el proceso no se limite a la entrega de armas, sino que permita afectar las estructuras económicas y criminales.

En materia de libertad condicional, el Gobierno también plantea condiciones diferentes. La propuesta establece que el condenado deberá cumplir una proporción mayor de la pena antes de acceder a ese beneficio: cuatro quintas partes, frente a las tres quintas partes contempladas actualmente en el régimen ordinario, según los detalles conocidos del proyecto.

¿Cuánto podrían reducirse las penas?

Otro de los puntos que generó atención es el relacionado con las rebajas de pena. El ministro de Justicia explicó que el porcentaje dependerá del nivel de responsabilidad que tenga cada integrante dentro de la organización.

Para quienes ejerzan funciones de liderazgo o tengan poder de mando, la reducción no podría superar el 30 % de la pena. Para los demás integrantes de las estructuras criminales, la rebaja podría llegar hasta el 50 %.

Cancino aclaró que estos porcentajes no representan un beneficio automático. El acceso dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas y de los aportes realizados durante el proceso de sometimiento.

La diferencia entre los rangos busca establecer un tratamiento distinto dependiendo de la responsabilidad que cada persona haya tenido dentro de la organización.

Además, el proyecto contempla que las personas sometidas permanezcan en cárceles ordinarias, sin la creación de establecimientos especiales para los integrantes de grupos armados.

“No va a haber cárceles especiales”, afirmó Cancino, aunque explicó que se están adecuando centros con mayores niveles de seguridad y control.

¿Qué pasará con las capturas y extradiciones?

Otro de los puntos anunciados por el ministro es que la eventual entrada en vigencia de la ley no suspenderá las órdenes de captura ni los procesos de extradición.

Cancino fue enfático al responder sobre este asunto y aseguró que las extradiciones continuarán vigentes. Esto significa que el sometimiento a la justicia colombiana no implicaría automáticamente la suspensión de solicitudes o procedimientos de extradición que estén en curso.

El funcionario también señaló que las personas que ya se encuentran capturadas no podrán ingresar al mecanismo bajo las mismas condiciones de quienes decidan someterse antes de ser detenidos.

“Las personas que ya estén capturadas (...) tampoco van a ser parte de la ley de sometimiento”, sostuvo.

El Gobierno busca así diferenciar entre quienes voluntariamente decidan abandonar las actividades criminales y entregar las armas y quienes sean capturados como resultado de operaciones de la Fuerza Pública.

La iniciativa todavía debe avanzar en su trámite institucional antes de llegar al Congreso. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa definiendo los mecanismos jurídicos para establecer las condiciones de sometimiento y los beneficios a los que podrían acceder quienes cumplan con las exigencias de verdad, reparación, desarme y colaboración con las autoridades.