Condenaron a 24 años a la “Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre
El Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín condenó a 24 años de prisión a Eva Petrona Pereyra, conocida como la “Tía Eva”, por haber encabezado el Templo Filadelfia y ser responsable de una asociación ilícita que sometió a personas a trata con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La mujer, de 81 años, recibió la pena más alta de un juicio que terminó además con otros 26 condenados, reparaciones económicas para 27 víctimas por $2.170.467.831,20 y el decomiso de 46 inmuebles, 12 vehículos y dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.
El Templo Filadelfia era una congregación religiosa con sede principal en San Justo, partido de La Matanza, cuya actividad fue situada en la causa entre 1972 y el 1.º de diciembre de 2020. Con el tiempo extendió su presencia a distintos puntos de la Argentina y también a Paraguay y Brasil. Quienes ingresaban a la comunidad religiosa quedaban sujetos a una rígida jerarquía que regulaba aspectos centrales de su vida cotidiana, mientras realizaban trabajos sin salario, vendían productos en la vía pública y entregaban a las autoridades el dinero obtenido. En algunos casos, familias enteras se desprendieron de viviendas u otros bienes.
El veredicto fue dictado este lunes por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Pereyra, detenida desde el 17 de mayo de 2019 y alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, fue considerada jefa u organizadora de una asociación ilícita, coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada y partícipe necesaria de la supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.
Los fundamentos todavía no fueron difundidos. El tribunal fijó el 18 de noviembre a las 13.30 para explicar cómo atribuyó las distintas responsabilidades penales y valoró la prueba producida durante el debate.
La pena impuesta a Pereyra coincide con la que había solicitado en junio el fiscal general Alberto Gentili, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público Fiscal. También participaron víctimas constituidas como querellantes: la defensora pública Inés Jaureguiberry, junto con Gonzalo Artola y Dolores Neira, representó a cuatro de ellas, mientras que la abogada Mariana Barbitta, acompañada por María Viñas y Lucas Melo, patrocinó a otras cinco.
Durante su alegato, Gentili describió un entramado en el que confluyeron criminalidad organizada, violencia contra las mujeres y distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sostuvo que no se trató de episodios aislados, sino de procesos de sometimiento prolongados que, en algunos casos, atravesaron buena parte de la vida de las víctimas.
El expediente reconstruyó mecanismos de aislamiento, vigilancia, castigo, traslado y control de los vínculos personales. Pero el poder de la organización no se asentaba únicamente en la coerción material: estaba sostenido por una estructura religiosa que revestía las órdenes de un carácter divino.
Las “ungidas”, los pastores y una vida regulada desde arriba
En la cúspide estaban Eva Pereyra, su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, estas últimas fallecidas antes del juicio. Dentro de Filadelfia eran consideradas “ungidas de Dios” y se les atribuía la capacidad de recibir “mensajes del Señor”, interpretar sus designios y comunicarlos a los fieles.
Esa condición les confería una autoridad que iba mucho más allá de la conducción espiritual. Una orden podía ser presentada como la expresión de la voluntad divina y, por lo tanto, desobedecerlas equivalía dentro del sistema de creencias a contrariar a Dios. Así intervenían sobre cuestiones concretas: dónde vivir, qué trabajo realizar, qué destino dar al dinero, si continuar los estudios, con quién relacionarse y hasta qué pareja formar.
La estructura se completaba con pastores que sostenían ese entramado doctrinario. Miguel Evangelista Mora Bogado fue identificado durante la investigación como el pastor principal, encargado del adoctrinamiento teológico. Junto con Rigoberto Ismael Mora Bogado, también participaba del acercamiento a familias atravesadas por dificultades, a las que se ofrecía la posibilidad de encontrar en la llamada “casa de Dios” una forma de “restaurar” sus vidas.
La captación podía comenzar con personas afectadas por problemas económicos, enfermedades, baja escolaridad o todo tipo de conflictos familiares. A medida que el vínculo se profundizaba, la integración a la comunidad podía asumir el carácter de un mandato espiritual. Así se consolidó durante años la dinámica interna de la secta religiosa, donde la dependencia material se combinaba con la creencia de que sus máximas autoridades mantenían un vínculo privilegiado con Dios.
Uno de los momentos centrales de la vida comunitaria, de acuerdo a los testimonios recabados, eran las denominadas “Fiestas del Señor”, celebraciones anuales realizadas en la sede principal de San Justo. Incluían cantos, danzas y alabanzas y podían prolongarse durante horas. En esas ceremonias, Pereyra se presentaba ante los asistentes como una persona capaz de canalizar mensajes divinos y formulaba supuestas profecías.
También allí aparecía la idea de entrega y del sacrificio. Durante el juicio oral se describieron situaciones en las que los fieles eran exhortados a desprenderse de aquello que consideraban más valioso: dinero, bienes o propiedades y, en determinados relatos, incluso un hijo que quedaba bajo disposición de las autoridades religiosas.
El caso de Julieta C. permitió mostrar cómo ese proceso podía involucrar a una familia completa. Vivía con su madre y seis hermanos en González Catán; su padre se había alejado y la mujer trabajaba como empleada doméstica. En medio de dificultades económicas, comenzaron a frecuentar primero un anexo de Filadelfia y después la sede central.
En 2000, según declaró la joven constituida como querellante, Pereyra y Adriana Carranza le comunicaron a su madre que Dios quería que tres de sus hijos ingresaran al “discipulado”. La mujer se resistió inicialmente, pero recibió advertencias sobre las consecuencias de contrariar aquello presentado como un mandato divino.
Después de la crisis de 2001, terminó vendiendo la casa familiar. El dinero de la operación fue colocado en un sobre y entregado dentro del Templo.
“Nunca supe cuánto tenía adentro”, declaró Julieta.
La familia pasó entonces a residir en propiedades vinculadas con la congregación. Allí, diferentes testimonios describieron hacinamiento, habitaciones compartidas, varias personas durmiendo en una misma cama o colchón, alimentación insuficiente, pocas horas de descanso y acceso limitado a elementos de higiene.
Tampoco existía plena libertad de movimiento. Para salir había que pedir autorización y, durante los recorridos de venta ambulante, quienes tenían menos antigüedad solían ser acompañados por integrantes cercanos a las autoridades.
El aislamiento alcanzaba además a la educación. Niños y adolescentes podían abandonar tempranamente la escuela para incorporarse al trabajo de la comunidad. Coria recordó que se le transmitía que bastaba con conocer operaciones matemáticas básicas para poder trabajar y “servir a Dios”.
Ella terminó dejando el colegio.
Panificados, venta ambulante y dinero entregado al Templo
El trabajo constituyó uno de los pilares económicos del Templo Filadelfia y quedó en el centro de las condenas por reducción a la servidumbre y trata con fines de explotación laboral.
Entre las principales actividades estaba la elaboración de productos panificados, que después eran distribuidos entre los integrantes para su venta ambulante. También comercializaban medias, vasos, tazas, cremas y otros artículos. A ese circuito se sumaban tareas domésticas, albañilería, limpieza, construcción, cuidado de campos y animales y empleos para terceros.
La recaudación no quedaba en manos de quienes trabajaban: los ingresos eran entregados a Filadelfia y administrados por su conducción.
Liliana Beatriz Barrionuevo describió esa dinámica desde adentro. Llegó al juicio como acusada y terminó condenada a cinco años y nueve meses, aunque durante el debate también se presentó como una persona que había quedado sometida al sistema desde niña.
Conoció la congregación cuando tenía unos nueve o diez años. A los 13, según contó, Pereyra le comunicó que había sido elegida para servir a Dios. Un año después dejó la escuela y a los 15 ingresó al discipulado.
Allí, recordó, la comida estaba racionada y se compartían colchones. Cuando faltaba gas, debían bañarse con agua fría incluso durante el invierno.
“Dormíamos en donde podíamos”, dijo ante el tribunal.
Primero limpió las instalaciones y la ropa de las dirigentes. Más adelante comenzó a trabajar como empleada doméstica y caminaba unas 80 cuadras entre la ida y el regreso.
“El dinero que ganaba se lo entregaba en su totalidad a la señora Eva”, declaró.
Después fue enviada a Paraguay, donde vendió comidas y realizó tareas de limpieza, y también pasó por Brasil y Salta. Su experiencia se sumó a la de otras víctimas trasladadas dentro y fuera del país para trabajar en actividades vinculadas con la comunidad.
La servidumbre, además, no terminaba con las labores destinadas a generar ingresos. Los integrantes debían atender personalmente a las dirigentes, limpiar sus viviendas, cocinarles y ocuparse de sus necesidades cotidianas. El expediente incorporó relatos sobre personas que incluso tenían que dormir a los pies de las “ungidas” para asistirlas durante la noche. Otros fieles intervenían en la construcción de templos, casas y propiedades.
De esa manera, el trabajo gratuito, la apropiación de la recaudación y las tareas de servicio personal convivieron con el crecimiento del patrimonio vinculado con Filadelfia.
El sometimiento se reforzaba mediante un régimen disciplinario. Usar parte del dinero de una venta para comprar comida, expresar deseos de abandonar la comunidad o cuestionar una orden podía derivar en golpes, insultos, humillaciones, aislamiento o traslados.
Uno de los destinos más temidos era “El Descanso”, un campo ubicado en Balcarce, alejado de centros urbanos y donde las condiciones de vida fueron descriptas como especialmente precarias.
La imputada Barrionuevo relató también una escena cotidiana. Una vez, ella y otra joven gritaron al encontrarse con una cucaracha. Pereyra las reprendió y las obligó a permanecer durante horas de rodillas frente al altar pidiendo perdón.
“Las ungidas eran la autoridad absoluta e indiscutible”, resumió.
Parejas decididas y “bendiciones” sexuales
La autoridad de las dirigentes llegaba también a la vida afectiva. Las parejas podían ser decididas desde la conducción y presentadas como otra manifestación de la voluntad de Dios, mientras que rechazarlas podía provocar presiones o castigos.
Barrionuevo contó que a los 18 años se enamoró de un joven de Filadelfia, pero Divina Luz Pereyra se opuso. Tiempo después le comunicaron que Dios había elegido como pareja para ella a Ramón Omar Carranza, hijo de Divina Luz, con quien finalmente se casó.
Carranza fue condenado este lunes a 14 años de prisión.
El veredicto tuvo consecuencias directas sobre otras dos uniones. El tribunal declaró nulo el matrimonio celebrado en 1987 entre Néstor Antonio Tacuabe y Juana Rosa Maldonado, al establecer que había sido contraído bajo constreñimiento y sin consentimiento. Adoptó la misma decisión respecto del casamiento de Esteban Darío Alegre Herrera y Magdalena Elizabeth Cardozo, realizado en 2007.
Además, los jueces ordenaron modificar las filiaciones maternas de David Jonatan Carranza y Pablo Elías Carranza, porque las mujeres que figuraban registradas como sus madres -Divina Luz Pereyra y Adriana del Valle Carranza- no eran sus progenitoras biológicas.
La sexualidad fue otra dimensión de ese control. Barrionuevo declaró sobre prácticas conocidas como “bendiciones”, algunas de las cuales comenzaban con danzas espirituales. Contó que Pereyra bailaba abrazada a ella, acercaba sus labios y realizaba tocamientos. También describió encuentros a los que algunas personas eran convocadas a determinada hora y en los que luego se apagaban las luces.
Durante años, explicó, interpretó esas situaciones como manifestaciones de una elección espiritual.
El fiscal Gentili retomó en su alegato los testimonios sobre tocamientos, frotamientos y otros avances corporales para describir las formas en que la jerarquía intervenía sobre la sexualidad de los integrantes.
La fiscalía había atribuido a la “Tía Eva” Pereyra abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores al momento de los hechos. Sin embargo, esos delitos no figuran entre aquellos por los que fue condenada este lunes. El veredicto declaró además extinguida por prescripción la acción penal respecto de uno de esos episodios. Las razones serán conocidas cuando el tribunal difunda los fundamentos.
Las 27 condenas y el patrimonio
Durante el juicio declararon más de 200 testigos. Entre ellos, y casi al inicio, estuvo Julieta C., quien había dejado el templo en 2016 y dos años después presentó la denuncia que dio origen al expediente.
Ante los jueces, resumió el momento en que comenzó a revisar desde afuera lo vivido: “Yo un día me senté a denunciar esto y me enteré de que mi vida había sido una pesadilla”.
El veredicto alcanzó finalmente a 27 acusados.
Después de Pereyra, la segunda pena más alta correspondió a Rigoberto Ismael Mora Bogado, condenado a 21 años de prisión.
Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Noemí Lemos, Norma Haydee Valdez, Mónica Susana Gutiérrez, Norma Beatriz Gutiérrez, Guillermo David Alza, María Luisa Alza y Martín Carlos Cáceres recibieron 18 años.
A Ruth Elizabeth Mora Bogado le impusieron 15 años, mientras que Katherine Esther Alegre Herrera, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Omar Carranza y Claudio Rubén Álvarez fueron condenados a 14 años.
Osvaldo Horacio Gutiérrez recibió 10 años y nueve meses; Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Gabriel Aguirre, ocho años; Carlos Matías Barrionuevo, seis años y nueve meses; Olga Mabel Carranza y Liliana Beatriz Barrionuevo, cinco años y nueve meses; y Pablo Elías Carranza y Claudia Elizabeth Acosta, cinco años.
Por último, Víctor Abraham Ayunta fue condenado a cuatro años y seis meses y Damaris Fernanda Sabich, a tres años y nueve meses. Ambos fueron absueltos de trata de personas agravada, aunque recibieron condenas por asociación ilícita.
El impacto económico del caso quedó reflejado también en las decisiones patrimoniales. Gentili había solicitado el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos. El tribunal ordenó finalmente decomisar 46 propiedades, 12 automotores y el dinero secuestrado en moneda nacional y extranjera.
Entre los bienes hay casas, departamentos, terrenos y campos ubicados en La Matanza, Mar del Plata, Balcarce, Bahía Blanca, San Miguel del Monte, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Otros dos inmuebles de San Justo continuarán bajo análisis por vía incidental.
A ese patrimonio se suman 15 vehículos cuya subasta había sido ordenada durante la instrucción en diciembre de 2020, medida que el tribunal mantuvo.
Los bienes decomisados quedaron vinculados con las reparaciones para las víctimas. La sentencia fijó compensaciones para 27 personas por $2.170.467.831,20, monto que deberá actualizarse con la tasa activa del Banco Nación hasta el momento del pago.
La reparación individual más alta asciende a $223.338.864 y otra fue fijada en $207.642.176, además de otras sumas individualizadas.
El fallo ordenó también dar de baja al Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y puso las actuaciones a disposición del Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos surgidos durante las audiencias en relación con la atención médica de las víctimas y otros hechos mencionados durante el debate.
La causa se había iniciado con una denuncia presentada el 18 de diciembre de 2018 ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Matanza. Más tarde pasó al fuero federal y la instrucción quedó en manos de Sebastián Basso, titular de la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.
El juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024. Este lunes, casi dos años después, llegó el veredicto.
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