Extinsión de dominio a almacenes de Koaj y Lili Pink: Ejército y Fiscalía ocuparon varios locales que estarían vinculados a una presunta red de lavado de activos
En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales y de seguridad del país contra las economías ilícitas, en la mañana del lunes 21 de septiembre el Ejército Nacional entregó detalles del operativo adelantado de forma simultánea en Bogotá y Cundinamarca que dejó decenas de bienes intervenidos y bajo proceso de extinción de dominio.
Según las autoridades, las propiedades estarían al servicio de una presunta organización criminal transnacional que, entre otras, se habría apoderado de varios establecimientos de las marcas Koaj y Lili Pink que fueron alcanzadas por las medidas cautelares.
La operación incluyó inmuebles urbanos y rurales que, según las autoridades, podrían tener relación con recursos obtenidos mediante lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. La decisión no define aún la propiedad definitiva de los bienes: los afectados podrán controvertirla dentro del proceso judicial.
La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el operativo se realizó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las autoridades impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 propiedades avaluadas en más de 379.000 millones de pesos. La medida impide que los predios sean vendidos, transferidos o dispuestos mientras la investigación sigue su curso.
El conjunto de bienes incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales. Los investigadores buscan establecer si fueron adquiridos con recursos ilícitos o si guardan vínculo con las actividades bajo indagación.
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, indicó que 21 de los inmuebles intervenidos se encuentran en Bogotá.
La mayoría de esas propiedades está situada en los sectores de Unicentro y Toberín. En esa zona quedaron cobijados locales comerciales vinculados a Koaj y Lili Pink. Los otros 17 predios están ubicados en Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. Se trata de inmuebles rurales sobre los que también recayeron restricciones cautelares.
La Fiscalía ya investigaba a Lili Pink por presunto contrabando y lavado
La nueva intervención se relaciona con una investigación previa de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos.
El 16 de septiembre, el ente acusador anunció medidas cautelares sobre 45 bienes valorados en más de 184.615 millones de pesos. Esas propiedades estaban repartidas entre Bogotá y seis departamentos.
El paquete incluyó 17 inmuebles rurales y 28 urbanos. Los bienes se ubicaban en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.
La Fiscalía hizo pública la investigación el 27 de abril, cuando las autoridades intervinieron más de 400 tiendas que comercializaban la marca. Durante ese operativo también capturaron a varias personas.
Entre los procesados figura el abogado Walter Martínez Martínez, a quien imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Según el ente investigador, la presunta estructura habría empleado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. El objetivo habría sido ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos para luego distribuirlos con apariencia de legalidad.
La investigación examina operaciones por más de 730.000 millones de pesos
La Fiscalía calcula que el entramado investigado estaría vinculado con operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos. El expediente también contempla un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones.
Esas cifras forman parte de la hipótesis de investigación de la Fiscalía. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y empresariales que correspondan.
La SAE asumirá la administración de los inmuebles ocupados durante el trámite judicial. Al final del proceso, las propiedades podrían regresar a sus titulares o pasar de forma definitiva a manos del Estado.
Los propietarios, poseedores y demás personas afectadas podrán presentar argumentos y controvertir las medidas cautelares. La Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos o el nexo de los bienes con las actividades investigadas.
Infobae
