Irlanda multa con 403 millones a Google por incumplir normas en el tratamiento de los datos de ubicación

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) ha sancionado a Google con 403 millones de euros tras una investigación acerca del uso de los datos de geolocalización y ubicación de los clientes que determinó incumplimientos en varias de sus herramientas.

De esta manera, Google infringió normas en la recopilación y tratamiento de datos de localización en las funciones de "Actividad web y de aplicaciones", "Historial de ubicaciones" y "Precisión de la ubicación", achacando falta de transparencia.

Además de la sanción, la Comisión, que inició la investigación en febrero de 2020 a raíz de las quejas de varias organizaciones de consumidores, ha determinado que la firma tecnológica debe adaptar su sistema de procesamiento de datos a la normativa en un plazo de 6 meses.

"Los datos de ubicación son un tipo de datos personales que se procesan mediante el seguimiento de la ubicación e incluyen datos recopilados o procesados por Google, que por sí solos o en combinación con otra información permiten inferir la ubicación de una persona. Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a las personas. Pueden mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre una persona, incluyendo información que es inherentemente privada", ha destacado el subcomisionado de la DPC, Graham Doyle.

"Debido a las deficiencias de Google en este sentido, algunas personas podrían desconocer que su ubicación se utilizaba, por ejemplo, para influir en ellas con anuncios o para inferir sus intereses, y podrían perder el control sobre sus datos personales. La retención de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control", ha añadido.

"BUENA NOTICIA PARA LOS CONSUMIDORES"

La Organización Europea de Consumidores (BEUC), quien fue uno de los organismos que hace más de ocho años trasladó su descontento por el tratamiento de los datos de Google, ha celebrado la decisión y la ha calificado como "importante" para los consumidores europeos.

"La decisión es una buena noticia para los consumidores, ya que responsabiliza a Google y confirma la ilegalidad de la forma en que el gigante tecnológico obtuvo el consentimiento para usar los datos de ubicación de las personas. Sin embargo, el tiempo necesario para llegar a esta conclusión es desproporcionado con la gravedad de la infracción. Una aplicación tardía de la ley puede ser tan perjudicial como la ausencia total de aplicación. Los derechos fundamentales de los consumidores deben protegerse con mayor rapidez y eficacia", ha indicado el director general de BEUC, Agustín Reyna.

La organización considera que los datos de geolocalización suponen una de las formas "más invasivas" en la estrategia comercial de las tecnológicas debido a su capacidad para revelar información sensible como las creencias religiosas, el estado de salud, las opiniones políticas o la orientación sexual de las personas afectadas.

"Google lleva años rastreando a cientos de millones de consumidores europeos para obtener la mayor cantidad de información posible sobre ellos. Los datos de ubicación pueden ser extremadamente sensibles, ya que revelan mucho sobre nuestra vida privada: a qué colegio van nuestros hijos, cuántas veces hemos visitado un hospital o incluso un lugar de culto", ha añadido Reyna.