Marruecos, entre el despegue económico y el desencanto de una generación

Rabat, 21 sep (EFE).- Marruecos llega a las legislativas del miércoles con una economía en crecimiento, grandes proyectos de infraestructuras y una diplomacia en expansión pero también con un reto pendiente: crear empleo y oportunidades, especialmente para los jóvenes.

Con unos 38 millones de habitantes, el país ha acelerado en las últimas dos décadas su transformación económica. El puerto de Tánger Med -el mayor del Mediterráneo-, el desarrollo de las industrias del automóvil y la aeronáutica, las inversiones vinculadas al Mundial 2030 y la expansión de las infraestructuras han convertido a Marruecos en uno de los principales polos industriales y logísticos del norte de África.

Los indicadores macroeconómicos acompañan ese proceso. El PIB creció un 4,9 % en 2025 y el Banco Mundial prevé un avance del 4,2 % este año.

Pero el dinamismo económico contrasta con la situación del mercado laboral. El desempleo alcanzó el 13 % en 2025 y se elevó al 37,2 % entre los jóvenes de 15 a 24 años. La tasa de actividad femenina apenas supera el 19 %. El salario mínimo se sitúa en torno a los 340 euros/mes y en el campo se establece por jornada (menos de 10 euros diarios).

La brecha también se observa en el territorio. Según el Alto Comisionado de Planificación (HCP), las zonas rurales concentran más de siete de cada diez personas en situación de pobreza multidimensional.

El malestar es especialmente visible entre las nuevas generaciones. Ese descontento desembocó el pasado otoño en las protestas de GenZ212, protagonizadas por jóvenes que reclamaron mejoras en la sanidad y la educación y mayores oportunidades económicas.

Un año después, el movimiento se ha diluido tras una fuerte respuesta de las autoridades, pero sus reivindicaciones siguen presentes. Human Rights Watch documentó miles de detenciones y procesos judiciales durante las movilizaciones. Al menos 660 personas siguen en prisión con condenas de hasta 15 años.

La economía, el empleo, los servicios públicos y la desigualdad figuran entre las principales preocupaciones de una generación más formada y conectada con el exterior.

Un estudio del Centro Marroquí de la Juventud y las Transformaciones Democráticas señala que el 42,6 % de los jóvenes encuestados quiere abandonar el país, principalmente por el desempleo y la precariedad laboral.

Esa falta de expectativas propició la crisis migratoria de Ceuta de este verano, cuando decenas de miles de personas intentaron cruzar irregularmente a la ciudad española, en su mayoría a nado. Organizaciones civiles sitúan en alrededor de 140 el número de víctimas mortales.

El desarrollo económico convive con críticas sobre el estado de las libertades públicas. Amnistía Internacional sostiene que las autoridades marroquíes mantienen la presión sobre periodistas, defensores de los derechos humanos y críticos del Gobierno mediante procesos judiciales, intimidación y vigilancia digital.

La libertad de prensa es otro de los puntos de fricción. Reporteros Sin Fronteras denuncia las dificultades para ejercer un periodismo independiente y el recurso a disposiciones penales contra periodistas y críticos.

Human Rights Watch señala igualmente que, aunque el Código de Prensa no contempla penas de prisión por ejercer el periodismo, las autoridades recurren a otros artículos del Código Penal para procesar a sus detractores.

Las autoridades marroquíes rechazan estas acusaciones y defienden el marco institucional y judicial del país.

El crecimiento económico ha ido acompañado de una política exterior cada vez más activa. Marruecos reforzó su alianza con Estados Unidos en 2020, cuando normalizó relaciones con Israel y Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Desde entonces, Rabat ha logrado el respaldo de varias potencias europeas a su propuesta de autonomía para la excolonia española, entre ellas Francia, España y Reino Unido.

Washington mantiene con Rabat una estrecha relación estratégica, militar y de seguridad, mientras Marruecos defiende su papel en la cooperación migratoria y antiterrorista con Europa y en la atención a los desafíos regionales del norte de África y el Sahel.

En un nuevo gesto político, Marruecos e Israel acordaron el pasado día 16, con el respaldo de Estados Unidos, elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de embajadas plenas, nombrar embajadores, y ampliar la cooperación económica, tecnológica, energética y de seguridad.

Tras años de diferencias sobre el Sáhara Occidental, Madrid y Rabat iniciaron en 2022 una tapa de cooperación en inmigración, seguridad y comercio.

La reciente crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a poner a prueba esa relación. Rabat niega responsabilidad en el cruce masivo, mientras mantiene su reivindicación sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que considera territorios ocupados.

Pese a la tensión política, ambos países mantienen una estrecha relación económica. El comercio bilateral alcanzó en 2024 los 22.700 millones de euros, con exportaciones españolas a Marruecos por 12.859 millones e importaciones de 9.834 millones. España es el principal socio comercial de Marruecos y el país magrebí constituye, a su vez, el primer mercado africano para las empresas españolas.

Ambos países deberán, además, mantener la cooperación necesaria para organizar el Mundial 2030 con Portugal.

El nuevo Ejecutivo tendrá varios desafíos inmediatos. Transformar el crecimiento en empleo, contener las desigualdades territoriales y responder a las demandas sociales planteadas en las protestas de 2025.

También tendrá que gestionar una relación con España que combina una intensa cooperación económica y de seguridad con asuntos de soberanía y migración todavía pendientes.

Amine Essaid, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Rabat, explica a EFE que uno de los principales retos será "reconstruir la confianza en el panorama político" y "preservar la paz social".

"El próximo Gobierno deberá encontrar fórmulas prácticas para cumplir, al menos, una parte de las promesas electorales, especialmente en lo relativo a la reforma del sector sanitario, la mejora de la educación y la reducción relativa de la presión derivada del aumento de los precios", concluye.EFE