Dos siglos de disputa por ver dónde estaba el límite del pueblo: la batalla legal por 1.300 hectáreas de monte que cambió la geografía de Granada

Hay disputas que atraviesan generaciones, pero pocas resisten el paso de casi cinco siglos hasta encontrar un punto final. Las localidades granadinas de Zafarraya (2.244 habitantes) y Alhama de Granada (5.544 habitantes) han protagonizado una de las historias más curiosas y longevas de la geografía española. En juego no había poca cosa: casi 13 kilómetros cuadrados —unas 1.300 hectáreas— de monte público dedicados al pastoreo de ovejas, cabras y al aprovechamiento cinegético.

Tras décadas de tiras y aflojas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha zanjado la discusión. El Alto Tribunal ha confirmado que el terreno pertenece a Zafarraya, cambiando para siempre el mapa cartográfico oficial de la zona.

Para entender de dónde viene la disputa, hay que remontarse bastante atrás en el tiempo. Aunque el pleito moderno arrancó formalmente en el siglo XIX, las primeras peleas por este pedazo de monte arrancaron en 1575. En aquel entonces, las tierras se las disputaban entre Alhama, Loja y Vélez-Málaga. La tensión subió tanto de tono que el propio rey Felipe IV tuvo que intervenir: se quedó el territorio para el patrimonio real y aprovechó para cobrarles impuestos a todos los ganaderos que metían allí a sus animales.

Sin embargo, el momento más tenso de esta convivencia ocurrió en 1821. La incomodidad y el resentimiento de los ganaderos de Alhama terminaron desencadenando un ataque directo contra la pedanía zafarrayera de El Almendral, que quedó devastada. Desde aquel episodio violento, sentarse a negociar de buenas formas entre ambos municipios se volvió algo prácticamente imposible.

Un papel olvidado en un cajón desde 1872

Con la entrada del siglo XXI, el conflicto saltó del campo a los despachos de los abogados. El Ayuntamiento de Zafarraya comenzó a armar un expediente histórico en 2016 para reclamar la titularidad del monte. La investigación no fue sencilla: la inmensa mayoría de los documentos archivados entre los siglos XV y XIX eran directamente ilegibles o tan imprecisos que resultaba imposible ubicar los límites exactos en un mapa moderno.

Pero entre el mar de papeles apareció la clave: un oficio del gobernador civil de Granada firmado el 15 de abril de 1872 en el que se fijaba la frontera entre ambos pueblos. Aquella decisión administrativa de hace más de 150 años fue aceptada por Zafarraya y jamás fue recurrida por Alhama en su momento, aunque por un descuido nunca llegó a trasladarse al catastro ni a la cartografía oficial.

El camino judicial dio varios giros. En 2019, la Junta de Andalucía dio la razón a Zafarraya basándose en ese papel de 1872. Sin embargo, Alhama recurrió y, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la vuelta a la tortilla: dijo que ese documento no era de “mutuo acuerdo” y prefirió hacer caso a unos mapas de 1893 y 1895 hechos para el Mapa Topográfico Nacional.

El caso terminó escalando hasta el Supremo, que acaba de dictar su veredicto definitivo sentando una regla muy clara: los acuerdos antiguos que fueron consentidos en su día tienen preferencia sobre cualquier mapa o levantamiento posterior. Como Alhama no protestó en 1872, la decisión quedó congelada en el tiempo y no se podía cambiar más de un siglo después por unos simples cuadernos de campo.

Un cambio en el mapa

En el día a día del campo, la sentencia no va a cambiar drásticamente la vida de los vecinos, pero sí supone un alivio económico para el sector primario local. De hecho, sobre el propio terreno ya existía una valla física colocada de mutuo acuerdo hace tres décadas para evitar que el ganado se mezclara.

Con este fallo, Zafarraya incrementa su término municipal (que era de unos 57 kilómetros cuadrados) en más de un 20%. Para su alcaldesa, Rosana Molina, el dictamen es un acto de “dignidad” y permitirá que unos 500 ganaderos locales de ovino y caprino puedan pedir por fin subvenciones oficiales que hasta ahora tenían bloqueadas por el limbo administrativo.

En la otra cara de la moneda está Alhama de Granada. Pese a que perder 1.300 hectáreas apenas representa un 3% de su enorme territorio de 433 kilómetros cuadrados, su alcalde, Jesús Ubiña, no oculta el malestar por los bandazos de los jueces y ya ha anunciado que intentará apurar las últimas opciones legales con un recurso de nulidad y acudiendo al Tribunal Constitucional. Aun así, entre regidores aseguran que los dos pueblos siguen estando “hermanados” y que la sangre no llegará al río.