Daniel Briceño calificó como “estafa a los colombianos” la continuidad de los impuestos saludables: así promoverá su desmonte en el Congreso

Uno de los promotores del proyecto de ley que busca la eliminación de los impuestos saludables en Colombia es el representante a la Cámara Daniel Briceño, el más votado de la presente legislatura, que ha sostenido que los gravámenes a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados no mejoraron los hábitos de consumo, pues encarecieron el mercado y son, para él, una “estafa”.

En su columna de opinión publicada el sábado 19 de septiembre en La República, el congresista que apoya el Gobierno de Abelardo de la Espriella, y que lidera la iniciativa con su colega, Carol Borda, planteó que el objetivo sanitario atribuido a esos cobros no se ha traducido en resultados verificables. Por tal motivo insistirá en que se ponga fin al pago de este tributo en el país.

“Los impuestos saludables son una estafa a los colombianos. Un impuesto que se justifica en el nombre de la salud pública debería, como mínimo, mejorar la salud pública, y este no lo ha hecho”, indicó Briceño, al explicar el fundamento de su propuesta, que ya ha causado una fuerte discusión en el órgano legislativo: entre los que apoyan su iniciativa y los que se oponen a su intención.

En su artículo, el congresista también cuestionó un proyecto distinto, con ponencia radicada por el representante Juan Loreto Gómez, que propone retirar únicamente el impuesto a los ultraprocesados y conservar el aplicado a las bebidas azucaradas. Según expuso, esa diferenciación carece de una explicación técnica para excluir unos productos y mantener otros.

Briceño cuestionó que el recaudo tenga un efecto sanitario comprobable

Así sostuvo que en el país no existe un estudio que demuestre un efecto positivo de los tributos sobre la salud. Y para respaldar esa posición, citó un análisis sobre lo que ha sucedido con este impuesto en México y afirmó que, después de la entrada en vigor de medidas similares, los hogares reemplazaron los productos gravados por otros; lo que en la práctica no tuvo resultados verificables.

“Al final el número total de calorías consumidas no cambió y, en cambio, subió su consumo de sodio en 5%, de colesterol en 6% y de grasa en 1%. No hubo ningún cambio significativo en el índice de masa corporal”, señaló Briceño, en relación con impuestos que surgieron con el propósito de gravar bebidas y alimentos con altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

El Gobierno y sectores de salud pública defendieron entonces que los impuestos buscaban desincentivar productos asociados con enfermedades crónicas no transmisibles y generar recursos para el sistema sanitario. Por su parte, en su revisión legal, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos demandados de la norma, en las sentencias C-006/26 y C-020/26.

El costo para los hogares y las tiendas es el otro eje de la propuesta

En su artículo, titulado La verdad sobre los impuestos “saludables”, Briceño sostuvo que el impuesto a los productos ultraprocesados alcanza artículos de consumo cotidiano, entre ellos cereales de desayuno, galletas, embutidos, leche en polvo, mantequilla y chocolate. “Cada uno de esos productos paga hoy un impuesto adicional de 20% sobre su precio”, recalcó el congresista.

A su vez, el representante del Centro Democrático también citó cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el impacto en los hogares de Colombia. “Los de menores ingresos, por ejemplo, ahora destinan hasta 4,7 veces más de su presupuesto a gaseosas y maltas que los hogares de mayores ingresos”, afirmó el parlamentario oficialista.

Briceño, con base de datos de Fenalco, indicó que el 67% de las tiendas de barrio del país resultó afectado por los impuestos saludables y añadió que los dueños de estos establecimientos reportaron una caída de 25,4% en sus ventas y que de ese comercio dependen cerca de 450.000 establecimientos y más de un millón de familias, en su mayoría de los estratos 1, 2 y 3.

Es válido recordar que durante el trámite de la reforma tributaria de 2022, el Congreso modificó los umbrales para determinar qué bebidas serían gravadas y excluyó algunos productos de consumo popular, como el salchichón, la mortadela, el arequipe, el pan, la leche y los quesos, que quedaron al margen de este concepto; en contraste con gaseosas, energizantes y mezclas en polvo.

Recaudo anual no tendría destinación específica, según Daniel Briceño

Según afirmó el político, los impuestos saludables recaudan más de $3 billones al año y no cuentan con una destino que sea favorable para el sistema de salud. “La relación tributaria entre el Estado y los colombianos debe construirse con la verdad sobre la mesa, y hoy la verdad es que los impuestos saludables no tienen una destinación específica al sistema de salud”, remarcó Briceño.

Y señaló que van al presupuesto general, “con el que se pagan camionetas blindadas y contratos de prestación de servicios”. Frente a la eliminación de los tributos, propuso conservar el etiquetado frontal de advertencia como mecanismo de información al consumidor y que dejar en libertad de acción al consumidor, según él, para que decida “qué come” y que esto no pase por el precio.

El debate deberá ser citado por el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, más conocido como Ape. Así se le dará discusión a la continuidad de los impuestos incorporados en la Ley 2277 de 2022 y comenzaron a regir en noviembre de 2023 bajo un esquema de tarifas progresivas que alcanzó su techo en 2025.

“Que sea el Congreso, y no el silencio, quien decida si el Estado les sigue cobrando a los colombianos por lo que deciden comer, o si por fin les devuelve la libertad de elegir”, puntualizó.