Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las Farc, recogerá firmas para pedir la eliminación de la JEP: “Monumento a la ineptitud”

Con un video en sus redes sociales, en el que lanzó fuertes señalamientos por los procesos que se adelantan contra los exmiembros de las antiguas Farc, Sigifredo López Tobón, exdiputado del Valle y sobreviviente del secuestro de esta guerrilla, anunció una recolección de firmas para respaldar a los congresistas y al Gobierno que buscan eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Vamos a recoger firmas de respaldo a los congresistas y al Gobierno que quiere acabar con esa institución que se ha burlado de las víctimas, que ha colmado de impunidad y que constituye el monumento a la ineptitud y a lo que no debe ocurrir con la justicia en Colombia”, confirmó el político y abogado, que apoyaría al senador Enrique Gómez y el presidente Abelardo de la Espriella.

López Tobón, que permaneció en cautiverio durante casi siete años y recuperó la libertad el 5 de febrero de 2009, en una entrega unilateral facilitada por una comisión de mediación internacional, sentó su postura frente a lo que, según él, son los altos costos y los resultados entregados a la sociedad por el tribunal transicional, al que calificó como un “monumento a la ineptitud”

“Se ha gastado 4,2 billones de pesos, una suma que alcanzaría para construir 1.000 escuelas o colegios, a razón de 4.200 millones de pesos cada uno. Se lo ha gastado en funcionamiento y tan solo ha producido, en ese funcionamiento, cuatro sentencias”, señaló el exdiputado, al referirse al funcionamiento de la jurisdicción durante sus siete años y medio de existencia jurídica.

Sigifredo López pidió respaldo de las víctimas para acabar con la JEP

Teniendo en cuenta esta situación, López convocó a las 10.239.000 víctimas registradas en Colombia a sumarse a la iniciativa para poner fin a la JEP. Entre sus argumentos, el abogado sostuvo que la jurisdicción no esclareció lo ocurrido con sus excompañeros, los diputados del Valle secuestrados por las Farc en 2002 y asesinados, de los cuales él fue el único sobreviviente.

Y es que cabe destacar que 11 de sus colegas fueron ultimados por la guerrilla en junio de 2007, mientras López estaba separado del grupo por un castigo impuesto por sus captores. La propuesta de la víctima del conflicto armado en Colombia se conoció mientras la JEP enfrenta duros ‘dardos’, incluso desde el Ejecutivo, sobre su continuidad, sus resultados procesales y sus recursos.

Esta jurisdicción fue creada a través del Acto Legislativo 01 de 2017 como componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: establecido tras el Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado, en ese entonces representado por el hoy expresidente Juan Manuel Santos y el antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

López cuestionó el gasto y el número de sentencias de la JEP

El exdiputado, que intentó llegar sin éxito al Senado de la República, contrastó los fallos emitidos por el tribunal con los que, a su juicio, entregaría a la justicia un despacho ordinario. “Tan solo ha producido en ese funcionamiento cuatro sentencias. Esas cuatro sentencias es lo que produce un juez penal cualquiera en Colombia en una semana, en dos semanas”, declaró López Tobón.

Durante su funcionamiento, la JEP ha recibido asignaciones anuales del Presupuesto General de la Nación que oscilaron entre $700.000 millones y $800.000 millones, de acuerdo con la información conocida en el debate sobre su presupuesto del 2027. La mayor parte de esos recursos se ha destinado a nómina, investigaciones, protección a comparecientes e infraestructura.

Frente a su papel como organismo de cierre, López fue crítico con las decisiones adoptadas frente a antiguos integrantes de las Farc que comparecieron ante la jurisdicción. “Le lavaron la cara a los victimarios de las Farc”, señaló el exdiputado, que también se refirió a las sanciones propias previstas por la justicia transicional, que tienen carácter restaurativo y no carcelario.

“No fueron condenas intramurales, les daban permiso para salir del país”, agregó López, que enfatizó que algunos exintegrantes de la guerrilla estuvieron ocho años en el Congreso con salarios superiores a 50 millones de pesos; haciendo referencia a lo dispuesto en el acuerdo firmado por Santos, en el que se les permitió a los desmovilizados a tener representación en el legislativo.

Enrique Gómez pide quitarle millonarios recursos a la JEP

La propuesta de López coincidiría con un proyecto de Gómez para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de crear despachos en la justicia ordinaria. Los sectores que apoyan esa reducción sostienen que la jurisdicción debe disminuir sus gastos a medida que se acerca el fin de su periodo de 10 años.

Ante esto, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, advirtió que el recorte afectaría el 62% de los recursos destinados a bienes y servicios. Asimismo, el tribunal señaló que la medida comprometería esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, sedes regionales, custodia de información procesal y atención a víctimas en el territorio nacional.