Malvinas y seguridad: una especialista advirtió que el proyecto incorpora facultades que exceden el reclamo de soberanía

Desde la ocupación británica de 1833, la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. Ahora, el Congreso analiza un proyecto de ley que podría ampliar las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia. La iniciativa prevé sanciones para las empresas que operen allí, pero también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y medidas sobre desinformación y financiamiento.

Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica indicó que esa combinación excede el reclamo territorial argentino. El caso de Malvinas está encuadrado por las Naciones Unidas como una cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras las posiciones británicas e isleñas sostienen la autodeterminación de los habitantes.

Para Altieri, afirmar que las islas tienen ese derecho implica una falsedad: “Si vos decís que las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, estás desinformando”.

La especialista respaldó que Argentina desarrolle una campaña propia para responder a esas narrativas, pero rechazó que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.

“Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa”, afirmó Altieri en Infobae A las Nueve. Su planteo es que el Congreso separe los temas y trate con tiempo una eventual reforma de la política de seguridad y defensa.

Un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones cuestionadas

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional funciona, según la analista, como un posible “caballo de Troya”: el reclamo argentino por las islas permitiría incorporar una estructura estatal cuyas funciones excederían la disputa de soberanía. “Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, señaló.

Argentina estableció una separación entre la defensa nacional y la seguridad interior durante la transición democrática. La Ley de Defensa contempla agresiones de actores estatales externos, mientras la seguridad interior se ocupa de problemáticas dentro del país.

Altieri sostuvo que esa distinción debe preservarse, aunque reconoció que el país necesita abordar cuestiones complejas como el crimen organizado, el narcotráfico, la protección de infraestructuras y las funciones de las agencias estatales. El debate, remarcó, debería tramitarse mediante una norma específica y no dentro de una iniciativa sobre Malvinas.

La politóloga cuestionó que el eventual organismo concentre definiciones vinculadas con defensa, terrorismo, campañas de desinformación e injerencia externa. También alertó que el proyecto podría otorgar al Ejecutivo mecanismos de actuación sin controles legislativos suficientes.

“Voy a correr al Legislativo, vos simplemente hacé esta ley que me va a dar un montón de facultades”, resumió Altieri sobre su lectura de la propuesta. A su criterio, cualquier organismo de esas características debe incorporar participación efectiva del Congreso.

La Secretaría de Inteligencia del Estado, antes denominada Agencia Federal de Inteligencia, figura entre los organismos con competencias delimitadas. Altieri indicó que esa dependencia puede aportar información al Ejecutivo, pero no tiene autorización para espiar a civiles sin causas ni procedimientos.

La posibilidad de intervenir de oficio ante asuntos definidos como seguridad nacional también despertó reparos. La especialista advirtió que el proyecto contiene “letras pequeñas” que podrían habilitar medidas sin trámites administrativos previos.

Las definiciones amplias, añadió, podrían abarcar asuntos sin relación directa con las islas: la Patagonia, los centros de datos, las actividades de organizaciones extranjeras o tensiones asociadas con pueblos originarios. Ese marco podría facilitar acciones represivas y usos judiciales de estas herramientas durante campañas electorales.

Las sanciones empresariales y el incentivo de Vaca Muerta

Las restricciones para compañías que desarrollen actividades económicas en Malvinas reúnen el respaldo de Altieri, quien recordó que la Cancillería argentina trabaja desde hace años sobre limitaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos. La politóloga propuso conservar ese capítulo y excluir de la ley los artículos relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional.

Argentina inhabilitó a Navitas para operar en territorio nacional durante 20 años en 2022 por actividades vinculadas con las islas, según explicó la especialista. La sanción forma parte de las medidas destinadas a desalentar la explotación de recursos en una zona cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido.

Las multas, sin embargo, no alcanzarían para detener a las empresas, sostuvo Altieri. La herramienta de mayor peso sería el riesgo de perder oportunidades de negocios en Vaca Muerta: “Las empresas no van a dejar de operar solo por las multas o las sanciones”.

“Sino por el miedo de perderse Vaca Muerta”, agregó sobre el posible efecto de las restricciones. La analista consideró acertado incorporar a los proveedores dentro del régimen sancionatorio, porque elevaría los costos de las operaciones petroleras y dificultaría la actividad en las islas.

La estrategia debería contemplar también la logística, los servicios prestados a petroleras y la explotación de recursos vivos marinos, áreas que podrían incrementar los costos de la ocupación británica. Altieri mencionó a Rockhopper y Navitas entre las compañías presentes en el área.

Las grandes petroleras internacionales no participan en esos proyectos porque se desarrollan en un territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido.

Una ley limitada a sanciones empresariales podría transmitir previsibilidad a las compañías, mientras que una iniciativa que sume seguridad y defensa diluye ese mensaje. “Si vos mandás eso mezclado en un montón de otras cosas”, advirtió Altieri.

La politóloga propuso que el Congreso trate la iniciativa por partes o introduzca modificaciones para conservar las sanciones y retirar el resto de las disposiciones. “Si hacemos un consejo de estas características, hagamos un consejo serio”, sostuvo, al pedir controles, intervención parlamentaria y legitimidad para su funcionamiento.

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