Andalucía y Gobierno resuelven sus disputas sobre Ley de Vivienda y evitan recurrir al TC
Granada, 18 sep (EFE).- La Junta andaluza ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno que resuelve las discrepancias sobre la Ley de Vivienda de Andalucía, un entendimiento alcanzado en la Comisión Bilateral que evita trasladar la controversia al Tribunal Constitucional (TC) y se limita a cuestiones técnicas y de adecuación a la normativa estatal.
Un proceso de negociación entre las dos administraciones ha permitido resolver las discrepancias competenciales planteadas en relación con determinados preceptos de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, según ha anunciado este viernes la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.
Lo ha hecho durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el periódico Ideal en Granada en el que ha detallado que el acuerdo permite dar por concluida la controversia planteada sobre la norma andaluza y evita trasladarlo al Tribunal Constitucional.
La Junta ha defendido desde el inicio del procedimiento que la controversia se circunscribe a cuestiones de carácter técnico y de adecuación a la normativa básica estatal y no afectan a los pilares ni a los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda de Andalucía.
Díaz ha valorado el entendimiento alcanzado y ha destacado que el diálogo entre administraciones ha permitido resolver las discrepancias sin cuestionar el modelo de vivienda de Andalucía.
La consejera ha recordado que la Junta manifestó desde el primer momento su confianza en que las cuestiones planteadas por el Gobierno central pudieran resolverse mediante el diálogo institucional.
"Defendimos que la Ley de Vivienda de Andalucía se había elaborado con rigor, con una amplia participación del sector y con el respaldo de nuestros servicios jurídicos y entendíamos que existía margen suficiente para encontrar una solución", ha añadido Díaz, que ha dicho que acuerdo permite desarrollar la política de vivienda andaluza con "seguridad jurídica".
En materia de colaboración público-privada, ambas administraciones acuerdan interpretar y aplicar los preceptos afectados de conformidad con la normativa básica estatal en materia de contratación pública y régimen jurídico del sector público sin que sea necesario modificar la ley.
La Junta promoverá también una modificación puntual de la ley en relación con la exigencia para su archivo registral del libro del edificio y del certificado energético para adaptar su regulación a lo establecido por la normativa estatal y la Ley Hipotecaria.
Respecto a las comunidades de propietarios, se establece que la aplicación de la norma andaluza deberá realizarse de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal, entre otros acuerdos.
Díaz ha precisado que el acuerdo alcanzado permite concentrar los esfuerzos de ambas administraciones en responder al problema de acceso a la vivienda.
"Los andaluces no necesitan conflictos administrativos que puedan resolverse mediante el diálogo, sino administraciones centradas en facilitar que haya más viviendas y que éstas sean accesibles para las familias y los jóvenes". EFE
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