"Que haya PAS" para “que reine la paz”: la maniobra del Gobierno para las elecciones y el juego de desconfianza con las provincias

“Nosotros preferimos que primero nos voten la Reforma Electoral y después concentrarnos en las alianzas electorales. Ellos quieren hacer exactamente al revés. ¡Es todo un quilombo!”.

El integrante clave de la Mesa Política libertaria que resume sin metáforas el estado de las negociaciones con los gobernadores no necesita explicar demasiado más. Es que, a poco más de un año de las presidenciales del 24 de octubre de 2027, la discusión sobre el futuro de las primarias se transformó en un ida y vuelta incómodo, desgastante e interminable.

La Casa Rosada empuja para que los aliados acepten extirpar las PASO del calendario y recién más adelante se sienten a discutir cómo se van a repartir distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Los caciques del interior, por el contrario, pretenden garantías antes de los votos en el Congreso, más teniendo en cuenta que este tipo de asuntos exige mayorías absolutas -37 senadores y 129 diputados- y eso los convierte en indispensables.

“¿Quién nos asegura que, si los protegemos de una competencia con nosotros los violetas y facilitamos sus reelecciones, después no vayan a usar ese poder para construir una alternativa presidencial?”, se preguntan unos. “¿Y quién nos jura que, si los ayudamos ahora, Karina y los Menem no nos vayan a llenar de opciones libertarias cuando llegue el momento de cerrar las listas?”, retrucan los otros. La dinámica de la rosca implica una muestra de confianza entre Javier Milei y los mandatarios provinciales. El problema, desde ya, es que nadie se fía de nadie.

El sistema político sabe que la eliminación completa y definitiva de las internas es, a esta altura del partido, virtualmente imposible. Por eso desde hace tiempo crece una salida que no está muerta ni mucho menos: la suspensión de esa herramienta, tal como sucedió en las últimas legislativas. Diego Santilli, “un optimista del gol” según su equipo, sigue convencido de que en los próximos dos meses puede conseguir los sufragios que lo vienen esquivando y evitar que la población tenga que ir al cuarto oscuro el 8 de agosto del año que viene. Sin embargo, hasta los más esperanzados admiten que el panorama ya no es el mismo que hace apenas unas semanas: sin ir más lejos, a finales de julio fuentes de la administración libertaria le habían dicho a Infobae que la cuenta estaba “70% cocinada”; hoy, la estimación baja a la mitad. “Estamos 50 y 50. Veníamos bien y nos trabamos”, reconocen ahora.

¿Qué sucedió en el medio? No cambiaron necesariamente “las ganas”. Cambiaron “los incentivos”. La reforma, presentada de manera formal en un ya lejano 22 de abril, se mezcló con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó convertida en una moneda de cambio.

Pero atención: en ese juego de sospechas mutuas empezó a crecer con fuerza una tercera vía: que no haya PASO sino una PAS. O sea, “la posibilidad de mantener las primarias, abiertas y simultáneas, sólo que quitándoles la obligatoriedad”, admiten en el corazón del gabinete. “Si fuera así, no iría nadie a votar. No tendrían volumen. Las desinflás”, analizan. Y agregan un factor clave: la idea, que excede largamente la letra “O” que desaparecería de la sigla, podría traer “algo de calma” a una negociación cada vez más cargada de desconfianza; en las provincias no quedarían completamente sometidos a la lapicera del poder central y el Gobierno se quitaría de encima el peso de una contienda engorrosa y cara que además podría servir como una herramienta de cohesión para la oposición. No era la pretensión original. Tampoco es lo ideal. Es simplemente lo que hay. “La PAS permitiría que, al menos por un rato, reine la paz”, dice un ministro, coqueteando con las palabras.

Los sondeos de opinión pública que recibe la Casa Rosada entregan, curiosamente, argumentos para todos. Un estudio de Opinaia encontró que el 68% evalúa positivamente la muerte de las PASO, un número que a simple vista parece escrito para reforzar el discurso libertario sobre el costo de movilizar obligatoriamente a millones de personas para ordenar candidaturas partidarias. La Sastrería y TresPuntoZero, por su parte, formularon la pregunta de otra manera y obtuvieron una fotografía con matices: 36,3% quiere eliminarlas definitivamente; 33,6% conservarlas con voto obligatorio; 18,3% mantener el instrumento pero convertirlo en optativo; y apenas 3,6% suspender esa instancia sólo para la próxima elección. Ese mismo relevamiento ofrece un dato todavía más disonante para el relato oficial: cuando se consulta qué persigue realmente la Balcarce 50 con la reforma, apenas 38,6% responde que intenta reducir el gasto electoral contra un 48,2% que considera que busca mejorar su posición electoral y dividir a la oposición para la posible reelección de Milei.

Nadie en LLA niega que esa segunda consecuencia sería especialmente bienvenida y que, más allá de las justificaciones oficiales, es el gran objetivo de fondo de la reforma. “Si alguna de las tribus de Unión por la Patria gana una PASO con contundencia, al día siguiente esos resultados te pueden generar una convulsión política y económica: dólar, riesgo país, expectativas, todo. Si la borrás de las opciones, pateás el riesgo hasta octubre”, razona uno de los operadores que trabaja para sacar agosto de los almanaques. El antecedente de 2025 está demasiado fresco como para no aparecer en cada conversación: la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses desdobladas generó varias semanas de incertidumbre antes de que lograra recomponer su desempeño en los comicios nacionales.

Con estas disquisiciones en mente, Javier y Karina Milei empezaron a bajar una recomendación poco habitual para un espacio que hizo de la pelea una forma de identidad: cuidar a los socios potenciales evitando enfrentamientos gratuitos con quienes, si todo sale bien, tendrán que levantar la mano en el palacio legislativo.

Eso sí: la tregua tiene condiciones. “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, amenazan. Hasta ahora, las posibilidades más concretas de compartir listas aparecen en el AMBA, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, aunque Santilli, a pedido de “El Jefe” multiplicó al infinito reuniones y contactos. Un ejemplo: en apenas 36 horas mantuvo encuentros con Rolando Figueroa, Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Melella. Cada provincia llega con una carpeta llena de “mangazos” y “El Colo” hace lo que puede con los pocos “caramelos” que tiene en el bolsillo, como cuentan a su lado: hay que inventar malabares para cumplir, en medio de la era del superávit fiscal, con los pedidos de obras, rutas, subsidios, autorizaciones para tomar deuda y Aportes del Tesoro Nacional.

Ahí aparece otra contradicción que complica la tarea de los negociadores. Mientras el ala política reparte gestos, Economía continúa mostrando la motosierra. Los guarismos permiten dimensionar la tensión: un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que entre enero y agosto las transferencias corrientes de Nación a provincias y municipios quedaron 86,6% abajo, en términos reales, respecto de 2023; si el ritmo de reducción del gasto se mantuviera durante el último cuatrimestre, el gasto primario de la Administración Pública Nacional terminaría 2026 en torno al 12,4% del PBI, 5,4 puntos menos que antes de la llegada de Milei.

El Presupuesto 2027, con sus planillas anexas llenas de centros a la cabeza de los mandatarios del interior, había sido imaginado como una herramienta para empezar a ordenar esa relación. Sorpresivamente, terminó abriendo un frente inesperado dentro del propio oficialismo. La controversia central giró, una vez más, en torno a la discapacidad: legisladores propios, aliados y opositores descubrieron que el texto introducía modificaciones sensibles y recortes de magnitud que no habían sido consensuados con nadie. La Rosada, que blanqueó una descoordinación total, fue un hervidero. Patricia Bullrich, que además de conducir el bloque libertario en el Senado integra la Mesa Política creada justamente para anticipar problemas parlamentarios, convirtió el fastidio en una declaración que sonó a hartazgo: “Si estamos el día anterior discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”. Después, visiblemente ofuscada ante las cámaras de TV, pidió pensar las decisiones “tres veces” para no chocar contra la misma pared de siempre y calificó lo sucedido como un “error no forzado” capaz de hacer perder el partido. La ex ministra de Seguridad es la misma persona que hace horas abrió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta sólo para comprobar que el poroteo para avanzar con los cambios electorales todavía da negativo. “Aceleró el debate sin tener todavía garantizada la mayoría y no está muy enamorada del proyecto”, la cuestionan los que no la quieren.

Un paréntesis obligado sobre uno de los artículos menos comentados de la Reforma Electoral que esconde un cambio de enorme peso simbólico: la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. El proyecto oficial propone borrar del Código Electoral el capítulo que desde 2016 obliga a los candidatos a ocupar el Sillón de Rivadavia a confrontar públicamente sus propuestas antes de la primera vuelta y, si hubiera balotaje, volver a hacerlo antes de la definición. Como pasó inadvertida y temen que nadie la defienda, esta semana nueve organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Senado que preserve esa instancia y alertaron que su desaparición terminaría recortando uno de los pocos momentos de la campaña en los que todos los postulantes quedan expuestos, al mismo tiempo y bajo las mismas reglas, frente a los votantes.

La política tiene, en paralelo, un adversario que no atiende teléfonos ni acepta obras a cambio: el calendario. La Cámara Nacional Electoral acaba de recordar que modificar reglas demasiado cerca de los comicios puede generar “más daños que beneficios” y citó los estándares internacionales que recomiendan preservar las características fundamentales del sistema durante el año previo a una elección. Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas se cuidaron expresamente de no opinar sobre la conveniencia de la reforma y limitaron su advertencia a los tiempos de implementación, pero el mensaje fue suficientemente claro para quienes siguen haciendo cuentas: si el Congreso quiere alterar el esquema de 2027, la ventana se achica rápido y el oficialismo está contrarreloj.

La discusión proselitista toma forma, para completar el cuadro, en medio de una nueva oleada de encuestas que llega semana tras semana a los escritorios oficiales y que Milei suele leer con una mezcla de atención, fastidio y vocación por discutir las conclusiones que no coinciden con su diagnóstico. AtlasIntel ubicó la aprobación de Milei en 38,1% y la evaluación negativa en 58%, Zentrix destacó que el 53,2% dice que ya se le acabó la paciencia para ver resultados económicos, Analogías descubrió que el 65,5% prefiere que mejoren los sueldos y el trabajo por sobre la estabilidad de los precios y Opinaia encontró al desempleo, la pobreza y la corrupción entre las principales preocupaciones. Los mismos sondeos, de todas maneras, vuelven a mostrar una sociedad menos lineal de lo que sugieren algunos títulos: una parte relevante de quienes expresan desgaste no reclama necesariamente un cambio completo de signo político sino correcciones dentro del rumbo. Esa zona gris es la que el Gobierno pretende conquistar antes de que empiecen a imprimirse las boletas.

Proyección ofrece quizá la fotografía más interesante del momento: 63,3% de los consultados considera que la Argentina atraviesa una crisis económica y 51,4% responsabiliza principalmente al Gobierno actual; pese a eso, cuando se pregunta quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación, el oficialismo aparece con 40,7%, frente a 29,2% de la oposición y un enorme 30,1% que no sabe a quién elegir. Hay descontento, pero todavía no está claro quién puede apropiárselo.

Los estudios de opinión pública conviven con indicadores de la economía real que también encendieron algunas luces amarillas. “Toto se hace el canchero pero está preocupado”, describe un dirigente violeta que frecuenta a Luis Caputo y que asegura haberlo visto golpeado por el impacto de los malos registros de la industria, la construcción y la reciente confirmación de la caída de 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo trimestre del año frente al primero en la medición desestacionalizada.

Javier Milei se enfrenta a los números sin matices: en la reunión de gabinete del lunes pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida durante su gestión, destacó la importancia de sostener la baja del Índice de Precios al Consumidor y el crecimiento del salario real, rechazó de manera explícita que “no haya consumo” y volvió a defender el sostenimiento del rumbo general. “Hay que profundizar las políticas que adoptamos”, resumió ante los suyos, algunos de los cuales forzaron rostros serios para esconder sus sensaciones de incredulidad.

Mientras tanto, en Olivos ocurrió un movimiento llamativo que también dice algo sobre el clima que rodea al Presidente. El Gobierno desplazó a doce empleados de la residencia, entre ellos al hasta ahora intendente de la Quinta, y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la seguridad y de la administración del predio. La explicación oficial en un comunicado público usó como argumento la necesidad de reforzar los estándares de protección ante la visita de León XIV y el trajín extraordinario de personal que va a implicar su peregrinaje por Argentina, pero Infobae pudo reconstruir a través de tres fuentes oficiales que la decisión se produjo porque Milei está convencido de que hubo “filtraciones” sobre su intimidad en el lugar. “No me sorprende cierta paranoia si en cualquier encuentro que tengas con él tenés que dejar tu celular en un locker, un sobre o una bolsita”, cuenta uno de sus alfiles.

Con la misma convicción con la que suele afirmar que la política tradicional lo quiere “voltear”, el liberal libertario cree que muchos argentinos que hoy expresan cansancio terminarán valorando la estabilidad conseguida cuando llegue el momento de elegir y uno de sus operadores lo explica con una comparación doméstica que empezó a repetirse en las conversaciones de los pasillos del poder: cambiar de Presidente se parece a una mudanza; alguien puede pasar meses diciendo que está harto de su casa, mirar departamentos y fantasear con irse, pero cuando empieza a calcular el costo y la incertidumbre que implica abandonar lo conocido muchas veces termina quedándose donde estaba. Es, desde ya, la teoría con la que trabaja el oficialismo y no una certeza que pueda darse por descontada. Antes de comprobarla en las urnas, la Rosada tiene que resolver algo mucho más urgente: con qué reglas van a encarar un 2027 lleno de desafíos, aliados con precio propio, lealtades frágiles y turbulencias inesperadas capaces de cambiar de un día para otro el tablero que hoy todos creen tener bajo control.