De Altamira a El Altiplano: el balance a un año del golpe contra el huachicol fiscal que sacudió a la Marina
A un año del “golpe de timón” que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) han logrado detener a siete marinos presuntos integrantes de la red de huachicol fiscal que operó en las aduanas marítimas del país.
El caso se destapó en septiembre de 2025 con el aseguramiento del buquetanque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, cargado con 10 millones de litros de diésel de contrabando, y derivó en la desarticulación parcial de la organización conocida como Los Primos, que introdujo ilegalmente combustible desde Texas para evadir el pago de impuestos.
La red le ha costado a México más de 600 mil millones de pesos. El esquema operó en al menos cinco estados: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los presuntos cabecillas presos en El Altiplano
El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue el primero en caer. Las autoridades lo detuvieron el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca, y el Gabinete de Seguridad anunció su captura públicamente el 7 de septiembre, junto con otras 13 personas.
La FGR lo señala como el principal responsable de gestionar directamente nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas y la propia Semar para garantizar la impunidad de las operaciones. En el cateo de una bodega que arrendaba en la Ciudad de México se encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentación clasificada como reservada y armas sin registro, según informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos a Infobae.
Su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, tuvo una fuga más elaborada. Tras el destape del caso en septiembre de 2025, salió de México en diciembre de ese año con documentación apócrifa a nombre de Luis Lemus Ramos.
Fernando se desplazó por Guatemala, El Salvador, España, Colombia y Argentina, según registros migratorios integrados a la investigación. El 20 de marzo de 2026, una agencia de inteligencia estadounidense compartió datos sobre una persona que usaba ese nombre falso, lo que fortaleció la hipótesis de su paradero.
El 20 de abril de 2026, la ficha roja de Interpol fue actualizada con nuevos elementos biométricos, incluidas sus huellas dactilares. Tres días después, las autoridades argentinas lo localizaron y detuvieron en Buenos Aires.
Permaneció cuatro meses preso en Argentina y fue extraditado a México en la madrugada del 21 de agosto de 2026. A su llegada, una jueza lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y le dictó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya estaba recluido su hermano.
Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La ley mexicana sanciona esos delitos con penas de entre 20 y 40 años de prisión.
Los dos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La FGR no ha señalado a Ojeda Durán como imputado; el vínculo familiar es el único elemento documentado públicamente que los une.
Los otros cinco marinos detenidos: mandos medios que controlaban las aduanas
El capitán de navío Climaco Aldape Utrera coordinaba los cambios de personal en las aduanas controladas por la red. Su función era garantizar que los puestos clave permanecieran en manos de cómplices.
El también capitán de navío Humberto Enrique López Arellano se desempeñó como exdirector de aduanas marítimas. Desde esa posición, la red contaba con acceso directo a la operación portuaria.
Sergio Varela Morales ocupó el cargo de subdirector de vigilancia y control en la aduana de Tampico. Carlos de Jesús Estudillo Villalobos fungió como subdirector de operaciones, y Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez fue subadministrador de la aduana de Altamira.
Los cinco, junto con los hermanos Farías Laguna, suman los siete marinos detenidos que contabiliza la FGR al cumplirse un año del operativo. La Semar dio de baja definitiva a la mayoría
El Capitán Sol, el prófugo que burló una orden de aprehensión
El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol o Fantasma, es la pieza que la FGR y la Semar no han podido capturar. Operaba el tráfico de combustible desde Estados Unidos mediante buquetanques, reclutaba a integrantes de la organización, distribuía el dinero entre los cómplices y fungía como enlace directo con los hermanos Farías Laguna.
Las áreas de inteligencia naval intensificaron las labores de campo para ubicarlo, pero en agosto de 2026 el veracruzano logró que el juez Tercero de Distrito en Culiacán, Juan Aguilar Rodríguez, dejara sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El fallo se basó en fallas detectadas en el debido proceso.
El juez ordenó a la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Nancy Selene Hidalgo Pérez, emitir un nuevo fallo en audiencia oral con presencia de ambas partes. Mientras se resuelve si el mandamiento judicial se reactiva, Solano Ruiz permanece prófugo.
El Capitán Sol tiene contactos en la FGR, donde estuvo comisionado en la entonces Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), en tareas de inteligencia y análisis estratégico. Esa red de vínculos le ha permitido evadir los operativos en su contra.
El exsecretario Ojeda Durán, por su parte, fue declarado ilocalizable por la FGR luego de que la defensa de Fernando Farías Laguna lo requiriera para declarar en la audiencia de imputación. Su situación procesal no ha avanzado desde entonces.
Con 16 personas detenidas en total —12 de ellas exservidores públicos— y una afectación económica documentada de más de 340 millones de pesos solo por los primeros operativos, el caso del huachicol fiscal sigue abierto. La fiscal Godoy Ramos lo resumió ante Infobae: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
Infobae
