Arrastra TSJ anomalías por $143 millones

Chihuahua— La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) realizó 13 solicitudes de aclaración financieras, presupuestales y de obra pública al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y su Fondo Auxiliar, en el período comprendido de 2019 a 2024, de las cuales ocho no han sido solventadas, de acuerdo con un análisis efectuado por El Diario.
Dichas observaciones involucran el ejercicio presupuestal de 143 millones de pesos, y han dado pie a expedientes por falta grave en una obra del INFORAJ, así como 19 más de naturaleza no grave; las acciones de auditoría permitieron la recuperación de más de un millón de pesos por obras aclaradas.

Los expedientes abiertos por faltas no graves corresponden a tres en materia de cumplimiento financiero y 12 de obra pública en 2024; uno más en 2021 y tres en 2022.
A dicha cantidad deben sumarse 594.5 millones de pesos correspondientes a discrepancias en registros informáticos, cuentas por cobrar históricas y diferencias de inventario patrimonial que no han sido depuradas en los libros contables de la institución.

Observaciones no solventadas
La ASE determinó que el TSJ omitió enterar a la Secretaría de Hacienda 100 millones 621 mil 273 pesos correspondientes a recursos estatales del ejercicio 2023 que no fueron efectivamente devengados.
Dichos fondos fueron conservados en las cuentas bancarias institucionales al cierre del año sin haber recibido los bienes ni los servicios contratados, lo que contravino las disposiciones de disciplina presupuestaria e integró el expediente sancionatorio ASE-COI-I/PRAS-186/2026, promovido ante el Órgano Interno de Control (OIC).
A finales del ejercicio 2024, el TSJ emitió dos comprobantes fiscales digitales (CFDI) actuando simultáneamente como emisor y receptor por 41 millones 75 mil 512 pesos bajo el concepto de “recursos comprometidos de obra no devengados”.
La ASE identificó que esta transferencia de fondos hacia las cuentas del Fondo Auxiliar buscó evitar el subejercicio y la devolución del dinero no ejercido a la Secretaría de Hacienda, concluyendo que la facturación hacia sí mismo entre cuentas propias no constituye un devengo real ni una fuente de ingreso legal.
En materia de infraestructura, la ASE encontró irregularidad en la obra de ampliación del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ), adjudicada a Constructora Elías Martínez en convenio con Grupo Consultores y Constructores Asociados.
Tras revisar pagos autorizados por conceptos no ejecutados y equipos no instalados por un importe inicial de un millón 395 mil 162 pesos, persistió un monto no aclarado de 795 mil 692 pesos, derivando en la emisión de un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) por probable falta grave remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y una recomendación con vista al OIC.
Un esquema similar de sobrepagos fue detectado en los trabajos de edificación y restauración de la Ciudad Judicial del Distrito Hidalgo, en Parral, contratados con Infraestructura Global PABE y Constructora PEHEM.
La fiscalización identificó estimaciones cobradas con volúmenes mayores a los ejecutados por dos millones 947 mil 117 pesos, de los cuales la institución no logró desvirtuar un saldo no aclarado de 785 mil 249 pesos, dando pie a la apertura del expediente de sanción ASE-COI-I/PRAS-078/2026.
En la fiscalización a los servicios contratados por el TSJ, la ASE promovió el expediente de sanción ASE-COI-I/PRAS-188/2026 al constatar que fueron realizados pagos a favor de la empresa Fymacorp, S.A. de C.V. sin verificar que su personal contara con registro activo ante el Seguro Social.
En las revisiones aplicadas a tres meses del ejercicio 2024 fueron identificados hasta 27 afanadores prestando servicio en juzgados sin alta acreditada en el IMSS, contraviniendo las cláusulas contractuales para el trámite de facturas.
Al cierre de 2024, la ASE encontró que la cuenta de Almacén registró una diferencia no conciliada de 43 millones 288 mil 234 pesos entre el saldo de la balanza de comprobación (62.19 mdp) y el inventario físico (18.91 mdp), derivada de fallas en la migración informática del sistema PAI al sistema KORIMA.
A la par, las relaciones físicas de bienes muebles e inmuebles no concordaron con los estados financieros, reportándose discrepancias no conciliadas por 379 millones 879 mil 851.64 pesos en bienes inmuebles y 90 millones 614 mil 33 pesos en bienes muebles.
En el rubro de cuentas por cobrar, el Fondo Auxiliar mantuvo a 2024 un saldo acumulado pendiente de cancelar o depurar con la Secretaría de Hacienda por 160 millones 431 mil 44 pesos, originado en anticipos para mobiliario y bóvedas anteriores a 2021.
Asimismo, la cuenta de “Deudores por Oficinas” arrastra tres millones 342 mil 180 pesos con antigüedad mayor a 12 meses sin gestiones efectivas de cobro, mientras que en los pasivos persisten 90 millones 651 mil 988 pesos en certificados de depósito anteriores a 2011 sin desgregación individualizada en el Sistema de Valores I y diferencias de más de 160 millones de pesos entre los registros contables y el sistema de depósitos electrónicos SIDDE.

Observaciones solventadas
En las revisiones a la obra pública del ejercicio 2024, el TSJ logró solventar diversas observaciones al acreditar el reintegro en efectivo de pagos en exceso y la presentación de finiquitos.
Destaca la aclaración de la obra del Centro de Convivencias Familiares (Cecofam) en Ciudad Juárez por 937 mil 187 pesos, resuelta tras demostrarse la amortización total del anticipo y la presentación del finiquito de obra.
Asimismo, en la ampliación del estacionamiento de juzgados en el Distrito Judicial Galeana, la empresa contratista realizó el reintegro de 14 mil 45 pesos (más cuatro mil 494 pesos de intereses) por diferencias en precios unitarios y volúmenes mayores.
En los trabajos del sótano 2 del Centro de Justicia en Chihuahua fueron devueltos tres mil 789 pesos más mil 212 pesos de intereses; en el Tribunal Laboral fueron reintegrados mil 47 pesos por un tablero eléctrico; y en la barda perimetral del Archivo de Concentración en Juárez fueron depositados 33 mil 500 pesos con intereses por trabajos no ejecutados.
En el ámbito financiero del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, fue aclarada parcialmente la observación sobre cuentas bancarias sin soporte al comprobarse la cancelación formal de dos cuentas en HSBC por tres millones 615 mil pesos y el traspaso de sus fondos a la cuenta de Scotiabank.
Adicionalmente, en auditorías de ejercicios anteriores como 2019, la institución logró la cancelación de títulos de crédito prescritos con más de seis meses de antigüedad por un monto de cuatro millones 752 mil pesos mediante pólizas de corrección contable.
Respecto a las adquisiciones y contratación de servicios operativos de ejercicios previos (2021 y 2022), el Tribunal desvirtuó las observaciones preliminares al presentar actas de entrega-recepción definitivas, facturas selladas a conformidad y bitácoras de trabajo.
Entre los contratos que quedaron debidamente justificados figuran la renovación de licenciamientos e infraestructura informática Fortigate, el mantenimiento preventivo de elevadores y transformadores, la entrega de equipamiento tecnológico y la conciliación de movimientos bancarios en tránsito.

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