La impunidad del reyezuelo Ortega
En qué momento de su larga trayectoría, el mítico héroe de la izquierda internacional que lideró la guerrilla sandinista contra la brutal dictadura de Somoza, se convirtió él mismo en el déspota de Nicaragua? ¿Cuando transmutó Daniel Ortega en Anastasio Somoza?
Los síntomas fueron claros desde principios de los 2000, cuando no tuvo ningún complejo en aliarse con el corrupto presidente Arnoldo Alemán, para reformar la ley electoral que rebajaba el porcentaje en la primera vuelta, y asegurarse el retorno al poder, después de haber perdido las elecciones ante Violeta Chamorro. Y con el retorno a la presidencia en 2006, maniobró para eliminar de la Constitución la prohibición de poder reelegirse. Pero fue la matanza de 2018 la que rubricó con sangre su sello político. En aquellas revueltas populares contra la reforma de las pensiones que quería perpetrar el gobierno, Ortega dejó un reguero de 300 manifestantes asesinados por la policía y los paramilitares, y a partir de ese momento la violencia y la represión arreciaron hasta alcanzar la situación actual, convertiendo a Nicaragua en una de las dictaduras más impunes y atroces de Latinoamérica.
La rúbrica final la dio el pasado 19 de julio cuando en su discurso oficial en Managua para commemorar el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, directamente eliminó a la democracia: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder.” (...) “Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás”. Y dicho y hecho, el 24 de agosto el Parlamento canceló las elecciones municipales y el 1 de septiembre hizo lo propio con las generales, además de ampliar ad eternum el mandato de Ortega, y declarar Nicaragua totalmente ajena a las resoluciones internacionales, entre ella las que emita la OEA.
De un plumazo, pues, Ortega ha eliminado definitivamente los resquicios de apariencia democrática que ya eran, de facto, una absoluta falacia. Cabe recordar la persecución previa al proceso electoral, cuando ordenó detener a decenas de personas, desde políticos, hasta periodistas, empresarios y líderes cívicos. Entre ellos 7 precandidatos a la presidencia con opciones de éxito, como Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga. La mayoría fueron detenidos por “traición a la patria” y recluídos en situación de aislamiento en la temible cárcel El Chipote. Desde entonces, ha ilegalizado a todos los partidos y organizaciones opositores, ha clausurado a decenas de ONGs y medios de comunicación, ha expulsado del país y privado de nacionalidad a 452 nicaraguenses, a los que se les han confiscado los bienes, y ha dejado Nicaragua completamente vacía de oposición organizada. Al tiempo, arrecian las desapariciones forzosas y las muertes bajo custodia policial, además de estar documentados asesinatos contra opositores y militares críticos en otros países. El caso más impactante, el Roberto Samcam Ruíz, ex mayor del ejército de Nicaragua, asesinado con nuevo balazos a quemarropa en su residencia en San José, en Costa Rica, a manos de un sicario de Ortega.
En este contexto de régimen del terror, es especialmente significativa la persecución contra la Iglesia Católica, la única institución independiente con autoridad moral del país. Desde la matanza de 2018 han sido expulsados 309 religiosos, de los cuales 8 obispos, entre ellos el caso emblemático de Monseñor Rolando Alvarez, condenado sin juicio a 26 años de cárcel por “traición a la patria” y finalmente desterrado al Vaticano. También ha expulsado a decenas de congregaciones dedicadas a la ayuda social, como las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Todas las cuentas bancarias de las diócesis de Nicaragua han sido congeladas, y agentes de la polícia armados se presentan y graban los oficios religiosos. Para no dejar ningún resquicio, incluso han sido prohibidas las procesiones religosas.
El listado represivo es tan inconmensurable como ilimitada su impunidad, con un binomio de poder Ortega-Murillo que amenaza en convertirse en una dinastia dictatorial, como lo fue en su momento la de Somoza. En este contexto de destrucción sistemática de los derechos fundamentales en Nicaragua, resulta muy estridente la posición de Brasil y de México, los dos únicos salvavidas que le quedan al dictador Ortega. Como señaló Andrés Oppeheimer en un artículo reciente, ambos países han demostrado una hiriente hipocresía al abstenerse a la propuesta de la OEA, que exigía una reunión de cancilleres para tomar medidas respecto a la situación de Nicaragua. Brasil, excudándose en el “diálogo”, a pesar de que la OEA ha aprobado 20 resoluciones desde 2018 para exigir precisamente dialogo, y Nicaragua las ha ignorado todas. Y en el caso de México, justificandose para “no interferir en los asuntos internos de Nicaragua”, en línea con las excusas que ponía Sheinbaum respecto a las sanciones contra el régimen cubano. Lo cual, traducido, significa una evidente complicidad con la dictadura nicaragüense.
El régimen totalitario dinástico de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es peor del que fundó la dinastía Somoza, que estuvo 42 años en el poder. Pero camina en la misma dirección y con la misma filosofía: mantener a la población bajo la bota de una tiranía corrupta, represiva y asesina. Es evidente que Ortega se ha convertido en su némesis, y ambos protagonizan la historia más oscura de Nicaragua. La cuestión es si los países del entorno están dispuestos a permitir la consolidación de otra Cuba y otra Venezuela en el continente. De momento, Sheinbaum y Lula se lo piensan, quizás porque sus planteamientos ideológicos cada vez están más solos en el continente, perdida Venezuela y Colombia, y con Cuba a las puertas. Tanto hablar de derechos humanos y acaban siendo cómplices de un decrépito totalitario con aspiraciones de reyezuelo dinástico. Es lo que tiene la superioridad moral de algunos, que a veces quedan al descubierto.
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