La Corte Suprema asume investigación contra Jaime Andrés Beltrán por el caso de la chatarra
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El caso por la pérdida de elementos retirados del alumbrado público de Bucaramanga dio un nuevo giro luego de que la investigación que involucra al actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pasara a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El traslado del expediente está relacionado con el nuevo fuero constitucional de Beltrán, quien asumió como ministro del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Los hechos investigados, sin embargo, corresponden al periodo en el que se desempeñó como alcalde de Bucaramanga.
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La investigación busca establecer qué ocurrió con cerca de 60 toneladas de chatarra y unas 30.000 luminarias que fueron retiradas durante el proceso de modernización del sistema de alumbrado público de la capital de Santander.
La denuncia penal fue presentada en agosto de 2024 y señala, entre otros aspectos, un posible peculado por apropiación. Por ahora, el proceso continúa en etapa de indagación y el traslado a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema no constituye una decisión sobre la responsabilidad penal del ministro.
¿Por qué el caso de la chatarra llegó a la Corte Suprema?
La razón principal está en la condición actual de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Al asumir este cargo, el exalcalde de Bucaramanga adquirió un fuero constitucional que modificó la autoridad competente para conocer de la investigación penal.
Según explicó Rodrigo Parada, abogado de Beltrán, el proceso fue remitido a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema el 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y de sus ministros. El abogado señaló que, cuando una persona investigada adquiere la condición de aforada, el proceso debe ser trasladado a la unidad correspondiente.
La Fiscalía confirmó posteriormente que la noticia criminal fue asignada a ese despacho por la denuncia presentada contra Beltrán por el presunto delito de peculado por apropiación. El proceso estaba anteriormente en la Fiscalía Seccional de Santander.
Uno de los denunciantes, Emiro Arias, recibió el 15 de septiembre la notificación sobre el traslado del expediente. Arias había presentado la denuncia junto con Edgar Mauricio Díaz Millán y manifestó que esperaba que la investigación avanzara con celeridad.
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El abogado de Beltrán también precisó que el proceso permanece en indagación y que todavía no se han producido decisiones de fondo. Según su explicación, la defensa ha acompañado algunas de las actividades investigativas y ha presentado solicitudes para que el proceso avance.
De esta manera, la llegada del expediente a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema no significa que el ministro haya sido acusado ni condenado. Se trata de un cambio en el despacho encargado de adelantar la investigación debido a su actual condición de funcionario aforado.
¿Qué se investiga en el caso de las 30.000 luminarias?
El origen del proceso está relacionado con los elementos retirados durante la modernización del alumbrado público de Bucaramanga cuando Jaime Andrés Beltrán estaba al frente de la Alcaldía.
Entre los bienes mencionados en la investigación aparecen aproximadamente 30.000 luminarias, además de postes, reflectores, un transformador y otros elementos considerados como bienes en desuso. La denuncia busca establecer qué ocurrió con estos materiales y si se presentaron actuaciones que puedan generar responsabilidades penales.
De acuerdo con la información publicada por Vanguardia, los elementos estaban almacenados en dos bodegas de Bucaramanga: una ubicada en el sector de La Hormiga, cerca de la Puerta del Sol, y otra en el Colegio Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad.
El proceso también tiene un componente fiscal. La Contraloría de Bucaramanga abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Beltrán y otros funcionarios por la pérdida de luminarias y bienes relacionados con el alumbrado público.
Las cifras del presunto detrimento han cambiado durante el desarrollo de las actuaciones. Un primer informe había calculado las pérdidas en más de $21.000 millones, pero posteriormente la estimación aumentó a $46.626 millones, de acuerdo con la información citada por Vanguardia.
En esa valoración aparecen 760 postes, más de 27.000 luminarias, 431 reflectores y un transformador, entre otros elementos. La Contraloría tomó en cuenta documentación, bitácoras de ingreso a las bodegas y otros anexos para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.
La investigación penal, por su parte, deberá determinar qué ocurrió con los bienes y si los hechos denunciados configuran alguna conducta delictiva. La denuncia fue presentada el 2 de agosto de 2024, cuando Beltrán todavía ejercía como alcalde de Bucaramanga.
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Ahora el expediente comienza una nueva etapa bajo conocimiento de la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, precisamente por el fuero adquirido por Beltrán al llegar al Ministerio de Vivienda.
El traslado pone nuevamente el caso de las luminarias de Bucaramanga en el escenario nacional, mientras el ente investigador continúa recopilando elementos para establecer qué ocurrió con los bienes retirados del sistema de alumbrado público y si existen responsabilidades penales.
Por ahora, el proceso permanece en fase de indagación y será la Fiscalía, dentro de sus competencias, la encargada de determinar cuáles serán las siguientes actuaciones frente a los hechos denunciados.
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