La refinería Deer Park, propiedad de Pemex en Texas, contrabandeó más de un millón de litros de gasolina a través de la red de la huachicol fiscal entre México y EEUU vinculada a Ernesto Ruffo y a Ingemar, según investigación de la FGR
Las investigaciones ministeriales en torno a las redes de contrabando de combustibles en la frontera norte han dado un giro institucional inesperado.
De acuerdo con los expedientes judiciales y las órdenes de aprehensión integradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco del caso contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, la refinería Deer Park —propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Houston, Texas— suministró más de un millón de litros de gasolina que ingresaron al país sin el pago correspondiente de gravámenes aduanales.
El hallazgo documentado por el diario El País coloca a la principal empresa productora del Estado en el centro de una de las tramas de huachicol fiscal más grandes detectadas en los últimos años.
¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal y qué papel jugó la refinería Deer Park?
El expediente judicial detalla que una red de compañías comercializadoras y intermediarias se confabuló para aprovechar los permisos aduanales de empresas registradas, entre ellas Ingemar.
La mecánica consistió en introducir al territorio nacional —a través de las aduanas fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas— carrotanques cargados con petrolíferos cuyos volúmenes reales fueron severamente subdeclarados ante las autoridades fiscales.
Entre los proveedores extranjeros identificados en los registros ministeriales figura Deer Park Refining L.P., instalación adquirida en su totalidad por Pemex en 2022 con el propósito estratégico de fortalecer la seguridad energética nacional.
Peritajes realizados por la FGR sobre una decena de carrotanques procedentes de dicha planta texana determinaron que transportaban más de 1.030.000 litros de gasolina, una cantidad que superaba por un margen exponencial lo reportado oficialmente en los pedimentos aduanales.
¿Cuáles son las implicaciones legales para Ernesto Ruffo y la comercializadora Ingemar?
Ernesto Ruffo, quien fuera el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna del país y es señalado por las autoridades como accionista y figura clave de Ingemar, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (El Altiplano) desde su detención en julio de 2026. La FGR le imputa delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Frente a las acusaciones ministeriales, la defensa del exgobernador ha rechazado su participación directa en los ilícitos fiscales y ha señalado contradicciones en el manejo operativo de la petrolera estatal.
Argumentos difundidos por su entorno apuntan a que los cargamentos proceden directamente de una subsidiaria de Pemex, ironizando sobre la falta de control interno en las cadenas de suministro corporativo.
¿Qué fallas en la trazabilidad de Pemex y aduanas exhibe la investigación de la FGR?
La aparición de combustible proveniente de Deer Park en una causa penal por contrabando abre interrogantes críticas sobre los mecanismos de fiscalización y trazabilidad que operan tanto en las instalaciones de Pemex PMI Comercio Internacional como en las aduanas mexicanas.
Especialistas en materia energética e industrial apuntan que el hecho de que un producto salga de una refinería legítima no implica necesariamente la complicidad institucional de la planta, pero sí evidencia vacíos graves en el seguimiento de su destino final, la custodia del transporte ferroviario y la veracidad de la documentación comercial presentada por intermediarios privados.
¿Cómo impacta el contrabando de combustibles en la economía nacional y las finanzas públicas?
El fenómeno del huachicol fiscal difiere del robo tradicional de ductos al utilizar canales formales de comercio exterior y transporte de carga para evadir impuestos federales como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En el caso específico de esta red vinculada a Ingemar, la Fiscalía calcula un perjuicio inicial al erario superior a los 166 millones de pesos en impuestos eludidos, de los cuales una fracción corresponde a los embarques rastreados desde la refinería texana.
Esta práctica desangra los ingresos tributarios destinados al gasto público y genera una competencia desleal masiva frente a las estaciones de servicio que operan conforme a la legalidad.
¿De qué manera afecta esta red de contrabando a los consumidores y al mercado interno?
Para los ciudadanos y los automovilistas, la proliferación de redes de combustible ilegal distorsiona profundamente el mercado interno de energéticos.
Aunque los hidrocarburos introducidos mediante esquemas de evasión fiscal suelen comercializarse de manera irregular a precios reducidos en ciertos circuitos informales, sus consecuencias económicas repercuten de forma colectiva al mermar los recursos presupuestarios necesarios para la infraestructura, la salud y la seguridad pública.
Asimismo, la infiltración de redes de contrabando en cruces fronterizos estratégicos vulnera el Estado de derecho y debilita la confianza en los mercados de importación de combustibles en Norteamérica.
El desafío institucional para blindar el sector energético mexicano
La revelación de que activos internacionales de Pemex se vieron involucrados involuntaria o negligentemente en rutas de huachicol fiscal marca un punto de inflexión para la supervisión corporativa.
Más allá de los deslindes políticos y los procesos penales en curso contra los coacusados, el caso subraya la necesidad imperativa de endurecer los controles de auditoría transfronteriza, verificar de manera estricta los pedimentos aduanales y garantizar que la infraestructura energética del Estado mexicano no sea instrumentalizada por redes de contrabando comercial.
El Imparcial
