Terremoto en Colombia: ¿en qué se han gastado en gastado los recursos para la reconstrucción?

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La organización Transparencia por Colombia presentó el primer reporte de seguimiento a la inversión que ha hecho el Estado para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y cuyo epicentro fue San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

“La reconstrucción no debe evaluarse solo por la velocidad de ejecución de los recursos, sino también por la transparencia de las decisiones, la capacidad de rastrear los recursos, la participación de las comunidades y la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas”, señaló su director, Andrés Hernández.

¿Qué encontró la organización?

De acuerdo con el balance de Transparencia por Colombia, se logró identificar un total de 74 decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales afectadas, entre decretos, medidas administrativas y anuncios públicos. Además del Fondo Milagro, se pudo identificar que hay cinco fondos adicionales que también aportarán recursos para la recuperación y reconstrucción.

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¿Cómo avanza el Fondo Milagro?

El pasado 9 de septiembre se firmó el Decreto 1379 mediante el cual se formalizó la creación del Fondo Milagro que tiene como objetivo la administración de todos los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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Transparencia por Colombia indicó que se analizó su diseño y la posibilidad de que su administración, bajo un régimen de derecho privado, facilite una ejecución más ágil. Esta flexibilidad requiere garantías de transparencia como publicar la contratación en Secop, adicionalmente se puede asegurar la trazabilidad de los recursos, hacer públicos los criterios de priorización de proyectos y fortalecer los mecanismos de control y auditoría.

“Analizamos el diseño del Fondo Milagro, que se administrará bajo régimen de derecho privado. Esto le permitirá tener mayor flexibilidad en la gestión de los recursos, pero la experiencia indica que podría enfrentar riesgos de corrupción. Para evitarlos, el Fondo deberá garantizar la publicidad de toda la contratación que se realice con sus recursos, mediante la divulgación total a través de Secop”, señaló Hernández.  

¿Cómo va la contratación de la emergencia?

Entre el 11 de agosto y el 12 de septiembre, se identificaron 402 contratos en la plataforma Secop por un valor de $ 88.400 millones, suscritos por 102 entidades. Sin embargo, al tratarse de una información que corresponde a lo publicado y reportado en Secop no representa necesariamente la totalidad de los recursos destinados a la emergencia o la reconstrucción.

• 61 alcaldías concentran el 65 % de los contratos y el 45 % de los recursos correspondientes a cerca de $ 40.000 millones.

• El 57 % de los contratos se financia con recursos propios de las entidades.

• La contratación directa representa el 81 % de los contratos identificados y suma $ 76.300 millones.

• Los principales objetos contractuales son servicios profesionales y técnicos con un 25 %, evaluaciones técnicas post-sismo con un 24 % y ayuda humanitaria con el 13%.

El reporte, según la organización, identifica desafíos en materia de trazabilidad de los recursos, publicidad de la contratación, priorización objetiva de proyectos y beneficiarios, y control de los mecanismos excepcionales de contratación.

 “Esta cifra aún es muy lejana de los anuncios oficiales que hablan de billones de pesos. La mayoría de los contratos identificados han sido firmados por entidades territoriales por 40 mil millones de pesos. El 57 % de esos contratos se financian con recursos propios de las entidades, es decir, aún no vemos el uso de nuevas fuentes. El 81 % de los contratos se realizaron mediante modalidad de contratación directa por 76 mil millones de pesos”, explicó Hernández.

Sostuvo que esos contratos provienen de las gobernaciones de Antioquia, Caldas y Risaralda, es decir, sólo tres gobernaciones de los 16 departamentos afectados en todo el territorio nacional. Además, indicó que hasta ahora el Ministerio de Educación ha registrado contratación asociada a la emergencia y sólo se han publicado dos proyectos de inversión relacionados con esta situación, que todavía están en fase de estructuración y sin presupuestos.

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“En conclusión, si bien hay avances en el diseño de un marco institucional para atender la emergencia, hay desafíos relacionados con la trazabilidad de los recursos, la publicidad de la contratación, la definición de criterios objetivos para priorizar proyectos y beneficiarios y el control sobre el uso de mecanismos excepcionales de contratación”, señaló el director de Transparencia por Colombia.

Finalmente, señaló que la reconstrucción no debe evaluarse únicamente por la velocidad de ejecución de los recursos públicos, “sino también por la transparencia que acompaña las decisiones, la capacidad de rastrear los recursos, la participación de las comunidades y la efectividad de los mecanismos de control y de rendición de cuentas”.

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