Duterte aparece en la CPI mientras su defensa cuestiona su capacidad para ser juzgado

Imane Rachidi

La Haya, 16 sep (EFE).- El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este miércoles por primera vez en persona ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde su detención hace año y medio, en una audiencia en la que su defensa cuestionó su capacidad cognitiva para afrontar un juicio cuyo inicio está previsto para el 30 de noviembre.

Duterte, de 81 años, entró en la sala vestido con una chaqueta oscura y camisa blanca, sin corbata, y se sentó detrás de su equipo de abogados. Permaneció ahí durante toda la audiencia, de más de una hora, siguió las intervenciones con auriculares y no tomó la palabra en ningún momento, a excepción de un saludo con la mano hacia la galería cuando culminó la sesión.

La jueza Joanna Korner, presidenta de la sala, destacó al comienzo de la sesión que era "la primera vez" que el exmandatario comparecía físicamente ante el tribunal y le indicó que podía abandonar la sala "por cualquier motivo" sin necesidad de pedir permiso.

Esta comparecencia supone la primera aparición pública del expresidente desde marzo de 2025, puesto que cuando fue detenido en Manila y entregado a la CPI, confirmó su identidad a los jueces el 14 de marzo de ese año por videoconferencia y desde el centro de detención.

Desde entonces había renunciado a estar presente físicamente o participar por videoconferencia en las sucesivas audiencias del proceso.

La primera presencia de Duterte en la Corte se produce después de que su defensa haya insistido durante meses en que su "estado cognitivo" le impide participar de manera efectiva en el proceso.

En un escrito presentado este fin de semana, sus abogados sostienen que el exmandatario sufre un "deterioro significativo de la memoria" que le impide retener información reciente y recordar de manera fiable las cosas, unas limitaciones que, según la defensa, dificultan que comprenda los cargos, examine el enorme volumen de pruebas o dé instrucciones adecuadas a sus abogados.

Tres expertos designados por la CPI han examinado al exmandatario y, pese a identificar ciertos problemas cognitivos y de memoria, concluyeron que conserva las capacidades necesarias para participar significativamente en el juicio.

Sus abogados cuestionan esa conclusión y piden nuevas pruebas médicas para determinar si los resultados obtenidos pueden explicarse por una enfermedad neurológica.

Según la defensa, durante los exámenes, Duterte no recordó que los mismos especialistas ya lo habían evaluado unos diez meses antes, tuvo dificultades para situarse en el tiempo y el espacio, llegó a creer que vivía en 2007 o 2008 y se equivocó sobre su propia edad.

Por ello, han pedido a los jueces que ordenen exámenes médicos adicionales y que permitan a las partes interrogar, oralmente o por escrito, a los expertos.

La audiencia de este miércoles, destinada a revisar el estado del procedimiento y preparar los próximos pasos antes del juicio, también evidenció las diferencias entre la Fiscalía y la defensa sobre el volumen del expediente.

El abogado de Duterte, Peter Haynes, aseguró que el expediente supera los 62.000 documentos y cuestionó que la defensa pueda estudiar todo ese material antes del comienzo del juicio el 30 de noviembre.

Haynes denunció que se trata de "una cantidad enorme" que es "imposible" de leer y aseguró que "ese número de pruebas en la lista es sencillamente inmanejable", y que su equipo no tiene "ninguna posibilidad de leer" toda esa documentación antes de noviembre.

"Es un desastre. Si tuviera un cliente más joven y saludable, les pediría que aplazaran seis meses la fecha del juicio y que comenzaran de nuevo la comunicación de pruebas, pero no lo tengo", añadió.

La jueza Korner reprochó a la Fiscalía el "volcado masivo" de documentación y pidió a las partes que trabajen juntas para reducir y ordenar el expediente antes del juicio.

Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022 y antes alcalde de Davao, está siendo procesado ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña contra las drogas durante sus años en el poder local y nacional.

La orden de arresto emitida por la CPI en marzo de 2025 concluyó que existían "motivos razonables" para creer que Duterte era responsable como presunto coautor indirecto del crimen de lesa humanidad de asesinato cometido en Filipinas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

La acusación consideró que el presunto ataque contra la población civil fue "generalizado y sistemático" y se prolongó durante años, causando miles de muertes.

La CPI mantiene su jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos hasta el 16 de marzo de 2019, fecha en la que se hizo efectiva la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. EFE

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