Paquete económico: afianzar el estancamiento estabilizador

Fue el profesor Rolando Cordera quien acuñó el término de “estancamiento estabilizador” para definir a la fase de lento crecimiento con indicadores macroeconómicos nominales en orden, en la que México lleva décadas inmerso. Lo hizo para subrayar el contraste con el “desarrollo estabilizador”, que se extendió de los años cincuenta al inicio de los setenta del siglo pasado, cuando el país crecía a un ritmo de 6 por ciento anual, con baja inflación y estabilidad cambiaria.

El estancamiento económico actual impide, entre otras cosas, que se genere empleo suficiente para aprovechar el bono demográfico, que ofrece aún una veloz expansión de la población en edad de trabajar antes de que, en unos cuantos años, inicie su envejecimiento. El poco crecimiento también dificulta ampliar la recaudación y obliga a mantener muy bajos niveles de gasto (en educación, en salud, en protección ambiental) e inversión públicos (infraestructura de comunicaciones y transportes, dotación de electricidad y agua, equipamiento urbano, etcétera), lo que acentúa la semi parálisis de la actividad económica.

Escuelas mal dotadas e insuficientes; escasos hospitales, con poco equipamiento e insumos; un sistema carretero limitado y en deterioro; poco y deficiente transporte público; pobre infraestructura urbana son, entre otros, los saldos evidentes de un Estado que gasta poco y mal.

No crecer, en un país con las carencias sociales y productivas de México, es renunciar al desarrollo. Sin embargo, los criterios de política económica presentados por la Secretaría de Hacienda lejos están de pretender alterar la incercia del crecimiento mediocre.

La historia económica del capitalismo demuestra que para superar las fases recesivas es necesario aplicar políticas que rompan el círculo vicioso de escasa demanda, baja inversión y pobre generación de empleo, que llevan a una nueva ronda de atonía. Son indispensables la inversión y el gasto públicos al alza, que estimulen la producción y la demanda para que el sector privado pueda extender su actividad y crear nuevos puestos de trabajo.

Para 2027, los criterios perfilan un crecimiento de entre 1.5-2.5 por ciento del PIB, menor al que presentaron para 2026 (1.8-2.8 por ciento). Ello tendrá efectos negativos para el empleo: Hacienda señala que en el primer semestre de 2026 se dio un crecimiento anual de 1.1 por ciento, periodo en el cual, como informa INEGI, la población ocupada disminuyó en 84 mil personas. Es decir, el bajo crecimiento no sólo está obstruyendo la creación de empleo: destruye al existente, sobre todo el formal, pues la tasa de informalidad pasó de 54.8 a 55 por ciento.

El próximo año, la inversión física pública apenas recibirá la mitad de los recursos destinados a transferencias directas (más de un billón de pesos para programas sociales y 560 mil millones de pesos a inversión), lo que confirma una política que prioriza el rédito electoral de corto plazo antes que mejorar la capacidad de crecimiento para generar bienestar duradero.

Las cifras de los criterios muestran que la apuesta por el bajo crecimiento, lejos de ser coyuntural, se asume como una suerte de estado natural de las cosas que el propio gobierno induce: estima que la economía crecerá en un rango anual de 1.5-2.5 entre 2027 y 2032. Así, agotaremos el bono demográfico en bajo crecimiento.

Hacienda anuncia que la debilidad de ingresos públicos se acentuará: los ingresos presupuestarios pasarán de 23.2 por ciento del PIB en 2027 a 22.8 por ciento en los cinco años siguientes.

Por lo anterior, también seguirá a la baja la inversión pública: la inversión física irá de un escaso 2.6 por ciento del PIB en 2027 a 1.8 por ciento entre 2028 y 2030, para caer a 1.6 por ciento en 2031 y a 1.5 por ciento en 2032. La inversión pública y la privada no son excluyentes, sino complementarias, por lo que la caída de la primera desincentivará la segunda.

También se prevé una reducción del de por sí bajo nivel de gasto programable: caerá de 18.9 por ciento del PIB en 2027 a 18.1 por ciento en 2032. Y como el gasto en pensiones pasará de 4.7 a 5.1 por ciento del PIB , no puede sino colegirse una reducción con cargo al gasto en desarrollo económico, como viene ocurriendo.

Con esa política restrictiva, Hacienda promete controlar la deuda y el déficit. De nuevo, se sacrifican los objetivos –el crecimiento, el empleo– por las metas nominales macro. Más de lo mismo: la renuncia al desarrollo.