El Gobierno de Bolivia prevé activar el estado de sitio para contrarrestar los bloqueos de rutas

La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz podrá dictar un estado de sitio en todo el país, en regiones determinadas o en áreas específicas como medida adicional al estado de excepción que rige desde el 20 de junio, según explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La posibilidad figura en el decreto que el Ejecutivo aprobó el lunes, que extendió por otros 90 días el estado de excepción mientras persistan los factores de riesgo, según comunicó el funcionario a la agencia EFE. La norma deberá pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que cuenta con 72 horas para pronunciarse.

Gálvez señaló que el estado de sitio representa una medida de mayor alcance ante circunstancias excepcionales, entre ellas eventuales bloqueos de carreteras. “Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, afirmó. El vocero indicó que la decisión podrá aplicarse en función de los hechos. “A nivel nacional, en determinadas regiones o en áreas específicas”, sostuvo al describir el alcance territorial que podría tener la disposición.

Entre las herramientas previstas figura la imposición de un toque de queda, que impediría la circulación de personas en calles y espacios públicos durante horarios establecidos. Gálvez afirmó que el Ejecutivo también podría adoptar “otras medidas más para garantizar el bienestar de la población”.

La ampliación del estado de excepción recibió antes el respaldo de la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. El proyecto de resolución buscó anticiparse a anuncios de movilizaciones de algunos sectores sociales y preservar la “reactivación” económica del país.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Además, dejaron al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Morales afirmó el martes que la ampliación por 90 días del estado de excepción dispuesta por el Gobierno de Bolivia “solo servirá para reprimir al pueblo” y no solucionará la crisis económica del país. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuestionó la decisión del Ejecutivo a través de sus redes sociales. “Solo servirá para seguir reprimiendo al pueblo, mientras roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales”, escribió.

Morales sostuvo que la medida no tendrá efectos sobre los problemas económicos que señaló y afirmó que “de ninguna manera” permitirá resolver la crisis ni reducir “los precios de alimentos, combustibles”. En ese sentido, insistió en que el decreto no contribuirá a “frenar la corrupción”. Sus cuestionamientos se dirigieron contra el uso que, a su juicio, el Gobierno dio al estado de excepción: “El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles”.

En paralelo, cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción por 90 días que decretó la administración de Paz y contra el acuerdo de USD 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de las “cacerolas vacías”. La movilización apuntó contra las reformas económicas oficiales y contra la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron frente a la Casa Social del Maestro, situada a pocas cuadras de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y del Legislativo. La Policía custodió la zona, en el contexto del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, sostuvo que las políticas económicas de Paz “han afectado” a las familias. Entre las medidas que mencionó figuran el tipo de cambio flexible y el anuncio de un retiro progresivo de la subvención a los combustibles.

La dirigente también cuestionó el entendimiento con el FMI, que, según afirmó, incluye “imposiciones” orientadas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo rechazó, además, la prórroga del estado de excepción que el Gobierno decretó el lunes y que el Parlamento analizará el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)