El Gobierno prepara una ley de sometimiento para estructuras armadas ilegales sin estatus político ni excarcelaciones
El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de ley de sometimiento dirigido a las estructuras armadas ilegales que operan en el país, bajo un modelo de acogimiento voluntario al Estado de derecho que excluye negociaciones políticas, excarcelaciones para quienes ya están detenidos y rebajas de penas que puedan interpretarse como impunidad.
La iniciativa, que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prevé llevar al Congreso, está en construcción con la participación de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que el mecanismo fijará condiciones desde el Estado y no abrirá una mesa para discutir exigencias de las organizaciones ilegales.
El funcionario explicó que la propuesta se aplicará a las denominadas megaestructuras criminales y a integrantes de grupos armados que decidan abandonar las actividades ilegales. El Ejecutivo espera presentar en las próximas dos semanas una primera muestra del modelo, en medio de la revisión de procesos relacionados con estructuras como los Comandos de Frontera.
El sometimiento será una decisión unilateral frente a las condiciones del Estado
Cancino diferenció la futura ley de un proceso de paz o de una negociación política. Según indicó ante el Congreso, quienes ingresen al mecanismo deberán limitarse a aceptar las reglas definidas por las autoridades.
“Lo único que van a poder decir es: ‘me someto o no me someto’, y aceptar las consecuencias”, afirmó el jefe de cartera. La frase resume el enfoque que el Gobierno busca imprimirle a la norma: las condiciones no surgirán de acuerdos con las estructuras armadas, saldrán de un marco aprobado por el Legislativo y ajustado a la Constitución.
El proyecto contempla un trato diferenciado y penas alternativas para quienes se acojan, aunque el Ministerio de Justicia todavía no ha detallado las sanciones específicas. Cancino señaló que ese componente deberá respetar los tratados internacionales y los límites constitucionales.
El ministro también aclaró que no habrá negociaciones prolongadas ni rebajas desproporcionadas de las penas. Aseguró que el tratamiento especial tendrá como objetivo facilitar el tránsito a la legalidad, pero sin desconocer la responsabilidad penal de quienes hayan participado en actividades criminales.
En ese sentido, la propuesta contempla programas y medidas para las personas que, después de someterse, busquen mantenerse dentro de la legalidad. El Gobierno no precisó aún el contenido de esos planes ni los requisitos para acceder a ellos.
Las personas que ya están detenidas no accederán a excarcelaciones
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que no funcionará como una vía de liberación para personas que están presas. Cancino fue enfático al señalar que los detenidos deberán continuar bajo las condiciones judiciales ya establecidas.
“En general no habrá excarcelación por esta vía”, dijo el jefe de la cartera de Justicia. De acuerdo con su explicación, quienes estén en prisión deberán responder ante las autoridades judiciales dentro de los procesos que ya cursan o bajo las reglas que determine el nuevo esquema, sin que ello implique recuperar la libertad de forma automática.
Cancino sostuvo que el modelo busca separar a quienes decidan dejar las armas y las economías ilícitas de quienes opten por continuar en la ilegalidad.
Para este último grupo, el ministro anunció una política de “mano dura” contra quienes persistan en actividades criminales. El planteamiento combina la oferta de acogimiento para quienes se aparten de las organizaciones con acciones estatales contra las estructuras que mantengan su capacidad armada y financiera.
El Gobierno descarta reconocer a las estructuras como actores políticos
El proyecto tampoco otorgará reconocimiento político a las organizaciones que se acojan. Cancino afirmó que el poder de estas estructuras proviene del control de economías ilícitas y no de una condición política que habilite conversaciones de paz.
La política del Ejecutivo pondrá el foco en la minería ilegal, los cultivos ilícitos, las estaciones de gasolina usadas como fachada para adquirir insumos destinados a la producción de cocaína, el contrabando y el lavado de activos. El objetivo es afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y las redes criminales.
El jefe de la cartera también anticipó que la administración estudia clasificar a algunas de esas organizaciones como grupos terroristas. Aclaró que esa definición no busca desconocer las obligaciones del Estado frente al derecho internacional humanitario, pretende establecer una caracterización jurídica acorde con la naturaleza de cada estructura.
“No hay estatus político, no hay margen de propuestas”, señaló Cancino al referirse a la participación de los grupos armados en el diseño de la futura ley. Según explicó, las decisiones sobre el contenido del proyecto corresponderán al Congreso, los ministerios, la Presidencia y el Consejo Superior de Política Criminal.
La ley buscará reemplazar la lógica de la Paz Total
Cancino marcó distancia entre los compromisos derivados del acuerdo de paz firmado en un gobierno de Gustavo Petro y la política de Paz Total, que calificó como fallida. El Gobierno plantea una respuesta distinta frente a las organizaciones armadas, basada en el sometimiento.
El ministro aseguró que el Ejecutivo respetará las decisiones de la Corte Constitucional, las obligaciones con las víctimas y los compromisos asumidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Añadió que el Gobierno podrá formular críticas o promover reformas, sin desconocer lo establecido en materia constitucional e internacional.
Infobae
