
Las cárceles cubanas registraron en agosto de 2026 al menos nueve huelgas de hambre simultáneas y cinco muertes bajo custodia, según el reporte mensual de Cubalex, organización cubana de derechos humanos. Ese mismo mes, la organización identificó a la Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, como el establecimiento con mayor cantidad de hechos represivos del período.
El dato llega en el peor momento del sistema penitenciario cubano: Prisoners Defenders, ONG con sede en Madrid dedicada al monitoreo de presos políticos, contabilizó 1,339 presos políticos en la isla al cierre de agosto, con 463 de ellos afectados por patologías graves vinculadas a la desnutrición y los malos tratos. Es el registro más alto que la organización haya documentado desde las protestas del 11 de julio de 2021.
Más de la mitad de la población penal de Kilo 8 muestra señales de desnutrición, según Cubalex. El jefe del penal, Leonardo Suárez Reyes, fue señalado como responsable de acciones de intimidación contra quienes denuncian las condiciones internas.
Los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos acumularon siete incidentes represivos cada uno durante agosto. Marín Mora fue amenazado de muerte por un oficial, enviado a una celda de castigo y trasladado a Kilo 7. Ramos recibió amenazas similares en el mismo penal.
Para la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, las nueve huelgas simultáneas no son un fenómeno aislado: “Esto es directamente proporcional con la crisis del país: si se agrava el tema del acceso a la alimentación, el agua, servicios básicos, la situación dentro de las prisiones es peor. El sistema de quejas y reclamaciones que ha implementado el Estado no funciona”, dijo a Radio Martí.
Su advertencia fue directa: “A los reclusos lo único que les queda es su propio cuerpo como forma de protesta y llamar la atención. La intención no es la muerte, pero es una forma de presionar”.
Dos casos recientes ilustran lo que Cubalex describe como una secuencia sistemática: la autorización de libertad provisional llega cuando el estado del recluso ya es irreversible.

Ermis Bombu Moreira, de 52 años, falleció el 7 de mayo de 2026 en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto de Guantánamo tras un coma metabólico por inanición. Las autoridades le concedieron la licencia extrapenal días antes del fallecimiento.
Yan Carlos González González murió el 7 de julio de 2025 en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara luego de más de 40 días sin ingerir alimentos.
Cumplía una condena de 20 años por presuntos delitos de sabotaje en Villa Clara. Inició la huelga el 4 de abril de 2025, días después de conocer su sentencia, y como forma de protesta extrema también se cosió la boca y los ojos.
Su tío, Yoel González, describió a Radio Martí la confusión deliberada que rodeó la entrega del documento: “Cuando los médicos sabían que iba a morir, vinieron oficiales y me buscaron a mí para darme la extrapenal. Y como yo no tenía información de cómo estaba él dentro del hospital, como que me alegré porque era su libertad”, relató. Sobre la actitud de las autoridades fue directo: “Se perdió todo el mundo. Cuando me dieron la extrapenal lo dejaron botado”.
Cubalex documentó el caso del preso Alexander Figueroa Gutiérrez: dos funcionarios lo inmovilizaron durante una huelga de hambre, lo ataron a una cama y le introdujeron a la fuerza un pedazo de pan en la boca. Luego le tomaron fotografías para presentar la situación como si hubiera abandonado la protesta voluntariamente. Cuando el episodio trascendió, fue amenazado con una nueva causa penal.
El preso político Danisbel Labrada Morales, también en Kilo 8, inició una huelga el 4 de julio de 2026 tras ser trasladado a una celda de castigo. Tres días después fue encerrado en una celda tapiada: le retiraron la ropa y le negaron el agua potable para obligarlo a comer. Depuso la protesta el 8 de julio.
Entre 2022 y mayo de 2026, al menos ocho reclusos murieron en Cuba tras recurrir a la huelga de hambre, según el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Cubalex: Fidencio Pérez Diéguez, Andy Reyes Cruz, Roleivis León, Bárbaro Navarrete, Kevin Caraballo, Yan Carlos González González, Maikel Ponte Herrera y Ermis Bombu Moreira.
El médico Pedro Acuña, quien trabajó en la Prisión Especial Kilo 8, confirmó a Radio Martí que durante su etapa en el sistema penitenciario no existía un protocolo médico específico para atender a los reclusos en huelga. La atención se limitaba a controlar los signos vitales y solicitar la intervención de una psicóloga.

Los traslados a un hospital civil solo ocurrían cuando el estado era ya crítico.
Acuña fue enfático sobre la cadena de mando real: “El criterio médico era secundario. Lo que prevalecía era lo que decidieran las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado”.
Esa práctica contradice los estándares de la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial (WMA), el Manual de Salud en Prisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que coinciden en que las decisiones clínicas deben corresponder exclusivamente al personal sanitario, sin interferencias de la administración penitenciaria.
El periodista y expreso político Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado en 2024, describió a Radio Martí la lógica que lo llevó a recurrir varias veces a la huelga durante su encarcelamiento.

“La situación en Cuba es que no solo te llevan a prisión por hacer uso de tus inalienables derechos humanos, sino que también te someten a un brutal sistema de exterminio y represión una vez encarcelado”, afirmó.
Morales recurrió a la huelga para detener traslados forzados de celda, para exigir atención médica, para poder visitar a su hermana enferma de cáncer y para denunciar dos golpizas en la Prisión Guamajal, en Villa Clara. Su última huelga la inició cuando fue encarcelado nuevamente, apenas 45 días después de salir de prisión, por continuar ejerciendo el periodismo independiente.
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