Transformará juicio vs. Meta las redes sociales para siempre
De la misma forma en la que, desde el presente, calificamos como históricos los juicios seguidos en los años noventa en contra de las empresas tabacaleras y los fabricantes de asbesto, que obligaron a resarcimientos millonarios a víctimas de sus productos, así como a adoptar una serie de medidas para prevenir a los consumidores sobre sus efectos adversos, así será visto el juicio que, por vía de negociación, concluyó el pasado jueves en una corte de Oakland, California, en contra de Meta (propietaria de Instagram y Facebook).
Es claro que, a partir de la negociación celebrada, las redes sociales cambiarán para siempre.
En resumen, el acuerdo alcanzado entre Meta y el Gobierno de los Estados Unidos (coalición formada por 29 estados) establece que la compañía pagará una cifra cercana a los 18 mil millones de dólares, cifra que será utilizada en prevención, concientización y reparación de los daños causados a menores, asociados al empleo de los algoritmos de sus plataformas, que según la demanda causan adicción y provocan daños en la salud mental.
Como resultado del acuerdo, Meta deberá de manera inmediata implementar en Estados Unidos una serie de restricciones para menores de 18 años, limitando a un periodo máximo de dos horas de uso al día (solo modificable por el padre o tutor), bloqueo nocturno, limitar ver el número de “likes” recibidos, eliminación de cuentas de niños menores de 13 años y otras medidas parecidas.
A pesar de la evidencia exhibida en el juicio, al tratarse de un acuerdo, no fue posible lograr que la demandada expresamente aceptase haber actuado ilícitamente.
Sin embargo, la sensación que queda es que aceptar una solución de este tipo para Meta, sólo fue posible bajo la circunstancia de evitar los mayores males que una sentencia habría acarreado.
Se espera que, en efecto dominó, otras redes sociales como TikTok y YouTube adopten medidas equivalentes, buscando evitar entrar en la mira de los millones de usuarios que podrían emplear el mecanismo de la demanda colectiva para llevarlos a juicios de alto riesgo.
El tema, de manera inevitable, conduce a cuestionar el impacto que el asunto tendrá en otros países y en cuánto tiempo sucederá.
En el caso de México no se puede pronosticar una reacción próxima, teniendo en cuenta la laxitud de la legislación en esta materia y lo distraídos que estamos en asuntos de otra naturaleza.
Sin embargo, a la luz de este precedente, es claro que el daño a la población infantil continuará y poco o nada estaremos haciendo para impedirlo.
Guardar los celulares que los niños llevan a la escuela para que no los usen durante clase parece una medida inocua frente a la magnitud del problema.
Nuestra ley, es cierto, desde siempre contempla la llamada “responsabilidad objetiva”, que obliga a responder por los daños causados a todo aquel que manipula un mecanismo peligroso, por el solo hecho de hacerlo y aun no existiendo culpa o negligencia.
Las preguntas ahora son: ¿podemos definir los teléfonos inteligentes como mecanismos peligrosos? ¿Existirá a partir de este momento negligencia de parte de aquellas redes sociales que, conociendo los posibles daños a sus usuarios, no adopten medidas preventivas?
El otro cuestionamiento que me parece pertinente es que, haciendo la simetría con el caso del tabaco, si bien los menores son el blanco de la protección por su mayor nivel de vulnerabilidad, las sanciones no solo tomaron en cuenta los daños a la salud de los adultos, sino la negligencia en no haber informado preventivamente de los mismos.
¿Qué harán desde hoy las redes sociales? ¿Nos avisarán que son adictivas? ¿Renunciarán a que sus algoritmos sigan haciendo lo que hacen?
El Financiero
