Finanzas: corrupción con uniformes

• Hasta 2.14 millones de pesos fueron comprometidos por la Secretaría de Administración y Finanzas en un contrato de uniformes diseñado para ocultar el costo real por servidor público.

• Compró prendas sueltas bajo un esquema de máximos discrecionales que eleva el gasto sin hacerlo explícito y entregó el contrato a una empresa generalista, de capital reducido y sin especialización textil acreditada.

• Además, fue adjudicada a una empresa de objeto social amplio, capital reducido y sin especialización acreditada en confección textil.

Redacción/Sol Yucatán

La Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán comprometió hasta 2.14 millones de pesos en un contrato de uniformes diseñado como una bolsa flexible de gasto que impide saber cuántos servidores públicos fueron realmente vestidos y a qué costo final por persona.

La adquisición no solo elevó el precio real por uniforme mediante un esquema de prendas sueltas y máximos discrecionales, sino que además fue adjudicada a una empresa de objeto social amplio, capital reducido y sin especialización acreditada en confección textil.

El resultado es una compra pública opaca: precios unitarios que parecen moderados en el papel, pero que se disparan al integrarse en “uniformes completos”, bajo un contrato que diluye controles, dificulta la fiscalización y beneficia a un proveedor generalista más cercano a la figura de comercializadora que a la de fabricante especializado.

El contrato SAF/SA/D/LB/013/2025 fue presentado como un procedimiento administrativo ordinario para dotar de uniformes al personal de la Secretaría. En el documento, la autoridad no compra “uniformes completos”, sino prendas sueltas: playeras tipo polo, camisas ejecutivas de manga larga, camisas ejecutivas de manga corta y guayaberas tipo lino. Cada prenda tiene su propio precio unitario y rangos de cantidades mínimas y máximas. Esta estructura, lejos de ser neutra, es el corazón del problema.

Los precios unitarios establecidos son de 210 pesos por playera tipo polo, 315 pesos por camisa ejecutiva y 495 pesos por guayabera. Vistos de manera aislada, estos montos no parecen desproporcionados. Sin embargo, el contrato evita deliberadamente una definición clave: qué se considera un uniforme. Al fragmentar la compra, la Secretaría elude transparentar el costo real por servidor público y convierte el gasto en un ejercicio de acomodos internos que solo conoce la autoridad.

Cuando se traduce el monto máximo del contrato a uniformes completos, el panorama cambia. Si un uniforme mínimo se integra por una playera y una camisa, el costo por persona asciende a 525 pesos. Pero si se utiliza una definición más realista, que incluya dos camisas, una de manga larga y una de manga corta, además de la playera, el costo sube a 840 pesos por servidor público.

Y si se incorpora la guayabera, una prenda que el propio contrato describe como “tipo lino”, el uniforme completo alcanza un costo de mil 20 pesos. Con ese armado, el techo presupuestal solo alcanza para poco más de dos mil personas.

El problema no es solo el costo por kit, sino la arquitectura contractual que lo permite. El contrato fija cantidades máximas por prenda que, sumadas, rebasan el monto máximo global. En otras palabras, los máximos por renglón no pueden ejercerse todos al mismo tiempo.

Esto convierte el contrato en una bolsa elástica de gasto, donde la dependencia decide qué comprar y en qué proporción, siempre dentro del techo total, pero sin que exista un parámetro público que permita auditar el resultado final.

En la práctica, el ciudadano no puede saber cuántos uniformes completos se entregaron, a quiénes ni a qué costo promedio. La fiscalización se vuelve un rompecabezas técnico que favorece la discrecionalidad y dificulta cualquier evaluación de austeridad o eficiencia del gasto. El contrato no es ilegal, pero está diseñado para decir poco y permitir mucho.

Este diseño opaco se vuelve aún más problemático cuando se analiza al proveedor. La empresa beneficiada, Productos Integrados Prolisur, no es una firma especializada en la confección de uniformes. Su acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de Comercio de Mérida en 2011, revela un objeto social extraordinariamente amplio: comercialización de productos de limpieza, artículos higiénicos, accesorios para baño, equipo de seguridad industrial, servicios de limpieza, servicios de seguridad privada, transporte de mercancías y representación comercial, entre muchas otras actividades.

La fabricación o confección de ropa no aparece como actividad central ni prioritaria. Está diluida dentro de un catálogo genérico de bienes que la empresa puede vender a dependencias gubernamentales. Legalmente, esto es suficiente para contratar. Pero desde una perspectiva de racionalidad del gasto público, el dato es clave: el gobierno no contrató a un especialista textil, sino a una empresa todóloga, habilitada para vender prácticamente cualquier cosa.

A este perfil se suma otro elemento revelador. Prolisur fue constituida con un capital social mínimo de apenas 50 mil pesos, dividido entre dos socios que concentran el control de la empresa. Se trata de una estructura cerrada, de carácter familiar, sin consejo independiente ni mecanismos visibles de gobierno corporativo. Aun así, el Estado le confió un contrato que puede superar los 2.1 millones de pesos para vestir a su personal, sin exigir certificaciones externas de calidad, experiencia comprobable en producción textil a gran escala ni estándares verificables más allá de la autodescripción contenida en la propuesta técnica.

La calidad de las prendas, según el expediente, descansa casi por completo en lo que la propia empresa afirma sobre gramajes, telas y bordados. No hay referencias a certificaciones textiles, pruebas independientes o sellos de calidad.

El gobierno acepta la descripción del proveedor como garantía suficiente. En un contrato de esta naturaleza, esa confianza no es menor: se traduce en dinero público ejercido sin contrapesos técnicos sólidos.

Así, el sobrecosto no se encuentra necesariamente en una playera o una camisa individual, sino en el sistema completo. Un sistema que combina un proveedor generalista, un contrato elástico, un techo presupuestal amplio y la ausencia de una definición clara de “uniforme”. El resultado es un gasto que puede presentarse como razonable en el papel, pero que se vuelve elevado cuando se traduce en beneficios concretos.

Este tipo de contratación no es excepcional, pero sí reveladora. Muestra cómo la opacidad no siempre se construye con cláusulas ilegales, sino con silencios estratégicos y diseños administrativos que dificultan el escrutinio. Cuando no se define qué se compra en términos reales, tampoco se puede evaluar si el precio fue justo.

Al final, la pregunta clave sigue sin respuesta pública: ¿cuánto le costó realmente a la Secretaría vestir a cada uno de sus servidores públicos? El contrato no lo dice. Y en ese vacío, el gasto se estira hasta su máximo permitido, sin que nadie pueda afirmar con certeza si se trató de una compra razonable o de un lujo innecesario pagado con recursos públicos.

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