34 horas entre Washington y Palacio Nacional

Zaira Rosas / Rubén Rocha Moya necesitó apenas 34 horas para comprobar que volver al gobierno no era lo mismo que volver al poder. Después de 112 días de licencia, regresó a la gubernatura de Sinaloa y, poco más de un día después, volvió a separarse del cargo. Entre una decisión y otra hubo mucho más que una crisis política estatal: estuvieron Washington, Palacio Nacional y una pregunta que México lleva demasiado tiempo sin poder responder con claridad: ¿qué ocurre cuando las sospechas sobre el crimen organizado alcanzan al poder político?

El regreso de Rocha Moya resultó tan breve como revelador. Jurídicamente podía retomar sus funciones. Políticamente, la situación es más complicada, pues en Estados Unidos enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, lo que lo ha puesto en la mira de México y más allá de sus fronteras.

Rocha ha rechazado los señalamientos y, mientras no exista una resolución judicial, existe la presunción de inocencia. Sin embargo, gobernar exige algo más que no haber sido declarado culpable. Exige confianza, legitimidad y condiciones políticas para ejercer el cargo. Y ahí comienza el verdadero problema.

El caso Rocha no puede entenderse únicamente desde Sinaloa. Washington está presente porque las acusaciones provienen de fiscales estadounidenses y porque la relación bilateral atraviesa uno de sus temas más delicados para nuestro país: el combate al narcotráfico. México y Estados Unidos necesitan cooperar en inteligencia, seguridad fronteriza, tráfico de armas y persecución de organizaciones criminales, pero al mismo tiempo México debe defender su soberanía y evitar que otro país determine el destino político de sus funcionarios. Ese equilibrio es complicado.

Aunque no podemos aceptar en automático cada señalamiento de Estados Unidos, tampoco podemos levantar murallas que impidan cuestionar a quienes ejercen el poder, solo por tratarse de aliados del partido y ante esto aparece Palacio Nacional, cuya postura es fundamental para la percepción social.

Cuando Rocha decidió regresar, Claudia Sheinbaum dejó claro que no había sido una decisión acordada con ella. La presidenta calificó el retorno como una “decisión personal”, una expresión aparentemente sencilla pero políticamente contundente: Rocha podía volver porque legalmente tenía derecho a hacerlo, pero debía asumir personalmente el costo de esa decisión.

Después, el mensaje presidencial fue todavía más severo. Sheinbaum sostuvo que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación, y advirtió que el poder sin principios se convierte en arrogancia. Morena también se deslindó del regreso y distintas voces del partido pidieron al gobernador reconsiderar. Poco después, Rocha volvió a solicitar licencia.

La secuencia da un mensaje contundente, si regresar fue una decisión personal, irse nuevamente ocurrió después de comprobar que la decisión carecía del respaldo político. Las declaraciones de la presidenta fueron un mensaje de la distancia con el gobernador y ante los hechos el mismo partido que llevaba meses respaldando su resguardo, le ha dado la espalda.

Y si bien no es tarea de la opinión pública otorgar un veredicto de culpabilidad, pues para ello están las investigaciones, pruebas y tribunales, no podemos ignorar las consecuencias políticas de las acusaciones que rodean al funcionario público y mucho menos el tiempo que ha tardado en dar la cara, pues si bien declaró ante la Fiscalía de México, ha evadido a toda costa la justicia del país vecino.

Mientras tanto Washington no ha ejercido presión solo por tratarse de Rocha Moya, ha descrito mediante acusaciones judiciales, una presunta red que habría alcanzado varias áreas del gobierno sinaloense, de ahí que junto con el gobernador se hayan hecho señalamientos sobre otros nueve funcionarios entre los que destacan Finanzas, Seguridad Pública, la Policía y la alcaldía de Culiacán.

Entre los acusados, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Arizona en mayo, lo que ha generado especulación sobre la colaboración con el país vecino y a la vez aumenta la presión sobre la información de los posibles nexos criminales de México, considerando todos los hechos ¿realmente consideramos que los movimientos de Rocha Moya pueden seguir siendo una decisión personal? Es evidente que quiso ejercer poder y en pocas horas terminó atrapado entre México y la presión de Estados Unidos.