Sinaloa: el poder que se resiste a rendir cuentas

El regreso fugaz de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa —apenas treinta horas antes de solicitar, por segunda vez, una licencia indefinida— no fue un episodio anecdótico. Fue la exhibición pública de una crisis que Morena ha intentado administrar como un problema de comunicación cuando, en realidad, es un problema estructural de origen: la relación entre poder político y crimen organizado en un estado que en 2027 definirá gubernatura.

Una licencia que no resuelve nada

El Congreso de Sinaloa aprobó este 23 de agosto, por unanimidad, la segunda licencia indefinida de Rocha Moya, luego de que el gobernador intentara reincorporarse asegurando que la Fiscalía General de la República no había hallado «los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna». La reacción de su propio partido fue reveladora: la presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se deslindaron de la decisión, y este último llegó a exhortarlo públicamente a mantenerse separado del cargo mientras concluyen las investigaciones. Que un gobernador emanado de Morena sea desautorizado por su propio movimiento no es un gesto de autocrítica institucional: es la constatación de que el costo electoral de Rocha Moya ya superó su utilidad política.

El trasfondo judicial explica la magnitud del problema. El Departamento de Justicia estadounidense acusó en abril a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, señalándolos por presunta protección a operaciones de narcotráfico, tráfico de armas y sobornos. Dos de los señalados, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense y hoy figuran como piezas centrales de un expediente que, según reporta la prensa especializada, ha reorientado el trabajo de las fiscalías de Nueva York del combate directo a los cárteles hacia el desmantelamiento de redes de protección institucional y complicidad política en México.

El contraste que Morena no puede explicar

Aquí aparece la primera contradicción que el partido gobernante evita enfrentar de fondo: mientras funcionarios federales insisten en que los acusados deben ser juzgados en México y no acogerse a esquemas de colaboración en Estados Unidos —la senadora morenista Imelda Castro llegó a calificar esa práctica de «hipócrita»—, ningún proceso judicial mexicano ha producido, hasta ahora, resultados comparables en solidez probatoria a los expedientes neoyorquinos. La defensa de la soberanía jurisdiccional se convierte, en los hechos, en una defensa de la opacidad.

La segunda tensión es interna: la salida de Rocha Moya reabre una disputa de fondo dentro de Morena sobre qué pesa más, si la lealtad al proyecto de «la transformación» —invocada por el propio gobernador al justificar su resistencia a dejar el cargo— o el cálculo electoral de cara a 2027. Sinaloa no es un estado cualquiera para el partido guinda: es el epicentro de la narrativa sobre crimen organizado y política que Estados Unidos ha convertido en instrumento de presión bilateral.

La oposición, entre la oportunidad y la fragmentación

Del otro lado, el espacio que deja Morena está lejos de ser capitalizado con solidez. El PRI sinaloense impulsa abiertamente una alianza con PAN, Movimiento Ciudadano y el PAS, y el diputado Mario Zamora —quien perdió la gubernatura frente a Rocha Moya en 2021 en una elección que él mismo ha denunciado como marcada por amenazas e intimidación— encabeza esa construcción. Sin embargo, la dirigencia nacional del PAN, bajo Jorge Romero, ha optado por una estrategia de candidaturas ciudadanas sin coaliciones formales, lo que ha generado episodios contradictorios: la diputada priista Paola Gárate se registró en la plataforma panista sin renunciar a su militancia tricolor, mientras el PAN estatal declaraba públicamente que no contemplaba alianza alguna con el PRI. La oposición sinaloense, entonces, replica a menor escala la misma incapacidad de la clase política nacional para construir un frente coherente frente a Morena.

Lo que queda claro es que Sinaloa se ha convertido en el laboratorio donde se probará si la justicia estadounidense puede sustituir, de facto, la ausencia de mecanismos internos de rendición de cuentas, y si un partido que llegó al poder prometiendo romper con la vieja lógica de protección política puede sobrevivir electoralmente a la evidencia de que replicó sus patrones más profundos.

¿Puede Morena reclamar soberanía jurisdiccional mientras delega en fiscalías extranjeras la tarea de investigar a los suyos?